El Gobierno ha aprobado una condonación de deuda a las comunidades autónomas por más de 83.000 millones de euros, una medida que responde a la exigencia de ERC (Esquerra Republicana de Catalunya), un partido político catalán de izquierdas, en el marco de las negociaciones con Cataluña. Desde Moncloa insisten en que no se trata de un privilegio ni de un traje a medida para una sola región, sino de un mecanismo de alivio financiero extensible a todos.
No es un gesto de justicia territorial, sino la consecuencia directa de la debilidad de Pedro Sánchez y del PSOE. En lugar de abordar una reforma seria y equitativa del sistema de financiación, el Gobierno opta por entregar a ERC lo que exige para mantener su apoyo en el Congreso.
Sin embargo, el relato oficial choca con la percepción general: la oposición, encabezada por el PP, lo denuncia como una concesión al independentismo y un golpe al principio de igualdad entre españoles.
El problema no radica solo en los números, sino en el mensaje. La decisión llega en un contexto de fuerte desgaste institucional y con la sombra de pactos de supervivencia política. Para muchos ciudadanos, el alivio financiero no se percibe como un gesto de justicia territorial, sino como una cesión frente a los chantajes de ERC. La equidad entre las regiones, por más endeudada que esté una, debería garantizar el mismo trato que para otra que ha hecho un esfuerzo sostenido de disciplina fiscal.
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La fotografía es clara: Cataluña y la Comunidad Valenciana, las dos regiones más endeudadas, serán las grandes beneficiadas. Comunidades como Madrid, País Vasco o Navarra —que han mostrado disciplina fiscal durante años— no recibirán nada. El mensaje implícito resulta inquietante: quien gasta sin control obtiene premio; quien administra con responsabilidad queda penalizado.
La medida abre una herida entre comunidades “favorecidas” y comunidades “olvidadas”, porque detrás de esta condonación late un cálculo evidente: asegurar votos en el Congreso y mantener a raya a los socios nacionalistas.
La historia reciente ofrece precedentes. En 2012, con la crisis financiera, el Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) permitió salvar a comunidades que rozaban la quiebra, principalmente Cataluña y Comunidad Valenciana. Hoy, gran parte de aquella deuda es la que se plantea perdonar. En los años noventa también hubo mecanismos extraordinarios de refinanciación, pero siempre con la promesa de que serían excepcionales. El resultado es un país fracturado en el que las comunidades cumplidoras reclaman equidad, mientras las más endeudadas se presentan como víctimas de un sistema de financiación injusto. El Gobierno, en lugar de afrontar de una vez la reforma estructural del modelo autonómico, elige la vía fácil: comprar estabilidad política con dinero público.
Los castigados ciudadanos deben asumir, con sus impuestos, la irresponsabilidad ajena. La condonación no solo desvirtúa el principio de corresponsabilidad fiscal, sino que agrava la sensación de injusticia territorial.
El alivio será inmediato para unos pocos, pero la factura la pagará todo el país. Y lo peor es que la medida no es fruto de un proyecto de Estado, sino de un trueque político de corto plazo. Este perdón selectivo no fortalece a España: la debilita. No construye igualdad: la destruye. No genera cohesión: la rompe. Y si el Gobierno persiste en gobernar con concesiones a medida de los independentistas, lo que estará hipotecando no son solo las cuentas públicas.
“Si queremos que España no se hunda, hay que salvar la igualdad entre los españoles”. La Constitución de 1978 lo dijo con claridad: “La Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles”. Ceder en ese principio no es gobernar: es claudicar.
