lunes 26 de septiembre de 2022
ACTUALIDAD JUICIO A LAS JUNTAS MILITARES

Juicio a las Juntas y la "cascada de justicia": cómo salieron América Latina y España de las dictaduras

El juicio a las Juntas en Argentina sentó un precedente excepcional a nivel regional, pese a que en otros países afines prevaleció la impunidad de los dictadores. Los casos de Uruguay, Chile, Brasil, Bolivia y Paraguay. FOTOS.

13-09-2022 14:30

El Juicio a las Juntas militares fue una pieza clave de la transición democrática argentina. Sentó un precedente excepcional en América Latina y España, en el marco del ocaso de la serie de gobiernos militares que usurparon el poder hacia finales del siglo XX.

Bajo la premisa del "Nunca Más", Argentina fue el primer Estado que juzgó y condenó a las máximas autoridades de la dictadura militar (1976-1983) por violaciones a los derechos humanos. Lo inédito fue que se rompió la impunidad de los dictadores argentinos, que desde 1930 habían derrocado a todos los gobiernos democráticamente elegidos.

"El juicio ha tenido un impacto mundial", aseguró el fiscal adjunto del histórico Juicio a las Juntas (1985), Luis Moreno Ocampo, en una entrevista con Télam. Asimismo, afirmó que el juicio contribuyó a "la transformación mundial de ponerle límites al poder" y a inaugurar lo que la profesora de Harvard Kathryn Sikkink llamó "La cascada de la Justicia". 

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En 1985 un tribunal juzgó a los 9 dictadores argentinos que ocuparon de facto el poder entre 1976 y 1983.

"En 1983 la propuesta era inédita, pues se decidió investigar el pasado en un país que nunca había investigado a los militares que empezaron los golpes en 1930", enfatizó en uno de los diálogos que mantuvo con PERFIL.

El caso argentino permitió entender la diferencia entre el funcionamiento de un estado constitucional y las dictaduras que adoptaron el terrorismo ejercido por sus fuerzas armadas contra los civiles. Sin embargo, fue muy distinto al camino que siguieron otros países afines y cercanos de América Latina y España, donde no existió un proceso similar, en gran parte en virtud de la premisa "ni vencedores ni vencidos".

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España: el "pacto del olvido"

La afinidad histórica e idiosincrásica de España y Argentina es inabarcable. Sin embargo, el abordaje posterior al período dictatorial fue muy distinto. La transición española comenzó durante el primer reinado de Juan Carlos I en el que se promulgó la Ley de Amnistía y el "Pacto del olvido" (1977) a modo de "reconciliación" nacional.

La normativa permitió liberar a presos por "motivaciones políticas", algo que reivindicada la oposición al franquismo, pero también aseguró la impunidad de los autores de delitos de lesa humanidad que podrían haber sido denunciados tras la liberación de los detenidos.

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El general Francisco Franco instauró una dictadura en 1939 que duró hasta su muerte en 1975.

La tradición de mirar para otro lado fue sostenida por el estado español, que no solo no inició un proceso de memoria histórica y reparación de las víctimas sino que mantuvo varios de los símbolos de la dictadura franquista, como estatuas y nombres de calles. Sin embargo, el parate lo puso el Parlamento de la Unión Europea (UE), que condenó al franquismo en 2006 concluyendo que "existen evidencias suficientes para probar la violación de los derechos humanos". 

Asimismo, en línea con el principio democrático que rige al bloque, la UE instó a España a crear un comité nacional que investigue las violaciones de los derechos humanos y a enviar esos informes al Consejo de Europa, como también a facilitar el acceso a todos los archivos civiles y militares que puedan esclarecer la represión que incluyó desapariciones y ejecuciones arbitrarias, entre otras medidas. Por otro lado, los familiares de los desaparecidos iniciaron su propio camino de búsqueda de justicia mediante las exhumaciones de fosas comunes, un proceso que continúa hasta la actualidad.

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El saldo del franquismo continúa en las más de 4 mil fosas comunes y cientos de miles de desaparecidos.

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Uruguay: Ni vencedores ni vencidos

El proceso post dictadura en Uruguay comenzó con la tradición de ese país de concluir las "guerras civiles" de forma conjunta sin la existencia de "vencedores ni vencidos". En esa línea, al asumir el nuevo parlamento en febrero de 1985, se aprobó rápidamente una ley de indultos a los miles de presos políticos encarcelados y fueron liberados, entre ellos varios guerrilleros. 

Poco después, en diciembre de 1986, el expresidente Julio María Sanguinetti promulgó la Ley de Caducidad que excusó a las máximas autoridades de la dictadura de la responsabilidad frente a los delitos de lesa humanidad, una controversial decisión que la población respaldó mediante dos referéndum, el último en 2009.

No obstante, en el 2000 el presidente Jorge Batlle creó la Comisión para la Paz, la primera en investigar los crímenes durante la dictadura. Permitió dar con la cifra oficial de 192 desaparecidos y enjuiciar al excanciller Juan Carlos Blanco Estradé y varios militares, entre ellos Juan María Bordaberry, el titular de la última dictadura uruguaya (1973-1985). Por su parte, el exdictador Gregorio Álvarez, presidente de facto entre 1981 y 1985, fue condenado por violaciones a los derechos humanos y encarcelado en 2007.

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El dictador uruguayo Gregorio Álvarez.

