Recientemente el periodista Diego Cabot se refirió a la oposición entre relato y realidad que sigue imperando en la gestión pública nacional en materia de nombramiento de funcionarios para cargos específicos de control.
Lo particular del caso es que en su columna (*) se refería a los nuevos directores de transparencia y si estos cumplían o no los requisitos para cubrir los cargos.
Tal fue la sorpresa que los casos de designación encontraban excepciones en niveles tales que demostraban no tener título universitario, no tener posgrado con especialidad en la temática, no tener experiencia alguna en la materia o tener experiencia en algún área de la temática pero no los estudios requeridos o certificaciones que el caso requiere.
La transparencia es derecho propio de la opinión pública
El chequeo realizado por el periodista le había arrojado 39 nombramientos con excepciones por incumplimientos y aún quedan áreas del Poder Ejecutivo, en este caso, por cubrir lo cual no hace suponer que la lógica difiera mucho y de darse un caso que cubra con todos los requisitos estaríamos paradójicamente ante una excepción a la regla política.
Pero como contrapartida, desde la oficina responsable de tutelar estas designaciones, por ser responsable de la aplicación de la Ley de Ética vigente y poner en discusión una nuevo proyecto que aún no muestra resultados definitivos, se presentaron con anterioridad al informe periodístico los resultados preliminares de la Encuesta Nacional de Integridad. Esto fue en diciembre del 2021.
En la comunicación oficial realizada por la web se desliza la importancia de la encuesta dado que los datos permiten mejorar la toma de decisiones para las políticas públicas y sirven para darle más transparencia desde el Estado.
Se afirma además, en el mismo sentido que de este modo se conoce y se puede robustecer las capacidades de gestión en 146 organismos y 45 empresas con participación estatal mayoritaria.
Transparencia Internacional evidencia nuestra inactividad
Finalmente, destacan que en los dos últimos años de gestión aumentó la capacidad de espacios de integridad en organismos públicos de 21 a 45, siendo un avance en la materia y que el foco estaba puesto en los conflictos de intereses y las declaraciones juradas de los funcionarios.
Respecto al proyecto de ley que se encuentra bajo discusión en instancias sociales y estatales pero aún no enviado al Congreso de la Nación Argentina se puntualiza que se trabaja con una perspectiva de justicia social y compromiso con los derechos humanos invitando a la participación ciudadana para realizar aportes.
Viendo todo lo anterior reseñado, vemos dos caras de la realidad. Una investigación que desnuda prácticas y por otro lado una Encuesta Nacional que siendo una foto dice muy poco respecto de la realidad y de lo que comentan y suman como idearios posibles los mismos funcionarios responsables de la aplicación de las normas respectivas.
Cuestionan al candidato del Gobierno para la agencia de transparencia
Por esto, este contrapunto o puesta en espejo de dos versiones distintas nos obliga aún a pensar que el relato sigue lejos de verificarse en la realidad de la gestión. Dos ejemplos recientes se suman en el mismo sentido:
- El último resultado de Transparencia Internacional y los 18 puestos descendidos son una muestra que clarifica de sobremanera la creciente opacidad sobre esta situación narrada.
- La nueva propuesta de designación al cargo de la Dirección de la Agencia de Acceso a la Información Pública, por RESOL-2022-18-APN-JGM, a una persona especializada en desarrollo económico y sin formación específica previa en la materia. Un detalle no menor es que, sin perjuicio de todo esto, ya ocupa un cargo de Subsecretaria de Fortalecimiento Institucional dependiente de la Secretaría de Gestión y Empleo Público de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación. Es decir, se está formando en su paso por la función pública sobre estas competencias técnicas.
Finalmente, resta por querer a bien, en el plazo que aún se tiene de la actual gestión nacional, los indicadores, las designaciones y las encuestas nacionales pueda mostrar una mejora en calidad, verificable, con evidencia, y además como corolario, tengamos una nueva ley de ética e integridad acorde a los tiempos, prácticas o estándares y tecnología aplicable para su real efectividad. Si vamos camino a eso o no, lo veremos en la presentación de la agenda de la Asamblea Legislativa del primero de marzo.
(*) publicada el 27 de enero en el diario La Nación.
* Javier Adrián Cubillas. Analista de Asuntos Públicos, Fundación Atlas para una Sociedad Libre de Argentina.
