Kristalina Georgieva llegó al país con el libreto habitual del FMI: felicitaciones para un programa económico que destruye el consumo, la producción y el trabajo, acompañado de un discurso alejado de la realidad que viven millones de argentinos.
Los últimos datos continúan mostrando una caída del consumo, el congelamiento de los bonos para jubilados y una reducción del salario real que ya no puede ser disimulada.
Aunque cabe suponer que la representante del FMI debería manejar cifras rigurosas, la Sra. Georgieva afirmó con una liviandad sorprendente que la pobreza había pasado del 50% al 20% durante la gestión de Javier Milei, presentándolo como un resultado exitoso que debía celebrarse.
Las cifras conocidas —que pueden ser discutidas por la relatividad de ciertas mediciones— muestran una realidad diferente: hablan de un 41,7% de pobreza al finalizar el gobierno de Alberto Fernández y de aproximadamente un 30% en el último semestre. La distancia entre esos valores y la afirmación realizada por la titular del FMI es demasiado significativa como para ser ignorada.
Kristalina Georgieva recorrió Vaca Muerta y dejó un mensaje clave para la Argentina
Además, omitió deliberadamente un aspecto esencial: la inflación no desapareció, sino que previamente pulverizó salarios, jubilaciones y ahorros, como lo muestran las estimaciones conocidas. ¿De qué sirve hablar de una desaceleración inflacionaria si antes millones de argentinos sufrieron una transferencia brutal de ingresos hacia los sectores más concentrados de la economía?
No existe un triunfo económico cuando la estabilidad se obtiene a costa de una caída del consumo, del cierre de empresas, del deterioro del empleo y de un poder adquisitivo que continúa debilitándose.
De las expresiones difundidas por los medios, uno de los aspectos más llamativos fue que Georgieva presentara a Bulgaria como ejemplo, señalando que después de atravesar circunstancias difíciles las cosas pueden cambiar para mejor, y que eso mismo ocurrirá con la Argentina. Lo que no mencionó la Sra. Georgieva es que Bulgaria, después de aplicar durante décadas muchas de las recetas que el FMI promovió en distintos países —privatizaciones indiscriminadas, ajuste permanente y reducción del papel del Estado—, terminó atravesando una profunda crisis demográfica y social.
Su población pasó de alrededor de nueve millones de habitantes a poco más de seis millones. Miles de jóvenes emigraron en busca de oportunidades que su propio país ya no podía ofrecerles, en un proceso de transformación que convirtió a Bulgaria en uno de los países con mayores niveles de pobreza y desigualdad dentro de la Unión Europea.
Si ese es el ejemplo que propone el FMI, resulta legítimo preguntarse cuál es el destino que imaginan para la Argentina: menos Estado, menos industria, menos trabajo y menos argentinos. Para estos organismos internacionales, las personas parecen reducirse muchas veces a cifras dentro de una planilla económica, números que pueden modificarse para que coincidan con los objetivos de los programas diseñados en sus oficinas.
Tampoco fue casual la agenda de Georgieva al decidir compartir una cena con un reducido grupo de los empresarios más poderosos del país: representantes de grandes bancos, del sector energético, financiero, tecnológico y agroexportador. Allí estuvieron ejecutivos de IRSA, Pan American Energy, Mercado Libre, Ualá y AmCham. No hubo una sola pyme, ningún industrial textil, ningún representante del comercio, de las economías regionales ni de los miles de empresarios que todos los días luchan por sobrevivir.
El itinerario de la titular del FMI dejó en evidencia quiénes son los interlocutores privilegiados de un modelo económico que beneficia a una minoría mientras castiga a la producción nacional. Esto no resulta difícil de comprender porque responde a una lógica habitual del organismo: destacar aquellos indicadores que considera favorables, aunque otros datos de la realidad contradigan la imagen de éxito económico que buscan transmitir los funcionarios del Gobierno.
Más de 26.000 empresas dejaron de existir mientras se celebran indicadores financieros que benefician principalmente a determinados sectores. Detrás de cada empresa que cierra hay familias sin trabajo, proveedores que desaparecen y comunidades enteras que pierden oportunidades. Sin embargo, esta dimensión social rara vez aparece en las evaluaciones del FMI, como demuestra su participación histórica en los programas de ajuste aplicados en la Argentina.
Como si las exigencias habituales del organismo no fueran suficientes, Georgieva tuvo además la audacia de sugerir que los argentinos saquen los dólares "del colchón" como un elemento que contribuya al funcionamiento de la economía. Esa expresión constituye, en cierto modo, una confesión involuntaria de las dificultades que enfrenta el propio modelo que vino a respaldar, un modelo que difícilmente hubiera podido sostenerse sin los US$ 20.000 millones acordados con el FMI en 2025 y el swap del Tesoro de los Estados Unidos otorgado meses después.
Si luego de semejante ajuste la principal alternativa consiste en pedirle a la sociedad que utilice sus ahorros, queda en evidencia la ausencia de una estrategia genuina de desarrollo. Ningún país serio construyó crecimiento apelando al dinero que las familias guardan para protegerse de la incertidumbre. Los países crecen mediante inversión, crédito, producción, industria y trabajo.
Sin embargo, para determinados sectores del pensamiento económico, estas cuestiones parecen quedar subordinadas a planes elaborados desde oficinas ubicadas a miles de kilómetros de distancia, alejadas de las realidades sociales que atraviesan los países donde esas políticas se aplican.
El problema es que el FMI continúa observando a la Argentina desde sus planillas de cálculo. Mide variables financieras, pero muchas veces ignora el cierre de fábricas, la caída del consumo, el deterioro de las jubilaciones y el empobrecimiento de amplios sectores de la clase media. Para esa mirada, si determinados números cierran, el modelo funciona, aunque el costo sea el deterioro de la estructura social y productiva.
