1: Algunas nociones sobre derechos humanos:
Con ese enunciado -el genocidio silencioso del hambre-, Asbjorn Eide, reconocido experto en derechos humanos de la ONU, señalado como autor intelectual del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU (1966/76), investigó el número de muertes que provocaba el hambre, por la falta de posibilidad de acceso a los alimentos adecuados y al agua potable. El resultado fue escalofriante, cada bienio mueren más personas en el mundo que todas las víctimas de la Segunda Guerra Mundial (50 millones de personas). Pero esas muertes son aceptadas como muertes “naturales”, ignorando los condicionamientos sociales que llevan a la privación de vida, de vida digna.
A partir de esa constatación, objetiva y empírica Eide formula su concepción que los derechos económicos, sociales y culturales -hoy deben agregarse los ambientales-, configuran una obligación de resultado; esto es, que los Estados que incorporan y reconocen estos derechos adquieren una obligación de resultado. Si está en la norma de derechos humanos debe estar también en la vida material y cotidiana de toda persona, porque la finalidad del derecho es la de realizarse, no el permanecer en un mundo ideal y en el que la norma de derecho resulte ajena a su efectividad. Los derechos humanos no pueden limitarse o convertirse en monsergas morales o discursos políticos; tienen que realizarse, y esa realización efectiva, de la que el Estado es garante final, debe darse en la dimensión del universal, “todos” o “para todos”, como lo preconizan los textos de derechos humanos. En esa realización y efectividad de los derechos debe comprometerse toda política de derechos humanos. Estar desposeído de los derechos e impedido de su acceso por las condiciones de existencia social de las personas configura, en nuestro criterio, una antijuricidad objetiva, que debe ser resuelta con recurso y a través del conjunto de las relaciones sociales, particularmente, y en última instancia, las jurídicas.
El hambre mundial empeora tras subir 25% antes de la guerra en Ucrania
2: De las condiciones de existencia social de la humanidad:
La distribución de la riqueza es altamente desigual en la macroestructura internacional y en el interior de las naciones. La formulación y receptación de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales tropieza con esa estructura de la desigualdad. Tanto las pandemias como la actual situación de conflicto bélico (Rusia Vs. Ucrania, OTAN y EEUU; a las que se suma la amenaza de otro escenario de confrontación: (China Vs EEUU, Japón y Corea del Sur), han producido una creciente carencia en el acceso a las diversas formas de la provisión energética y de los alimentos, al igual que un proceso inflacionario mundial.
De resultas de esta macroestructura de la desigualdad y de la contingencia de lo inesperado, imprevisible o irresoluble, la amenaza del hambre y de escasez energética azota al mundo entero y, por supuesto, con mayor gravedad a los países periféricos o emergentes, o simplemente pobres y atrasados.
La amenaza desnuda que el sistema mundial produce, distribuye, intercambia y consume a la energía y los alimentos como mercancías, no como derechos humanos. Por tanto, que se accede, a los alimentos y al uso de la energía, por la capacidad económica de las personas y no por su necesidad. La regla consuetudinaria internacional que se va gestando, se enuncia como “´sálvese quien pueda”, o “help yourself”. Y muchos -hay que decirlo- baten palmas por esta situación, porque les permite mantener y acrecer su industria armamental y multiplicar sus ganancias…aunque sea a costa de estallar el Planeta Tierra.
El hambre en América Latina llega a su nivel más alto en 20 años
3: Nuestro aquí y ahora:
La Nación Argentina está dotada para la producción alimentaria y energética, y posee abundancia de agua potable. Pero la pobreza, el hambre y la imposibilidad de acceso al agua potable azotan a un 50% de su población, y la mayoría de ellos son niñas y niños. Es tan terrorífico como incomprensible.
Algo hay que hacer; pero qué. No podemos quedarnos en el repertorio clásico del fracaso y el desaliento: “no se supo, no se quiso, no se pudo”.
4: Aportes para el qué hacer:
Partimos de dos premisas. La primera de ellas, objetiva, vinculante y obligatoria, está contenida en los arts. 1.2: de los Pactos Internacionales de la ONU, que proclaman al unísono el derecho de libre o autodeterminación de los pueblos, su derecho a la independencia económica, y lo que es más relevante para este ensayo, la titularidad de los pueblos sobre las riquezas y recursos naturales existentes en su territorio. La norma inviste jerarquía de cláusula constitucional (art. 75, inc. 22º, C.N.) y, como dijéramos, es imperativa y vinculante para las 194 naciones que integran la ONU.
Esa titularidad jurídica es la que debe implementarse por disposiciones internas que adopten los Estados. En nuestro país, hay un principio establecido en el art. 1º del Código Civil y Comercial de la Nación, que sujeta todo derecho regulado por ese cuerpo normativo a la observancia de la supremacía constitucional y de los tratados internacionales de derechos humanos.
