Una nueva polémica se abre en la sociedad en el difícil marco de la pandemia, la cuarentena y las duras consecuencias de ambas.
La situación de las personas detenidas por orden judicial, con y sin condena firme, se discute como tantas otras cosas en la Argentina, es decir, con planteos binarios, descalificación de quien piensa distinto, despreocupación por las consecuencias de lo que se postula y, en general, sin que quienes opinan con tanto énfasis –las más de los veces, careciendo de conocimiento profundo del tema- propongan soluciones concretas y factibles.
La discusión parece haberse reducido a si se debe o no “liberar a los presos” cuando, pensando con elemental sentido común, se advierte que la cuestión es muchísimo más compleja y amplia.
Por un lado se escuchan voces –incluso de funcionarios con cargos relevantes- que propician “liberar la mayor cantidad de personas posibles”, sin discriminación alguna. Se conocen libertades condicionales o prisiones domiciliarias a autores de delitos sumamente graves, incluyendo por caso narcotráfico, corrupción, violaciones o femicidios. Los criminales, sin la mínima certeza de que habrá por parte del Estado un control sobre ellos, regresan en muchos casos a ser vecinos de quienes fueron sus víctimas.
Condena a muerte en la cárcel de Villa Devoto
Las decisiones se adoptan sin publicidad ni transparencia, a veces por un solo magistrado de Tribunales colegiados que no funcionan como tales. No hay criterios unificados lo que deja abierto el campo para la arbitrariedad y el abuso, en uno u otro sentido. No hay valoración de las posibles –y terribles- consecuencias.
Por el otro el rechazo es total y cerrado. No se distinguen los casos con condena de las detenciones preventivas (60% de los detenidos no tienen condena firme). La salud de los presos ni siquiera se considera; tampoco los efectos –potencialmente muy serios- de la entrada del virus en las cárceles.
Nuestro país transita por crisis recurrentes hace décadas. Sus instituciones funcionan de una forma claramente deficiente. La economía arrastra problemas serios como la inflación, que en casi todo el mundo no existe como tal. Más de un tercio de la población vive bajo la línea de pobreza –y un cuarto en lo que se llama pobreza estructural, consolidada por varias generaciones-. La corrupción es un fenómeno sistémico y podríamos seguir tildando ítems en una lista larga y penosa.
En Argentina hay 85 mil personas privadas de libertad, el 60 por ciento sin condena firme.
En esa lista debe figurar el estado de las cárceles que desde antiguo –comprendiendo gobiernos de casi todo el actual arco político- son lo opuesto a lo que prescribe la Constitución Nacional. Vale la cita del último párrafo de su artículo 18: “Las cárceles de la Nación serán sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas, y toda medida que a pretexto de precaución conduzca a mortificarlos más allá de lo que aquélla exija, hará responsable al juez que la autorice.”
La insalubridad, la superpoblación, la mala alimentación, el maltrato, los numerosos crímenes que se cometen dentro de las prisiones, son factores determinantes para que el sistema penitenciario, lejos de resocializar, deteriore gravemente a los internos y los aleje de toda chance de reinserción social.
En palabras de la Red de Jueces Penales de la Provincia de Buenos Aires, el Covid-19 no hace más que desnudar décadas de imprevisión y medidas aisladas, sin una guía política criminal racional donde la superpoblación, el hacinamiento y la crisis de la sanidad penitenciaria constituyen, en el contexto de la pandemia, un coctel explosivo que es preciso desactivar, con la mayor diligencia, a través de medidas de carácter excepcional y urgente.
Los mismos jueces mencionan la desprisionización (en todos aquellos casos en que el encierro carcelario riguroso pueda ser sustituido por otro medio menos aflictivo) pero también las mejoras sanitarias en las cárceles y comisarías que son, por excelencia, focos de propagación de enfermedades” y resaltan que la solución a una crisis social nunca es jurídica ni se resuelve derivando culpas a otros poderes.
Por supuesto la Justicia también tiene su parte vital. Procesos interminables, clarísima desigualdad entre quienes tienen acceso a una buena defensa y quienes no, métodos arcaicos que colapsan en situaciones de emergencia como la actual. Hay allí otra lista extensa y agotadora de problemas imposible de abordar en una breve columna.
Sin embargo nada de eso se debate. La nueva "grieta" se plantea entre dos sectores que sin pensar ni proponer alternativas para corregir situaciones que agravian los derechos del conjunto de la sociedad, de las víctimas y de quienes están en prisión, quieren liberar a todos o mantener a todos presos, en ambos casos, sin analizar las diferencias y, sobre todo, sin hacerse cargo de las consecuencias.
Los presos, la pandemia de coronavirus y la Constitución Nacional
Como tantas veces, la controversia se plantea “en blanco y negro”, entre “el bien y el mal”. La búsqueda –si no en la intención, al menos en la práctica- sólo persigue identificar culpables, en absoluto propone analizar a fondo los problemas y proveer a su solución.
Si algo caracteriza a las sociedades más avanzadas del mundo, aquellas que podemos –y debemos- mirar como posibles modelos, son las políticas de estado sustentables, las reglas claras que el conjunto social respeta, la conversación y el debate respetuoso, la construcción de acuerdos más allá de sustanciar democráticamente las legítimas diferencias.
La pandemia nos ha obligado a unirnos para enfrentar a un enemigo que sólo puede atacarnos utilizándonos –a todos y cada uno- para difundirse. También nos da la oportunidad de comprender que sólo escuchándonos, respetándonos y logrando consensos muy amplios podremos salir adelante.
* Abogado, especialista en Etica Pública.
