El sindicato de padres, una opción necesaria para hacer frente a los paros docentes

Otro paro docente, ya son tan poca novedad como el frío en el invierno. Alguien puede pensar que a los líderes sindicales les importa en algo la educación de los chicos; cómo no acordarnos de su comportamiento en la pandemia, un tiempo que deseamos olvidar pero que una generación de niños y jóvenes pagarán durante toda su vida.

Es claro que los padres no tienen hoy un rol en defensa de la educación de sus hijos; no cuentan con los incentivos ni los instrumentos para hacerlo. Sin embargo, el accionar de heroicos grupos de madres que, luchando en soledad contra el accionar del gobierno y de los líderes sindicales, logró la reapertura de las escuelas durante la pandemia, nos enseña que la Argentina necesita hoy un sindicato de padres que defiendan el derecho a la educación de los niños de las familias más pobres de la sociedad, aquellos que en cada paro no tienen clases, ni futuro, por responsabilidad directa de los líderes sindicales.

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Un sindicato de padres es una realidad en otras latitudes. A modo de ilustración, el viernes 16 de enero de 2020 se celebró en Nueva Orleans la primera convención del autodenominado Sindicato Nacional de Padres (NPU) de EE. UU., con la presencia de 125 delegados de los 50 estados, Washington, D.C. y Puerto Rico.  Según lo define su página web (https://nationalparentsunion.org): “NPU es una red de organizaciones de padres y activistas de base altamente eficaces en todo el país que están unidos detrás de un conjunto de objetivos y principios comunes para canalizar el poder de los padres y las familias”.  Desde entonces ha crecido su actividad, en una desigual confrontación contra el accionar del poderoso sindicato docente de EE. UU. David frente a Goliat.

Pasos para crear un sindicato de padres

¿Por qué no generar los incentivos y proveer los instrumentos para que los padres puedan organizarse y confrontar con los sindicatos docentes que destruyen la educación argentina?

En primer lugar, los padres deben conocer la realidad. A diferencia de la tremenda elocuencia de las escuelas cerradas durante la pandemia, los padres hoy no perciben el daño que se les está haciendo a sus hijos, quienes concurren a escuelas donde muchas veces aprenden poco y nada. Las pruebas PISA son crudo testimonio de este hecho. Por ello, es imprescindible dar a conocer a las familias los resultados obtenidos en las pruebas nacionales que revelan el nivel de los aprendizajes, para lo cual debe derogarse el art. 97 de la ley 26.206. El gran secreto debe terminar.

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En segundo lugar, y hasta tanto el accionar de un sindicato de padres logre contrarrestar el poder de los líderes sindicales, se debe declarar la educación como servicio esencial, para defender el derecho a la educación de quienes menos tienen y más lo necesitan.

Finalmente, no existe otra forma, en un país donde la educación ha sido destruida sistemáticamente por quienes el futuro de nuestros niños nada les importa, que potenciar el accionar de los padres otorgándoles el derecho a decidir dónde educar a sus hijos a aquellas familias que sus posibilidades económicas les impide pagar las matrículas de un colegio de gestión privada mientras solventan la educación de gestión pública mediante sus impuestos directos y/o indirectos.

Es hora de entregarle a cada padre de familia que califique, en virtud del criterio de necesidad definido por el gobierno, un voucher educativo por el monto de educar a su hijo en un colegio público del distrito respectivo, el cual le permita optar por el colegio que considere adecuado por las aptitudes, gustos, valores familiares o, sencillamente, porque haya clases aquellos días que los líderes sindicales cierran la posibilidad de educarse a los niños de nuestro país en las escuelas de gestión pública.

* Miembro de la Academia Nacional de Educación y Rector de la Universidad del CEMA