"Dentro de la ley, todo; fuera de la ley, nada". Este apotegma del general Juan Domingo Perón, enunciado en los momentos más dramáticos de nuestra historia, nos lleva a reflexionar sobre cómo debe responder el movimiento obrero a la ofensiva del plan económico que nos conduce indefectiblemente a la quiebra del sistema productivo nacional.
Sostiene el ministro Luis Caputo que “la reforma laboral es el punto central del plan económico”. Eso quiere decir claramente que los trabajadores somos quienes deberemos pagar una crisis que no hemos provocado. Igualmente los actuales y futuros jubilados, ya que los aportes previsionales serán imputados a un fondo para los despidos.
Observamos que las propuestas laborales originalmente impulsadas por decreto fueron rechazadas por la Justicia. Por ese motivo, ahora intentan desguazar nuestros derechos en el Congreso de la Nación. Ya acostumbrados, vemos cómo son los debates: se transa en efectivo, con tarjeta o en especies, nunca en cuotas, solo moneda constante y sonante. La corrupción política parece una epidemia que ha llegado demasiado lejos: a la vista de todos, se compran votos a cambio de nuestros derechos.
Ya no contamos con el liderazgo de Augusto Timoteo Vandor, que ordenó la toma de 11.000 establecimientos fabriles para imponer al gobierno fraudulento de Arturo Illia, el Salario Mínimo, Vital y Móvil por arriba de la línea de la pobreza y denunciar la inflación galopante que licuaba el salario. Ya no tenemos a Lorenzo Miguel ni a Saúl Ubaldini, que desde la clandestinidad organizaron las primeras movilizaciones y paros contra la dictadura cívico-militar más cruel que se tenga memoria. No están ellos, pero sí están miles de trabajadores, delegados y dirigentes conscientes de que llegamos al límite del abismo. Llegó el momento de barrer a quienes pisotean los derechos obreros burlándose del pueblo y de la Constitución Argentina.
Javier Milei, Luis Caputo, Federico Sturzenegger, Daniel Scioli, Mario Lugones, Patricia Bullrich y todo el Gabinete nacional tendrán que rendir cuentas. Los tendremos sentados en el banquillo, pero antes debemos detenerlos. Son enemigos del pueblo. Hay que salir a la calle. Están violando la Constitución Argentina, que sostiene el principio de progresividad y no regresividad de nuestros derechos: no se pueden quitar conquistas; solo se pueden agregar o mejorar con propuestas más benignas. Así lo dicta la Carta Magna.
Por otra parte, la misma Constitución habilita a lucha en su defensa y, en el artículo 36, establece el derecho a la "resistencia" ante quienes vulneren el orden institucional y sus enunciados. Así lo interpretaron las organizaciones del campo cuando salieron a las rutas a bloquear al país entero defendiendo sus intereses.
Por nuestro lado tenemos derechos constitucionales que jamás se cumplen y es hora de ponerlos en la agenda nacional: el derecho a una vivienda digna, la participación en las ganancias de las empresas, el control de la producción y una jubilación equivalente al salario del trabajador activo. Hoy estamos dos escalones por debajo de la línea de pobreza; es urgente revertir esta Argentina financiera donde la brecha social se ensancha.
Es imperativo comprender que los derechos del trabajador no son una mercancía negociable, sino un sistema de protección diseñado para equilibrar la desigualdad estructural entre el capital y trabajo. Al intentar desmantelar la ultraactividad de los convenios y facilitar el despido arbitrario, el actual Gobierno no solo ataca un bolsillo, sino que vulnera el principio de "justicia social" que el artículo 14 bis eleva a rango constitucional. La estabilidad del trabajo no es un privilegio de una "casta", sino garantía de la paz social frente a la voracidad del mercado.
La experiencia de la Central Obrera Boliviana (COB), demuestra que los trabajadores deben ser interlocutores ineludibles en cualquier reforma que se pretenda instrumentar. En Bolivia, la unidad obrera frenó el congelamiento salarial y la derogación de derechos constitucionales, recordándonos que la legalidad de un gobierno se mantiene solo mientras este respete la legitimidad de sus ciudadanos. Si el Poder Ejecutivo pretende gobernar de espaldas a la ley, el pueblo tiene el deber moral de recordarle que el poder emana de su voluntad.
La soberanía nacional está en juego cuando se pretende convertir a la Argentina en una factoría de servicios sin valor agregado, destruyendo la industria que la UOM supo forjar. Defender la Ley de Contrato de Trabajo es, en esencia, defender la patria. No hay nación posible sin industria, y no hay industria legítima que se sostenga sobre la miseria de sus trabajadores. La movilización no es un acto de sedición, sino un acto de defensa propia contra un modelo que considera al ser humano como un costo.
Como hemos visto, la Unión Obrera Metalúrgica no tuvo miedo de enfrentar a la dictadura militar genocida cuando el sistema de partidos la aplaudía. Tampoco dudó la UOM en realizar el primer paro a un gobierno peronista en defensa de sus derechos el 27 de junio de 1975, enfrentando y expulsando del gobierno al ministro José López Rega para exigir la homologación de los convenios colectivos de trabajo.
Siempre fue en la calle. El 17 de octubre de 1945 es la fecha justa donde comenzó esta historia: la multitud impuso un modelo distinto de país donde los trabajadores dictarían las leyes. Las grandes luchas obreras fueron para imponer un orden social más justo, desde la abolición de la esclavitud hasta la jornada de ocho horas, todo fue para mejor.
Llegó la hora de salir a la calle a defender las conquistas del movimiento obrero y del pueblo argentino.
* Secretario General adjunto de la UOM, Unión Obrera Metalúrgica Seccional Capital
