El 9 de junio el presidente Alberto Fernández anunció la intervención de la cerealera Vicentin, provocando una gran reacción política y social, donde los paralelismos entre este avance sobre la propiedad privada y las expropiaciones de Hugo Chávez se mantuvieron en el imaginario de gran parte de la sociedad argentina.
Tras casi dos meses, sin apoyo social ni legislativo en esta iniciativa, el presidente Fernández anunció que daría marcha atrás, derogando el Decreto de Necesidad de Urgencia que establece la intervención, lo que representa un hito poco valorado para el futuro de la institucionalidad argentina.
Muchas veces se habla de la “venezolanización” de Argentina a la ligera. La complejidad institucional de Argentina dificulta que pueda seguir completamente los pasos del socialismo del siglo XXI, aunque esto no quiere decir que gran parte del gobierno apueste por alcanzar ese modelo. Sin embargo la situación de la intervención de Vicentin puede mostrarnos el resultado de la primera pulseada al respecto.
Alberto Fernández: "Queríamos rescatar a Vicentin, ahora no sé para dónde van a correr"
Para realmente pensar lo que ha ocurrido con la empresa cerealera, debemos remontarnos a marzo del 2008, donde en la ciudad de Caracas, el gobierno de Chávez anunciaba la intervención de Lácteos Los Andes, siendo esta una de las expropiaciones más icónicas y representativas del sector privado venezolano.
Dicha iniciativa consistió en una trama jurídica forjada por el chavismo, donde la Asamblea Nacional (Órgano unicameral legislativo de Venezuela) le otorgaba al Presidente, a través de una Ley de Seguridad y Soberanía Agroalimentaria, la capacidad de ejecutar la adquisición forzosa de una empresa, con el fin de procurar el beneficio común de la República.
Aquí conseguimos la primera diferencia a favor de las instituciones argentinas. La intervención de Vicentin se basa en un Decreto de Necesidad de Urgencia (DNU), un instrumento de uso particular para la empresa, y no es un poder legal más amplio que pudiera permitir reproducir esta iniciativa. Al mismo tiempo, la composición del Congreso argentino impide que una ley que le otorgue poderes a Fernández sea políticamente viable, mientras que para Chávez la anuencia del legislativo nunca fue problema.
Los secretos de la marcha atrás de Fernández en la expropiación de Vicentin
Días después de la expropiación de Lácteos Los Andes, sindicatos e incluso puestos gerenciales de la empresa se manifestaron a favor del proyecto. Por si fuera poco, gran parte de los trabajadores y adeptos a Chávez hicieron una marcha en varias partes del país para agradecerle al presidente. Y es que el sin fin de beneficios que recibían los empleados públicos gracias al enorme aparato clientelar que Chávez había construido con la bonanza petrolera, provocaba el deseo de ser empleado de una empresa expropiada.
En Argentina, sin embargo, en la misma noche del anuncio tuvieron lugar diversos cacerolazos en todo el país, que fueron sucedidos por banderazos y marchas en varios puntos del país. Aunque lo más simbólico fue una manifestación en la localidad de Avellaneda (donde se encuentra una de las principales oficinas de Vicentin), allí parte de la sociedad civil y trabajadores organizaron una movilización bajo el lema “Cuidemos lo nuestro”, impidiendo incluso que los interventores designados por el gobierno entraran a la empresa.
Finalmente, quedaría pendiente hablar de la justicia. Hugo Chavez expropio más de 1200 empresas durante un plan “estratégico” de estatizaciones. A pesar de que diversas cámaras empresarias y asociaciones civiles, así como las mismas empresas, iniciaron demandas contra el Estado venezolano, ninguna de ellas prosperó en los tribunales nacionales.
Alberto Fernández derogó el decreto que ordenaba la intervención de Vicentin
Pocos días después del DNU del presidente Fernández, el juez Fabián Lorenzini dictó un duro dictamen contra la intervención. A pesar de que no la extinguió, manifestó que la intervención no podía establecer la sustitución de la junta directiva de Vicentin, por lo que los interventores solo podrían servir como veedores, lo que simbólicamente exponía la indisposición de la justicia de acompañar al gobierno en esta movida.
Conclusión: “Argenzuela” tendrá que esperar
La aventura de Vicentin nos arroja entonces una esperanzadora verdad sobre Argentina: el check and balance funciona.
Este fragante avance sobre el derecho de propiedad en el país ha sido revertido, no solo en el plano institucional, sino que también fue testimonio de lo atenta y dispuesta que está la sociedad de manifestarse contra cualquier abuso gubernamental.
Caso vicentin: ¿una propuesta superadora en serio?
Es un duro revés para un presidente que dice “extrañar” a Chávez, y que hoy ve en Vicentin un fiel testimonio de lo complicado que será emular al presidente venezolano, aunque no se deba pensar que es imposible.
Poco tiempo queda para celebrar, pues una nueva pulseada se acerca con el proyecto de reforma de la justicia anunciando recientemente por el gobierno. Hoy podemos decir ¡Bien por Argentina!, pero debemos recordar que “el precio de la libertad es la eterna vigilancia” -Thomas Jefferson.
* Responsable de Desarrollo Institucional en la Fundación Federalismo y Libertad, y estudiante becario de la Universidad del CEMA.