Por tanto, que las riquezas y recursos naturales deben atender a resolver la energía, los alimentos y el agua potable que necesita, en la dimensión del universal (todos; para todos), el pueblo argentino.
¿Cómo se resuelve el acceso en la dimensión del universal? La única respuesta posible debe darse examinando las invariantes que componen todo ciclo de producción; es decir, producción propiamente dicha; distribución; intercambio y consumo.
No puede caber razonable duda sobre que en la Nación Argentina hay insuficiencia en la producción no obstante la variedad de riquezas y recursos naturales que convierten al país en territorio de privilegio. Entonces, que hay que diversificar la producción incorporando las fuerzas productivas hoy ociosas. La obra pública es un buen comienzo, pero no el único. Se le debe sumar la producción cooperativa o comunitaria, la agricultura familiar y el empleo de todas las tierras aptas que posean los Estados, nacional, provincial y local. La convocatoria y movilización de esta fuerza productiva debe realizarse y retribuirse con la moneda nacional que expresará la equivalencia material con los bienes y servicios que se vuelquen en la sociedad.
La distribución es la variable fundamental en el plan que proponemos. La riqueza configurada por los bienes y los servicios debe ser no sólo incrementada, sino motorizada por la moneda nacional, única con esa capacidad, por un sistema bancario con fuerte injerencia y directriz del Estado, a cargo del Banco Central de la República Argentina, conforme se faculta por el art. 75, incs. 6 y 11 de la C.N. Trabajemos con lo que tenemos y podemos disponer, como enseñaron economistas insignes, como Keynes, Ferrer y todos los integrantes del Plan Fénix.
En esa distribución hay un factor esencial, que es la política tributaria. Debe potenciarse lo que sea gravar la riqueza y retirar progresivamente los impuestos al consumo.
Para posibilitar la redistribución hay que repatriar los capitales fugados; da vergüenza que nuestro país ranquee en el podio de los mayores fugadores de capitales hacia y en beneficio de las guaridas fiscales que regentean, para financiar los principales crímenes que padece la humanidad toda (guerras, carrera armamentista, trata y explotación de personas, narcotráfico).
El hambre y el “rajá nene que molestás”
Ante la necesidad y lo imprevisible (pandemias, guerras, cambio climático), hay que disponer lo excepcional y legítimo: el pronto recupero de los capitales fugados. Todo el orden jurídico debe ser empleado en esta dirección.
El Estado debe tener políticas regulatorias para favorecer el intercambio de bienes y servicios. Restablecer la red ferroviaria y las políticas y controles en las rutas, vías navegables, puertos y armado de naves, son factores esenciales para asegurar que los bienes y servicios que se producen con insumo de nuestras riquezas y recursos naturales, deriven, primordialmente, en la satisfacción de las necesidades de los sectores más vulnerables, al menor costo nacional posible.
Se exportarán las mercancías cuando -primero- se hayan satisfecho las necesidades del pueblo argentino. Y no se puede ser mezquino en llevar adelante estas políticas. Se exportará aquello que quede liberado tras el consumo interno de bienes y servicios, y ese consumo es el que atienda, no a la cuantía actual, sino a la que incluya a todos los desposeídos.
Hagamos mérito de las recomendaciones de los organismos de tutela y promoción de los derechos humanos. Tengamos presente que formamos parte de un sistema internacional y regional cuyos órganos, previstos en los respectivos protocolos, internacional y regional, vienen pregonando una mejor distribución de la riqueza.
Casi 100 mil pesos para no ser pobre
Estos organismos internacionales preconizan la aplicación de contribuciones extraordinarias sobre la riqueza -la riqueza insultante, cabría decir-, por todo el tiempo que insuma conjurar la excepcionalidad que atravesamos. Cabe insistir, una vez más, en prestar atención y cumplimentar las recomendaciones contenidas en la Res. 1/2020 de la CIDH.
Debe resolverse una política no sólo declamatoria, “no pagaremos sobre el hambre de nuestro pueblo”, sino aplicando rigurosamente el control de validez de la deuda externa argentina. Debemos ser el único país del mundo que se esfuerza por pagar una deuda externa que, a la vez, se está denunciando como ilegítima y ser una estafa, lo que se está evidenciando en sede judicial, como lo fuimos señalando, con denuncias judiciales, en los años 2016, 17 y 18, que es cuando fueron contraídas. Ese pago que, además, da una esperanza a los estafadores que no serán alcanzados por una sanción penal, ni responder con sus patrimonios por la estafa al pueblo argentino.
Las luces de alarma mundial están encendidas; no nos conformemos, si es que hay un después, con encogernos de hombros y repetir: no se supo, no se quiso, no se pudo.
Que la fiesta patria, que vivimos este 25 de mayo de 2022, sea la antorcha que ilumine un camino de soberanía política, independencia económica y justicia social.
