El próximo 26 de marzo se celebran las elecciones a la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP) de Cuba. De acuerdo a la Constitución, es un régimen de partido único (Partido Comunista de Cuba – PCC-) y en el que solo puede existir el modelo socialista.
El texto constitucional, en su artículo 4, establece que “el sistema socialista que refrenda esta Constitución es irrevocable” y que “los ciudadanos tienen el derecho de combatir por todos los medios, incluyendo la lucha armada (…) contra cualquiera que intente derribar el orden político, social y económico establecido por esta Constitución.”
Pero lo interesante, y también desafiante del caso cubano, es entender cómo está diseñado el sistema electoral para filtrar la participación política de disidentes y garantizar que a las instancias de poder en todos los niveles de gobierno (municipal, provincial y nacional) solo lleguen personas subordinadas al PCC.
Para lograr esto, el régimen cubano ha elaborado un complejo entramado institucional para intentar (sin éxito) dotar de legitimidad a las autoridades, aunque no compitan en elecciones multipartidarias, justas y transparentes.
Hubo un fallido plan secreto para ‘peronizar’ Cuba
Aunque los defensores del modelo cubano aseguran que en las elecciones el PCC no postula candidatos, por lo que se trataría de un proceso electoral sin partidos (como si eso fuera algo positivo, tal cual se infiere del artículo publicado en Granma, el pasado 5 de febrero), lo cierto es que el PCC está presente a través de la Seguridad del Estado, las organizaciones de masas, las comisiones de candidaturas e incluso el Consejo Electoral Nacional (CNE), máxima autoridad electoral de la Isla, cuyas autoridades son propuestas por el mismo Miguel Díaz Canel, presidente de la República (y primer secretario del PCC).
En todos los niveles de gobierno (municipal, provincial y nacional) solo llegan candidatos que comulgan con el PCC
Las comisiones de candidaturas funcionan a nivel municipal, provincial y nacional. En todos los casos, su función es confeccionar listas de candidatos que cuenten con el visto bueno del PCC. Si a nivel municipal la ley exige que se enfrenten al menos dos candidatos por circunscripción, a nivel nacional no existe este requisito, por lo que la Comisión elabora una lista de tantos candidatos como cargos a elegir, en este caso, 470 candidatos para 470 curules.
Por lo tanto, los ciudadanos no eligen, sino tienen la opción de refrendar la selección del PCC.
No hay criterios técnicos o de mérito para la conformación de las listas. De acuerdo a la presidenta de la comisión de candidaturas nacional, Julia Durruthy, las comisiones de todos los niveles postularon en un principio a 19.240 candidatos, listado que se redujo en un primer momento a 4.600, y luego a 470.
Como queda claro, la selección de candidaturas es completamente arbitraria y responde a relaciones de poder dentro del PCC, en el que la comisión de candidaturas juega un papel de brazo ejecutor.
Cuando los más de 8 millones de cubanos habilitados para votar el 26 de marzo asistan a los centros de votación, no tendrán opciones entre distintos partidos, programas o coaliciones: solo podrán elegir si votan por toda la lista del PCC o por solo alguno de los candidatos de su circunscripción.
Ante la imposibilidad de elegir, el abstencionismo ha crecido de manera contundente y sostenida en los últimos procesos electorales. Si antes el régimen cubano podía presumir de porcentajes de participación por encima del 95%, en el referendo del Código de las Familias de septiembre pasado la participación fue del 75% y el rechazo a la propuesta oficial alcanzó un 33%; mientras que en las municipales de noviembre la abstención aumentó a 31%, y si se le suman los votos nulos y en blanco, alcanza el 40%.
En un contexto de violación sistemática de los derechos humanos, restricción de libertades (más de mil presos políticos), crisis económica profunda y pauperización de las condiciones de vida, abstenerse no es desafección, sino más bien la única oportunidad de fijar una posición política.
