En pocos días, las alumnas y los alumnos de la Ciudad de Buenos Aires van a volver a las aulas. La decisión del Gobierno es necesaria y oportuna: no podemos pasar más tiempo sin recuperar la experiencia cotidiana de la asistencia a la escuela, el contacto de los chicos con las maestras y con los pares. Las razones son de sobra conocidas y compartidas por la mayoría de la población.
Frente a esta decisión, el Frente de Todos y sus sindicatos satélites han reaccionado buscando diferentes maneras de postergar o restringir el retorno a las aulas. El gobierno nacional, según su costumbre, proclama su acuerdo con la apertura de las escuelas y, al mismo tiempo, elude comprometerse con el cumplimiento efectivo de lo que dice sostener.
¿A qué obedece estas diferencias de posición en un tema en el que probablemente debería existir un amplio acuerdo? Como en otros temas hay diferencias de fondo que es necesario tomar en consideración. Desde nuestra perspectiva, en el contexto de una pandemia de las características de la del COVID 19 la apertura de las escuelas debería ser la norma y el cierre -por un corto plazo- una excepción que tiene que ser cuidadosamente justificada. Los chicos y jóvenes en edad escolar no son una población de riesgo: la propia campaña de vacunación así lo considera. Las escuelas no son ámbitos de alto riesgo de contagio. Obviamente, ninguna actividad es de riesgo cero, pero casi todas están funcionando. La escuela no.
El gobierno nacional, según su costumbre, proclama su acuerdo con la apertura de las escuelas y, al mismo tiempo, elude comprometerse con el cumplimiento efectivo de lo que dice sostener
Sabemos que los costos del encierro son enormes, tanto en el plano de los aprendizajes como en el emocional. Sabemos también que el trabajo a distancia de las maestras, la utilización de los soportes tecnológicos y el apoyo familiar han sido fundamentales para conservar una dinámica de estudio y de aprendizaje, pero que todo ese valioso esfuerzo no compensa la pérdida de la experiencia cotidiana de la escolaridad. Sabemos que los impactos del encierro prolongado se distribuyen de manera desigual y refuerzan las desigualdades. Sabemos que en todo el mundo los gobiernos han hecho esfuerzos por preservar la presencialidad. En agosto, desde la Fundación Alem hicimos una exposición temprana de estas ideas y de sugerencias concretas para planificar el retorno a las aulas. En la misma época, nuestro bloque parlamentario presentó un proyecto de emergencia educativa, que, entre otras cosas, postulaba la necesidad de definir a la educación como una actividad esencial. El bloque oficialista se negó a tratarlo.
El gobierno y el Frente de Todos, en cambio, parten de otra premisa. Desde su perspectiva, el aislamiento y el cierre deben ser la norma y la apertura debe ser la excepción. Han invertido la carga de la prueba: el problema pasa a ser cómo justificar el retorno a las aulas, negándose a considerar a la educación como una actividad esencial. No importa si la cuarentena no funcionó y si sus consecuencias educativas fueron graves: siempre hay buenas razones para prohibir. En realidad, más que prohibir abiertamente, la estrategia es postergar, introducir complicaciones burocráticas, no asumir el liderazgo que le cabe al gobierno nacional en llevar adelante la necesaria normalización de la escolaridad.
La estrategia es postergar, introducir complicaciones burocráticas, no asumir el liderazgo que le cabe al gobierno nacional en llevar adelante la necesaria normalización de la escolaridad
Si el gobierno ha aceptado sin entusiasmo que hay que volver a las aulas, lo ha hecho forzado por la evidencia de que hay una mayoría social a favor de la medida y un activismo creciente que demanda decisiones concretas. No hay que bajar la guardia y mantener el reclamo con firmeza: el futuro de nuestros hijos, el futuro de nuestro país, dependen de recuperar el valor de la educación.
*Legislador por Vamos juntos.
