NUEVA YORK— Es demasiado pronto para saber cuándo o cómo terminará la guerra con Irán, o cuáles serán sus consecuencias geopolíticas o económicas. Pero una cosa ya es segura: lo que se entiende por seguridad energética debe ser replanteado.
Aproximadamente el 20% del petróleo y el gas comercializados en el mundo pasan por el Estrecho de Ormuz. La reciente crisis demostró con qué rapidez puede interrumpirse ese flujo, ejerciendo una presión inmediata sobre los países importadores de energía y sobre la economía global.
La crisis actual también pone de relieve que no se puede dar por sentado que las instalaciones de petróleo y gas sean seguras. Al contrario, son sumamente vulnerables a la guerra y al terrorismo.
La seguridad energética se define a menudo como la garantía de un acceso fiable y asequible a los suministros. Esa definición ya no es suficiente. Lo que los acontecimientos recientes han dejado al descubierto es que la seguridad energética debe abarcar ahora el mantenimiento y la resiliencia de los sistemas que producen, refinan, transportan y entregan energía.
En un mundo de rutas de tránsito en disputa, infraestructuras intrincadas y formas sofisticadas de interrupción, la seguridad energética ya no se trata solo del suministro. Se trata de si el sistema mismo puede funcionar bajo situaciones de estrés.
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Los conflictos recientes lo dejan claro. La guerra con Irán, junto con la guerra actual de Rusia en Ucrania, ha demostrado que la infraestructura energética ya no es un daño colateral; es un objetivo primario. Las refinerías, los oleoductos, las terminales de exportación y las redes eléctricas son ahora fundamentales en la estrategia de guerra diseñada para debilitar las capacidades y la voluntad de los adversarios.
El cambio refleja las nuevas tecnologías y la "matemática militar". Drones relativamente económicos, que a menudo cuestan menos de 50.000 dólares, pueden inutilizar activos valorados en miles de millones. Las ciberoperaciones pueden desestabilizar las redes sin ataques físicos. La asimetría es impactante: ataques de bajo costo pueden generar consecuencias en todo el sistema con profundas implicaciones económicas y sociales.
La inteligencia artificial está acelerando tanto el riesgo como la resiliencia. La rápida expansión de los centros de datos y la computación impulsada por la IA está provocando un aumento en la demanda de electricidad. Sin embargo, la IA también se está volviendo central para la seguridad energética, permitiendo el monitoreo en tiempo real, el mantenimiento predictivo y respuestas más rápidas a las amenazas. A medida que los sistemas energéticos se vuelven más digitales y más electrificados, la intersección de la IA y la infraestructura dará forma a la próxima fase de la seguridad.
Lo que este momento exige es una redefinición de la seguridad energética, una que adopte la forma de un marco integral, construido en torno a diez prioridades.
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En primer lugar, diversificar el suministro entre regiones. La dependencia y concentración en cualquier región individual, particularmente una expuesta al riesgo geopolítico como Oriente Medio, conlleva ahora consecuencias sistémicas. Esto requiere ampliar el acceso al suministro desde las Américas, África y otros productores emergentes.
En segundo lugar, diversificar tanto las rutas como las fuentes. La energía que no puede moverse es funcionalmente inexistente. Esto requerirá una mayor inversión en corredores alternativos, incluidos oleoductos que eviten los puntos de estrangulamiento marítimo.
En tercer lugar, reforzar la infraestructura energética crítica. Las refinerías, oleoductos, terminales de GNL y redes eléctricas deben ser diseñadas y reforzadas para resistir interrupciones.
En cuarto lugar, construir sistemas de defensa energética activa. El conflicto moderno ha convertido a la infraestructura energética en un objetivo principal. Protegerla requiere una defensa en tiempo real: sistemas aéreos y de misiles por capas, capacidades antidrones y ciberdefensa avanzada para detectar, disuadir y responder a los ataques.
En quinto lugar, diseñar para la resiliencia, no solo para la eficiencia. Los sistemas optimizados para el costo y la velocidad son inherentemente frágiles. Los sistemas energéticos requieren capacidad excedente, redundancia en componentes críticos y la capacidad de absorber y recuperarse de una interrupción.
En sexto lugar, ampliar y salvaguardar las reservas estratégicas. El almacenamiento no debe verse principalmente como una herramienta para gestionar los precios, sino como un seguro contra interrupciones.
En séptimo lugar, garantizar una combinación energética diversificada. Las energías renovables (incluidas la solar, eólica, hidroeléctrica, mareomotriz y geotérmica), la energía nuclear y los hidrocarburos desempeñan un papel en la reducción de la exposición a las crisis. En periodos de interrupción aguda, es posible que los países también deban recurrir a combustibles fácilmente disponibles, incluido el carbón, para mantener la generación de energía, la producción industrial y la estabilidad económica. Si bien esto complicará los objetivos climáticos, excluir tales opciones por completo es inconsistente con las realidades de la seguridad energética. La buena noticia es que el impacto climático puede compensarse mediante el desarrollo acelerado de las alternativas que la seguridad energética también requiere.
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En octavo lugar, despolitizar la estrategia energética. Los sistemas energéticos deben guiarse por los objetivos de fiabilidad, asequibilidad y seguridad, no por la política a corto plazo. Los cambios frecuentes en la dirección de las políticas (vistos en Estados Unidos, Europa, Japón y Corea del Sur, entre otros) socavan la inversión, retrasan el desarrollo de infraestructuras y pueden introducir una prima de riesgo político de facto en los sistemas energéticos.
En noveno lugar, siempre que sea posible, gestionar la demanda como una forma de reducción de riesgos. La eficiencia reduce la exposición y fortalece la resiliencia.
Por último, reconocer que ningún país está aislado. En EE. UU., la abundancia de energía a menudo se equipara con la seguridad energética. Pero el petróleo tiene un precio global, y las interrupciones en el extranjero se traducen directamente en mayores costos a nivel local, afectando los precios de los combustibles, las cadenas de suministro y la inflación. La independencia energética no significa inmunidad ante las crisis energéticas.
Las consecuencias económicas de no adaptarse son significativas. Los países más expuestos a las interrupciones enfrentan costos de insumos crecientes, presión en todas las industrias y un crecimiento más lento. La inseguridad energética es inseguridad económica, y maximizar ambas se ha convertido en una característica definitoria de la estrategia militar.
Existe un paralelo claro con las cadenas de suministro globales. Tras el COVID-19, las empresas pasaron de un modelo de "justo a tiempo" a un enfoque de "por si acaso" que buscaba fortalecer la resiliencia. Los sistemas energéticos deben someterse ahora a una transición similar. Vale la pena pagar una prima adicional; el retraso solo elevará el costo de la inseguridad energética.
(*) Richard Haass, presidente emérito del Council on Foreign Relations, es asesor principal de Centerview Partners, profesor distinguido de la Universidad de Nueva York y autor del boletín semanal en Substack Home & Away. Carolyn Kissane es decana asociada y profesora clínica en el Centro de Asuntos Globales de la Escuela de Estudios Profesionales de la Universidad de Nueva York y directora fundadora del Laboratorio de Energía, Clima y Sostenibilidad de la NYU.
