Aunque parezca que no tienen conexión alguna, dos de los casos judiciales que hoy más resuenan en los medios se relacionan entre sí.
La denuncia de la actriz Thelma Fardín a su colega Juan Darthés y el asesinato del niño de 5 años Lucio Dupuy en La Pampa, por el que están detenidas su madre Magdalena Espósito Valiente y su pareja Abigail Páez, muestran cómo muchas veces la Justicia y la sociedad adoptan una actitud “matriarcal”, priorizando al sexo femenino y vulnerando los derechos y garantías constitucionales de los hombres. Así, en muchos tribunales, lejos de combatirla, se terminan replicando los mismos métodos que en la “Justicia patriarcal”, pero a la inversa.
En el caso de Lucio, su tía paterna tuvo que arribar a un acuerdo judicial con la madre del nene, agotada de la presión constante que ejercía esta última para quedarse con la tenencia del menor. Según los trascendidos toda la familia paterna fue sometida a amenazas de denuncias falsas y solicitud de dinero para que puedan acceder a un mínimo contacto con el niño, además de otros conflictos de los que fueron víctimas.
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La Justicia, luego de otorgarle el cuidado personal a la mamá (la tenencia como se la llamaba antiguamente), se desentendió y nunca hizo un seguimiento de las condiciones en las que se encontraba el niño, a pesar de que la autopsia reveló que hay heridas de vieja data, como mordeduras y quemaduras de cigarrillos, hasta signos de abuso sexual.
Es decir que no funcionaron los resortes institucionales a tiempo para detectar las graves vejaciones sufridas y evitar el fatídico desenlace.
Eso pudo darse en un contexto donde la Justicia sigue priorizando que los menores vivan con sus madres, a pesar de todo. Opera casi de pleno derecho para las mujeres esta opción, salvo en casos muy excepcionales. Como si por el sólo hecho de ser mujer eso garantizara que no le harían daño a su propio hijo.
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Es decir, en el sistema de familia y en el penal también, el sexo femenino está en mejores condiciones de obtener medidas y de impedir incluso el contacto con el progenitor no conviviente. De ahí, que muchas se valen de denuncias falsas o acusaciones de todo tipo para obstaculizar el contacto del niño con el padre.
Aparentemente, en esta ocasión, el padre del menor no estaba en condiciones de cuidarlo, ya que trabajaba lejos de la zona de residencia del menor, en la localidad bonaerense de Luján. Pero sí tenía permanente contacto con él mientras estaba al cuidado de su hermana.
En el caso de Thelma Fardín y Juan Darthés, la denuncia pública resultó un escrache y la aniquilación de los derechos civiles del acusado, que terminó en su destierro. Y principalmente la violación de las garantías constitucionales, con vigencia internacional, de presunción de inocencia. Tanto como el debido proceso y el derecho de defensa en juicio, además de la tan aplicable igualdad ante la ley.
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Sin embargo, lo cierto es que la gran mayoría de la gente ya consideró que Darthés era culpable, y cuando la condena social llega ya no hay marcha atrás. El actor, sin una sentencia, se vio obstruido totalmente de realizar su actividad laboral, en lo que se conoce como la “cultura de la cancelación”.
Thelma declaró públicamente los hechos, mediatizó el caso, sindicó al autor y lo condenó. Ni ella, ni los que forman parte del movimiento feminista, toleran que alguien ponga en tela de juicio la veracidad de su testimonio. Si ella lo dice es porque fue así, no hay por qué dudarlo.
Entonces, accionan para que la Justicia condene al acusado con la sola palabra de Thelma como dogma indiscutible, sin importar los aportes que haya de uno y otro lado. El destino de ese proceso, que se sigue en Brasil, dependerá de lo imparcial que pueda ser el juez al analizar las pruebas arrimadas por las partes.
Teniendo en cuenta que la denuncia se realizó 10 años después de los hechos, y esas pruebas se reunieron luego de la acusación, todos los testimonios rendidos en el juicio deberían ser críticamente analizados. No vaya a ser cosa que declaren para favorecer la posición de una de las partes, debido a la presión social, sin rigor de verdad.
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En definitiva, corremos los mismos riesgos en ambos casos analizados. Si caemos en el facilismo de creerle a la mujer, por el sólo hecho de serlo, presumiendo que ellas nunca mienten, en el caso Darthés, o pensando que no van a hacerle daño a un menor, simplemente por ser madres, en lo sucedido con Lucio.
Este accionar se fundamenta en que ancestralmente las mujeres fueron víctimas de lo que denominan un sistema patriarcal, que sin duda hay que derrocar e instaurar un sistema que procure romper con la desigualdad al estar alerta de cualquier situación de dominio y de poder que pueda ejercer alguien (mujer-hombre) sobre otro ser (mujeres-hombres-niños). Pero si se presume y no se analiza cada caso en particular, a la luz de lo que establece la Constitución Nacional, existe el grave riesgo de que la palabra injusticia sea la regla y no la excepción.
* Déborah Huczek. Abogada especialista en Derecho Penal. Master internacional en Litigación Oral.
