Las declaraciones de Noel de Castro, candidata argentina a astronauta en la NASA, cuestionando la inversión argentina en el Proyecto Tronador denotan su falta de conocimiento sobre la tecnología del sector. En realidad, sus comentarios, ponen en discusión el financiamiento del sistema científico-tecnológico, alrededor del cual, se suele caer en “la trampa de la hoja de cálculo” exigiendo que cada peso invertido rinda frutos comerciales inmediatos, como si la alta tecnología fuera ir al supermercado. La crítica señala el costo acumulado y la demora frente a la agilidad comercial de empresas privadas extranjeras como SpaceX. Este paralelismo es una falacia, es como comparar manzanas con naranjas.
Tronador no es solamente un cohete. Es un proyecto de desarrollo industrial impulsado por la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) y VENG que tiene como principal objetivo que el país pueda lanzar satélites con “tecnología conveniente propia”.
Para entender por qué la inversión en el Tronador no solo está justificada, sino que es indispensable, basta con mirar el suelo sobre el que germinó SpaceX. El milagro de Elon Musk, fue el usufructo directo de la infraestructura más poderosa del planeta. SpaceX se subió a los hombros de billones de dólares de inversión estatal acumulados durante décadas por la NASA y el Departamento de Defensa de Estados Unidos.
Como ejemplo. El Proyecto Vanguard desarrollado por la Marina de EEUU, que logró poner en órbita el satélite Vanguard 1 de 1,4 kilos, el 17 de marzo de 1958 tuvo un costo aproximado de US$ 100 millones en 1958, (equivalente a US$ 1100 millones de hoy).
Cuando Tom Mueller (el ingeniero desarrollador contratado por Elon Musk) ideó el motor Merlin, (el core del cohete Falcon), no partió de la nada: volcó en la empresa privada el t, las patentes, los centros de prueba, la metrología de precisión y la cultura industrial hiperespecializada, fraguada por el complejo militar-industrial norteamericano.
Más aún, los primeros contratos de la NASA fueron el salvavidas financiero que rescató a SpaceX de la bancarrota técnica tras los fallidos lanzamientos del Falcon 1.La relación de apoyo por parte del Estado estadounidense, que está documentada, consistió en varios contratos: en 2006, la NASA seleccionó a SpaceX para su “programa de transporte orbital comercial” mediante un acuerdo de US$ 278 millones.
En 2008 le adjudicó un contrato de US$ 1.600 millones para doce misiones de abastecimiento de la Estación Espacial Internacional. El Falcon 1 alcanzó la órbita ese mismo año, después de tres intentos fallidos. O sea US$ 1878 millones de contratos antes que el Falcon 1 estuviera en órbita. Por otro lado, hablando de costos, Spacex no tuvo que construir laboratorios con tecnologías de precisión ni el banco de prueba para motores, arrendaron a bajo costo las instalaciones de prueba en McGregor, Texas (históricamente conocida como Air Plant 66 / Rocketdyne / Beal Aerospace).
Argentina, en cambio, compite en un carril radicalmente distinto.
El ecosistema científico-técnico nacional carecía por completo de experiencia histórica en el desarrollo integral de motores cohete de combustible líquido, criogenia avanzada, turbobombas de alta performance y materiales compuestos orientados al ámbito aeroespacial.
No existía una red masiva de proveedores privados con certificaciones aeroespaciales, ni campos de prueba equipados con tecnología de punta. Tuvo que conformar (al igual que el INVAP con los satélites) los costosos laboratorios de prueba.
Construir un banco de ensayos para motores de combustible líquido exige sistemas de contención, instrumentación de alta frecuencia, tanques nodriza criogénicos y seguridad industrial que en Argentina no había. Se requirió ingeniería de detalle local o adaptación de talleres metalmecánicos nacionales, encareciendo el costo de prueba-error, (experimentación necesaria), frente a la una ecosistema ya especializado en la industria aeroespacial.
Construir el Tronador (que colocará en órbita satélites de hasta 500 kg.) significa fundar una industria desde los cimientos. Cada dólar invertido a través de VENG y el Centro Espacial Punta Indio no se quema únicamente en aluminio y combustible; se destina a forjar soberanía industrial y desarrollar tecnología conveniente al país.
Se invierte en formar técnicos e ingenieros especializados locales, en desarrollar talleres de precisión, en dominar tecnologías críticas que ningún país transfiere y que están blindadas por normativas internacionales de no proliferación.
Es un error conceptual medir el éxito del Tronador bajo la lógica del lucro rápido de Silicon Valley. Los proyectos espaciales de Argentina no buscan maximizar el retorno accionario a corto plazo, sino garantizar capacidades estratégicas irreversibles.
Un país que no diseña sus propios vectores queda atado a la geopolítica ajena para poner en órbita sus satélites de observación de la tierra, telecomunicaciones o defensa, resignando soberanía sobre sus recursos naturales, su seguridad y su economía agroindustrial.
La mayor inversión que demanda el Tronador frente a los inicios de SpaceX se justifica por el vacío estructural que Argentina debió sortear. Mientras Estados Unidos privatizó las ganancias de un ecosistema que el Estado había regado durante medio siglo con fondos públicos.
Argentina está construyendo ese ecosistema aero-espacial, inmersa en vaivenes políticos con recursos escasos y saltos presupuestarios, y lo sostiene gracias a la voluntad y conciencia de soberanía de sus técnicos e ingenieros.
Definir al Tronador como un gasto excesivo es ignorar que la independencia tecnológica no es un lujo decorativo, sino un reaseguro estratégico de defensa, de seguridad y de soberanía espacial.
La historia demuestra que las naciones que tercerizan su acceso al espacio terminan hipotecando su futuro. Apostar por el desarrollo soberano de vectores es, en definitiva, el costo ineludible de no ser una nación dependiente.