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Chile: un caso de justicia transnacional

Durante la dictadura militar chilena (1973-1990), decenas de miles de personas fueron secuestradas, torturadas, asesinadas y desaparecidas por las fuerzas de seguridad a cargo de Augusto Pinochet, que instauró un régimen de censura cultural y políticas neoliberales. En 1980, en medio de un clima tenso marcado por la crisis económica, el dictador impulsó una nueva constitución y se autoproclamó presidente, lo que dio origen al proceso de apertura democrática y masivas protestas contra el régimen. 

Una ley de amnistía y el nombramiento de Pinochet como senador vitalicio (que fue refrendado por la sociedad chilena) consagraron la impunidad de los delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura incluso luego de la evidencia que arrojaron los trabajos de tres comisiones nacionales "de la verdad y la reconciliación": el Informe Rettig nada más terminar la dictadura en 1990 y la Comisión Valech en 2003 y 2011. 

Sin embargo, al igual que el caso español, el pedido de juicio al exdictador vino del exterior. Fueron los tribunales españoles los primeros en aceptar sus obligaciones en línea con el derecho internacional y comenzaron a investigar a Pinochet y otros militares chilenos y argentinos por crímenes contra la humanidad. Así fue como el autor del golpe a Salvador Allende fue detenido en Londres y finalmente devuelto a Chile, por considerarle demasiado senil para poder someterlo a un juicio. Murió  bajo arresto domiciliario en 2006.

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El dictador chileno Augusto Pinochet.

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Bolivia y el Plan Cóndor

Entre 1964 y 1982 Bolivia tuvo una serie de golpes militares, siendo el último en 1971, el coronel Hugo Banzer realizó un golpe de estado contra el general de izquierda Juan José Torres, quien luego fue asesinado en Buenos Aires. Al igual que en otros países, esto ocurrió en el marco del Plan Cóndor, la orquestación de un sistema de represión política y terrorismo de estado a nivel regional respaldado por Estados Unidos.

En ese contexto se llevaron a cabo detenciones arbitrarias, torturas, ejecuciones y desapariciones forzadas que nunca llegaron a esclarecerse ni a condenar a los altos mandos responsables, incluso en gobiernos democráticos. Tal fue así que el propio Banzer fue elegido presidente en 1997 con el 22% de los votos tras varios intentos, y nunca fue procesado por violaciones a los derechos humanos.

El 11 de marzo de 2014 la organización Amnistía Internacional (AI), con sede en Londres, pidió que se esclarezcan en Bolivia los abusos cometidos contra los derechos humanos durante 18 años de régimen militar. En un informe, afirmó que más de 350 personas fueron muertas o desaparecidas bajo distintos regímenes militares entre 1954 y 1982 (de las dictaduras de René Barrientos, Alfredo Ovando y Banzer). Por su parte, el exdictador boliviano Luis García Meza en 1993 fue condenado a 30 años de cárcel. 

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El dictador boliviano Luis García Meza.

Nuevos escenarios de enjuiciamiento en derechos humanos

Brasil: la impunidad en el siglo XXI

En 1985 culminó el período de represión social y política en Brasil, iniciado en 1964, siendo la segunda dictadura más larga en la región, donde se utilizaron prácticas similares que en los países vecinos, como las torturas, las detenciones arbitrarias por motivaciones políticas, y las desapariciones forzadas.

A diferencia de otros países, en el gigante sudamericano todavía rige una ley de autoamnistía de 1979, ratificada por el Supremo Tribunal Federal, que impide el juzgamiento de los autores de crímenes contra la humanidad durante la dictadura militar. Esta tradición brasileña se mantuvo a pesar de los veredictos contrarios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). También la dictadura fue defendida en varias ocasiones por el presidente Jair Bolsonaro e incluso glorificada el 31 de marzo del 2022 por el Ministerio de Defensa y los tres jefes castrenses, en ocasión del aniversario del golpe de estado de 1964. 

Con respecto a los avances de la memoria histórica, en 2011 la expresidenta Dilma Rousseff creó una Comisión Nacional de la Verdad para esclarecer los crímenes de la dictadura militar. Por otro lado, en abril del 2022 la Comisión de Derechos Humanos del Senado de Brasil anunció que investigaría 10.000 horas de audios de los juicios de los tribunales militares excepcionales sobre torturas, muertes y desapariciones realizados durante la dictadura (1964-1985) que fueron revelados por un profesor universitario y en los cuales los altos mandos del régimen admiten violaciones a los derechos humanos.

Paraguay

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El dictador de Paraguay, Alfredo Stroessner.

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Alfredo Stroessner encabezó en Paraguay una de las dictaduras más largas de Sudamérica y del mundo, que duró hasta 1989. Fue procesado en ausencia por delitos de lesa humanidad pero no llegó a ser condenado, muriendo en el exilio, en Brasil.

En materia penal, hubo un único fallo condenatorio a un responsable de violaciones a los derechos humanos después de un proceso de 30 años, según un extenso informe de la Coordinadora de Derechos Humanos de Paraguay (Codehupy), una red que agrupa a unas 30 organizaciones que siguen pidiendo justicia y reparación histórica.

Algunas de las violaciones a los derechos humanos fueron registradas en un documento conocido como los Archivos del Terror, descubiertos en 1992, que prueban las comunicaciones entre las fuerzas de seguridad (que incluye a países vecinos) respecto a la represión ilegal de aquella época.

CDI / MCP