Hace 70 años —siendo subteniente— vigente el gobierno de facto encabezado por el general Pedro E. Aramburu y el almirante Isaac F. Rojas, estalló un conato de sublevación encabezado por los generales retirados Juan J. Valle y Raúl Tanco, al que adhirieron un grupo de oficiales y suboficiales del Ejército, y algunos civiles. Fue improvisado y sus posibilidades de éxito muy escasas. El Gobierno estaba en conocimiento, y logró sofocarlo en pocas horas evidenciando un odio y rencor sin precedentes, y declarando la vigencia de la pena de muerte (Decreto 10362).
Otro decreto amplió el alcance, y establecía: “Todo oficial de las Fuerzas Armadas en actividad y cumpliendo actos de servicio podrá ordenar juicio sumarísimo con atribuciones para aplicar o no la pena de muerte por fusilamiento, a todo perturbador de la tranquilidad pública”. Se entendía por “perturbador” a toda persona que porte armas, desobedezca órdenes policiales o demuestre actitudes sospechosas de cualquier naturaleza.
1. En Campo de Mayo sesionó un Consejo de Guerra Especial presidido por el general Juan C. Lorio y compuesto por excelentes profesionales, que juzgó y condenó a los imputados a la pena de “dos años de prisión menor y destitución por el delito de rebelión”. Todo ello atento a las características del conato y a la ausencia de bajas (ni muertos ni heridos).
El primer combate de la Guerra
2. No obstante, el ministro de Guerra, general Arturo Ossorio Arana, le ordenó a Lorio que por orden del Poder Ejecutivo Nacional (Decreto 10364), los detenidos debían ser fusilados de inmediato. Lorio cumplió la orden, pero antes intentó comunicarse personalmente con el presidente Aramburu en la residencia de Olivos para solicitar el perdón, que obviamente correspondía. Solo recibió un lacónico: “El presidente duerme, no lo puede atender”.
3. Las esposas de los generales Valle y Tanco, y del teniente coronel Ricardo S. Ibazeta (con sus cinco hijos), también intentaron hablar con el presidente, pero desde la verja del perímetro residencial fueron rechazadas y solo escucharon: “El presidente duerme…”. Sus esposos fueron fusilados con otros jefes y suboficiales, entre estos últimos un sargento y un cabo primero músico. Todos afrontaron la condena y su muerte con ejemplar dignidad.
4. El número total de los fusilados se aprecia en el orden de 35, entre militares y algunos civiles. Los fusilamientos se realizaron en Campo de Mayo, en La Plata y en la Penitenciaria Nacional (hoy Parque Las Heras de la ciudad de Buenos Aires). En la Unidad Regional de Lanús, según algunas fuentes, se fusiló a inocentes al grito de “eso les va a pasar a todos los peronachos inmundos. Hay que liquidarlos a todos estos hijos de p…”. Se atribuye lo expresado al general Juan C. Cuaranta. Otra deleznable mención es la que se conoce como los asesinatos de José León Súarez, descriptos con claridad meridiana por el periodista y escritor Rodolfo Walsh en su libro Operación Masacre.
5. Desde las antípodas ideológicas, Vicente Massot dice al respecto: “En lo que pasó a la historia como los 'fusilamientos de José León Suárez', se detuvo a un grupo de civiles —en su mayoría peronistas no necesariamente comprometidos con el golpe— antes de que el gobierno instaurase la ley marcial. Nada de novedoso en esta acción represiva si no fuese porque después se los puso contra el paredón, sin que se instruyera proceso alguno y sin tener en claro de quiénes se trataba” (Matar y morir, pág.192). Estos asesinatos se atribuyen al coronel Desiderio A. Fernández Suarez, jefe de Policía de la Provincia de Buenos Aires.
Combatir y morir por un sentimiento
6. Una multitud se reunió en la Plaza de Mayo para vivar a Aramburu y a Rojas y avalar las draconianas medidas tomadas. Contaron también con la complacencia de algunos sectores religiosos, y el apoyo de conocidos miembros de partidos políticos, entre ellos el Partido Socialista, el Partido Demócrata, el Partido Demócrata Cristiano y la Unión Cívica Radical; un joven político dijo: que "apoyaba y felicitaba al Gobierno y condenaba la acción subversiva tendiente a restaurar la dictadura”.
7. Me consta personalmente que algunas autoridades del Ejército, en 1965, pretendieron impedir el ingreso como cadetes al Colegio Militar de la Nación a hijos de los fusilados (coronel Oscar L. Cogorno y el citado Ibazeta). La decisión del director del Instituto —general Juan Carlos De Marchi— impidió el incomprensible pedido.
8. Los fusilamientos contrastaron con las medidas adoptadas por Perón con los militares rebeldes de 1951 y de 1955 (bombardeo sobre Plaza de Mayo) que ocasionó más de 300 muertos y alrededor de mil heridos. Entre otras consecuencias, significaron: "Un salto cualitativo en el largo proceso de la instalación de la violencia en la política argentina, y sobre todo, de esa forma particularmente nefasta consistente en la eliminación física del enemigo” (Romero, Luis Alberto, Clarín, 13 sep. 2005).
Recién al cumplirse el cuadragésimo aniversario de lo narrado —en 1996, en un acto central en la ciudad de Rosario, con la presencia del ministro de Defensa— el Ejército rindió el primer homenaje a los fusilados y caídos. Entre otros conceptos, expresé: “En aquellas jornadas muchos de los protagonistas eran hombres formados en códigos propios de la vida militar. Habían compartido ideales, metas y sentimientos. Más tarde, circunstancias y decisiones políticas impidieron que la lucha por defender ideas y posturas se materializara sin agravios y agresiones estériles y facilitaran la convivencia en paz. Recordemos a todas las víctimas del odio y la sinrazón, es el momento de brindarles, públicamente, la honra a los caídos con la templanza del soldado y con la dignidad de hombres de bien”.
ML
