La inflación mensual de 6,7% de marzo de 2022 es el mayor registro mensual desde septiembre de 2018 cuando había sido 6,5%, y luego de producirse una brusca devaluación del 48% en solo dos meses (entre agosto y septiembre de 2018).
Esto debe llamar la atención porque las demás variables nominales de la economía están casi inmóviles, no hubo un ajuste cambiario ni corrección exuberante de las tarifas de servicios públicos.
El aumento acumulado del año en los precios de alimentos y bebidas de 21% supone no solo un deterioro del poder adquisitivo principalmente de la clase media y baja, y de todos los sectores que perciben subsidios, sino que evidencia la necesidad de recuperación de ingresos de esos sectores y, por lo tanto, una potencial segunda ronda de ajustes de precios, pues los márgenes de rentabilidad y decisiones de ajustes se exacerban frente a este ritmo mensual. Las mismas señales e incentivos se derivan de los aumentos en educación (27,9%) y vestimenta (17,4%).
Expectativas de inflación en niveles más elevados configuran decisiones de precios sesgadas hacia el crecimiento, lo cual hace costoso y difícil para la gestión de la política de estabilización. Decisiones de precios en media y alta inflación no solo inducen mayores costos en toda la estructura económica, sino que ralentizan decisiones económicas y financieras. Por lo tanto, pueden ralentizar la recuperación de la actividad económica.
El problema inflacionario en Argentina es crónico y parece sostenerse en una fase ascendente. Esto último no solo por factores externos, sino principalmente por la dinámica interna de una economía con distorsiones y ajustes sin resolver, donde se tiene una percepción de riqueza no compatible con la realidad, esto es evidente al observar los ingresos y egresos fiscales.
Ante este panorama no solo se debe mencionar la necesidad de estabilizar y evitar expandir el mercado monetario, sino que es esperable el establecimiento de anclas temporales que incluyan variables como el gasto público, gestión administrada de aumentos de tarifas públicas y tipo de cambio.
En definitiva, si bien una gran parte de esta problemática se debe a factores monetarios dado el nivel de la inflación, sino que también hay otros factores como la incertidumbre acerca del mediano y largo plazo, la capacidad de gestión del Poder Ejecutivo envuelto en tensiones y la inercia misma, son determinantes de decisiones de ajustes de precios preventivos y potenciales caídas de la demanda de dinero nacional, que se traducen en tensiones cambiarias.
Los programas para gestionar inflaciones de mediana intensidad deben contener elementos heterodoxos como una política de ingresos sobre los sectores que destinan sus ingresos mayoritariamente a la canasta alimentaria y, a su vez, administración de algunos precios determinantes de la economía como el tipo de cambio. A esto es esperable que se acompañe elementos de ortodoxia como una política monetaria contractiva que ajuste sincrónicamente el mercado monetario y un ajuste de las cuentas fiscales.
La perspectiva del ministro Guzmán sobre la necesidad de cohesión política y social acerca del programa macroeconómico que lleva a cabo con el FMI es correcta. No hay evidencia de éxito de gestión sin que todos los componentes converjan en los principales lineamientos. Desde los planes de estabilización en América Latina durante la década de 1990 hasta las estrategias de desarrollo del sudeste de Asia en los 60 y 80, todos necesitaron cohesión social.
No es un punto a favor, sino un factor de deterioro que el espacio político de gobierno presente tensiones y desalineamientos sobre temas de gestión económica, más aún en una fase inflacionaria que parece no tener indicios de reversión, al menos en el corto plazo.
*Investigador del IAE Business School, escuela de negocios de la Universidad Austral y uno de los autores del Informe Económico Mensual (IEM) de la misma escuela de negocios.
