Ser abogado implica un gran compromiso social. A través de la defensa de una persona se pueden modificar muchos aspectos de la realidad individual, pero a la vez contribuir a vivir en una sociedad mejor.
Es necesario resaltar que el rol de la abogacía en nuestra sociedad constituye una herramienta fundamental para la satisfacción de los derechos de las personas, en tanto puente de acceso a la justicia y acompañamiento para cada ciudadano.
Asimismo, desde el punto de vista institucional tenemos un rol fundamental especialmente a través del control sobre el funcionamiento del Poder Judicial, pilar esencial del Estado de Derecho.
Sin dudas, la mayor satisfacción que nuestra profesión nos depara consiste en reparar una injusticia y mejorarle la vida a una persona o una familia. Pero en la actualidad ello solo es integralmente posible si se garantizan tres condiciones: la modernización del sistema judicial, la generación de un marco de regulación salarial y la disminución de las arbitrariedades a las que, de manera recurrente estamos expuestos.
Las estructuras burocráticas y la lentitud de la justicia para resolver, implican esfuerzos cotidianos adicionales que afectan la eficiencia económica en el ejercicio profesional, encarecen costos y dificultan la solución de los conflictos. Por ello, la modernización progresiva del sistema judicial debe ser prioritaria e inmediata.
Por otra parte, es necesario generar un marco de regulación salarial que encuadre a los abogados y las abogadas en un convenio propio, que se corresponda con las características particulares de nuestra actividad, permita reconocer y jerarquizar la labor que desempeñamos.
En tercer lugar, debemos utilizar todas las herramientas posibles para defender a la abogacía de las injusticias y arbitrariedades re-producidas por el Poder Judicial.
Como consecuencia, la carga temporal injustificada y las energías adicionales desplegadas de forma cotidiana, afectan gravemente no sólo nuestra labor sino –lo que es peor- la atención que todo ciudadano merece.
Muchas veces los abogados delegamos representación en actores vinculados con la política partidaria, lo que tiene consecuencias negativas directas en la desatención de nuestras demandas profesionales.
En este sentido, es importante ocupar los lugares institucionales en los órganos correspondientes, en pos de terminar con los maltratos a los que nos somete reiteradamente el sistema, degradando nuestra condición de trabajadores de la Justicia (con mayúscula).
Con el objetivo puesto en revitalizar el rol social de la abogacía, debemos trabajar en estas tres direcciones, jerarquizando nuestra profesión y garantizando un servicio de justicia adecuado para la comunidad.
*Rubén Ramos, Secretario General de la Asociación de Abogados del Estado
