Un fantasma recorre Europa. Así comienza el manifiesto comunista que Carlos Marx y Federico Engels publicaron en Londres el 21 de febrero de 1848. Podríamos reformularlo sustituyendo el sustantivo fantasma por el coronavirus. La pandemia corre muchos velos. En lo que aquí interesa, desnudó las instituciones realmente existentes. La infraestructura de salud está maltrecha, las oficinas públicas asfixiadas, descubrimos que los trenes y los colectivos tenían que ser desinfectados, que los bancos no funcionan como dicen las publicidades y nos chocamos con la cuestión carcelaria.
Repentinamente nuestra vida pública captó que las prisiones se asemejan a las medievales, lejos de las enseñanzas de Cesare Beccaría. Se distinguen por las malas condiciones edilicias, el hacinamiento, la insalubridad, la mala alimentación y porque muchos habitantes están presos “preventivamente”. Las cárceles desde hace tiempo son un problema. Ahora mayor por la pandemia. Los griegos usaban la palabra parresía. Con ella invitaban a participar de los asuntos comunes con franqueza. A partir de esa premisa ¿A cuántos puede sorprender esta situación? A pocos, francamente, leemos la guía más importante que tenemos: Constitución Nacional.
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De acuerdo con el artículo 18 “las cárceles de la Nación serán sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas, y toda medida que a pretexto de precaución conduzca a mortificarlos más allá de lo que aquella exija, hará responsable al juez que la autorice” Es obvio que esta premisa cruje hace mucho tiempo.
El punto central no es si la responsabilidad es de tal o cual gobierno, porque es un drama colectivo anclado en el olvido de construir y cuidar la república, que es la tarea que tenemos sobre los hombros desde 1853. Es cierto que las actuales autoridades deben resolver el problema en términos prácticos. De un modo creativo tienen que sopesar que los delitos no queden impunes y, a la par, evitar la muerte. En particular, porque los presos están bajo tutela del estado y el lenguaje estatal es el de la vida, más no el de la muerte.
El temblor del coronavirus nos recordó que uno de los deberes irrenunciables del estado republicano se inscribe en una ética del cuidado para todos los ciudadanos. También para los reos. Entonces, y esto es un problema adicional, tenemos que redefinir cómo castigar. El castigo es algo más que encerrar. Supone una rendición de cuentas de un ciudadano con respecto a sus pares. La idea de la república es que ese ciudadano sea enjuiciado legalmente, pero también en términos morales por la sociedad de la que él es parte. El objetivo normativo tiene que ver con la reincorporación de ese ciudadano a la sociedad. Cuando un preso sale de la cárcel y comete un delito, hay que volver a juzgarlo, pero también hay que resolver por qué eso ocurrió.
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La pregunta sobre los detenidos es una dimensión de nuestro gran problema institucional. Sin instituciones que expresen a los ciudadanos, los verdaderos titulares del poder político, es imposible gozar de los derechos. El desafío mediato del estado es reconstruir el edificio republicano. El inmediato, es asegurar que no haya impunidad. Pero el estado tiene que hablar a través del lenguaje de la ley cuyo horizonte normativo es preservar la vida.