Después de décadas de intervención del organismo en la economía argentina, nada de esto debería sorprendernos. Durante la década de 1990, cuando J.P. Morgan y el Citibank tuvieron una participación relevante en el diseño del esquema financiero argentino, se impulsaron políticas que incluyeron la venta de empresas públicas, la privatización del sistema previsional, la reforma de la legislación laboral y la reducción del empleo público, bajo el argumento de adecuar al país a las exigencias de los mercados internacionales.
Esto no constituye una apreciación meramente subjetiva. En los archivos de la cartera económica existen documentos y comunicaciones de organismos internacionales como el FMI, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo que reflejan las recomendaciones y condiciones planteadas para orientar las reformas implementadas.
El FMI nunca fue un observador neutral, porque interviene desde la posición del principal acreedor financiero de la Argentina. Nuestro país mantiene actualmente una deuda con el organismo que supera los US$ 59.000 millones, una cifra que representa una proporción significativa de la cartera mundial de préstamos del Fondo.
El año próximo la Argentina deberá afrontar pagos por aproximadamente US$ 7.500 millones al FMI y, posteriormente, compromisos anuales de intereses que condicionarán durante años el destino de una parte importante de la riqueza que genera el país.
Por esa razón, no resulta casual que Georgieva haya sido llevada a Vaca Muerta: allí podía observar uno de los sectores estratégicos que el Gobierno presenta como garantía futura para cumplir con los compromisos asumidos.
A pesar de los distintos acuerdos firmados, con las inevitables condicionalidades que los acompañaron, la Argentina continúa recurriendo al FMI como si los antecedentes históricos del organismo carecieran de importancia.
Como ha señalado Noemí Brenta en sus estudios sobre la relación entre nuestro país y el Fondo, la historia de esos vínculos demuestra una sucesión de programas que no sólo tuvieron consecuencias económicas, sino también políticas y sociales.
Sin embargo, pocas veces se cuestiona una estructura institucional que, por sus características, posee prerrogativas e inmunidades excepcionales frente a los Estados miembros. Esto permite que sus decisiones y eventuales responsabilidades no puedan ser examinadas con los mismos mecanismos jurídicos que se aplican a otros actores internacionales.
Las críticas al FMI suelen concentrarse en las consecuencias de sus políticas económicas, especialmente en los efectos de los planes de ajuste y las condicionalidades impuestas. Pero existe mucho menos debate sobre el poder internacional del organismo, su estructura institucional y el marco jurídico que regula su actuación.
Aunque la relación de la Argentina con el FMI comenzó en 1957 y el primer acuerdo stand-by fue firmado en 1958, pareciera que nuestro país no ha aprendido suficientemente de las consecuencias dejadas por los sucesivos programas, sus exigencias y sus condicionalidades.
Hoy, el gabinete económico y el presidente Javier Milei se muestran junto a Kristalina Georgieva para exhibir que todo marcha de acuerdo con el plan, mientras la directora gerente del organismo señala cuál debe ser el camino económico de la Argentina.
Como si no bastara el alineamiento con la política exterior de los Estados Unidos, también pareciera pretenderse que el futuro económico del país quede condicionado por quienes, una y otra vez, promovieron políticas que profundizaron el endeudamiento, la dependencia y la desigualdad.
Por eso resulta llamativo que quienes otorgaron los préstamos sean los mismos que hoy presentan como exitoso un programa cuyos costos recaen sobre la producción, el trabajo y el consumo. Un modelo que destruye empresas, debilita el mercado interno y concentra la riqueza difícilmente pueda ser considerado un éxito por quienes sufren sus consecuencias cotidianas.
Georgieva eligió reunirse con los sectores que resultan favorecidos por este esquema económico; no con quienes producen, invierten y generan empleo en todo el territorio nacional. Eligió escuchar a los bancos y a las grandes corporaciones antes que a las pequeñas y medianas empresas, y celebrar un ajuste que exige sacrificios a millones de argentinos mientras preserva los intereses de una minoría.
En definitiva, el paso de Kristalina Georgieva por la Argentina dejó una imagen que resulta más elocuente que cualquier declaración oficial: el FMI continúa evaluando los programas económicos fundamentalmente por su capacidad para garantizar el pago de la deuda y el cumplimiento de las metas fiscales, aun cuando ello implique deteriorar el aparato productivo, ampliar la desigualdad y limitar las posibilidades de desarrollo.
La historia argentina demuestra que cada vez que el país subordinó sus decisiones económicas a las exigencias del Fondo, el resultado fue un aumento de la dependencia, un mayor endeudamiento y una reducción de los márgenes de soberanía para definir su propio camino.
Tal vez la principal enseñanza pendiente no sea cómo negociar con el FMI, sino cómo construir un proyecto nacional capaz de dejar de necesitar su tutela.
Porque una economía no puede considerarse exitosa únicamente porque determinados indicadores financieros mejoren mientras se deterioran las condiciones de vida de la mayoría de la sociedad.
El verdadero desafío para la Argentina no es solamente estabilizar sus cuentas, sino recuperar la capacidad de producir, generar empleo, sostener una industria propia y construir un modelo de desarrollo donde las personas no sean una variable secundaria de las planillas económicas.
El FMI podrá seguir evaluando resultados desde sus oficinas internacionales, pero el juicio definitivo sobre cualquier política económica siempre pertenece a las sociedades que deben vivir con sus consecuencias.
* Director del Observatorio de la Deuda Pública
