El sistema de cuidados en la Argentina no atraviesa solo un bache coyuntural: vive una crisis estructural que redefine el sentido mismo de la igualdad y de la ciudadanía social. Los datos son elocuentes: el 85% de los hogares con un mayor a cargo está encabezado por mujeres; el trabajo doméstico y de cuidados no remunerado equivale al 16% del PBI; y en 2024 los programas de jardines de infantes y centros de desarrollo infantil sufrieron recortes interanuales de entre 82,6% y 99,5%. No se trata de un asunto “privado”: es una emergencia pública.
El reciente triple femicidio lo demuestra de forma brutal: adolescentes y jóvenes que deberían estar en la escuela son empujadas a un mercado de trabajo que no las aloja, porque la desocupación tiene primero cara juvenil y luego cara de mujer joven. La entrada en redes de prostitución o en ámbitos de criminalidad también para los varones adolescentes y jóvenes no puede desligarse de la ruptura de lazos familiares y comunitarios, ni de un Estado que se corre.
El seminario “Doble abandono: cuidados y juventudes. La corresponsabilidad del Estado, la comunidad y las familias” –organizado por Fundación SES y CEPA– puso orden a un diagnóstico que muchas organizaciones ya advierten: el abandono del progenitor que no cumple y el abandono del Estado que no llega se potencian entre sí. La jefatura femenina de los hogares de crianza se traduce en peor inserción laboral, más abandono escolar, mayor carga de tareas y más deuda.
En la conversación, Julia Rigueiro (CEPA) subrayó el retroceso presupuestario y normativo en políticas que empezaban a cerrar brechas (pensiones no contributivas, moratoria previsional, programas como Registradas o Potenciar Trabajo, hoy prácticamente desactivados) y la contracción drástica de la infraestructura de cuidados. Eva Sacco y Moira Goldenhorn (Fundación SES y Las que Cuentan) aportaron cifras contundentes del doble abandono: apenas un 10% de los hogares monomarentales recibe simultáneamente cuota alimentaria y AUH; un 25% solo cuota; un 27,3% solo AUH; y un 36,8% no recibe ninguna de las dos. Marisa Fournier (UNGS) enfatizó la urgencia de reconocer y profesionalizar a las trabajadoras comunitarias, cuya autogestión ha sostenido barrios enteros sin ser reconocida como trabajo.
Estos datos describen algo más que un problema de ingresos: revelan una economía del tiempo y una carga mental que las estadísticas oficiales no miden. La canasta de pobreza no incorpora el costo del cuidado ni las horas invisibles que garantizan lo esencial: que niñas y niños coman, duerman, aprendan, se vacunen, vayan a la escuela. Cuando ese trabajo se realiza en soledad, el horizonte de las juventudes se encoge: estudiar, buscar empleo o practicar deporte se vuelven un lujo.
Del seminario surgió un paquete de propuestas claras, medibles y factibles para salir del terreno retórico: un Fondo Nacional de Garantía Alimentaria que adelante la cuota mínima fijada por la Justicia y persiga luego al deudor con herramientas tributarias; un sistema bancario y registral que impida la simulación de insolvencia; un Sistema Nacional de Cuidados con reposición y ampliación de jardines bajo estándares de calidad; licencias parentales igualitarias y corresponsables; y el reconocimiento del cuidado comunitario con profesionalización, salario y seguridad social. Sin olvidar un punto crítico: la salud mental de quienes cuidan.
Es necesario abordar la problemática en su triple dimensión: el cuidado como trabajo, como derecho y como ética. El derecho a cuidar y el derecho a ser cuidado no pueden seguir dependiendo de la suerte, del bolsillo o del sacrificio silencioso de las mujeres.
*Fundación SES.
