Después de todo lo que vimos el jueves pasado —esa secuencia interminable de disturbios que duró horas y que la televisión transmitió casi con el rigor de una cadena nacional—, la respuesta institucional vuelve a ser la misma de siempre: apenas 20 detenidos, de los cuales la mitad ya fue puesta en libertad. Una cifra insólita, casi ridícula, que confirma la dinámica de impunidad recurrente en la Argentina.
Pero el dato de la calle no viene solo; viene acompañado por una reconfiguración política llamativa. En un intento por recuperar el terreno perdido, los sindicatos tradicionales y los movimientos piqueteros han decidido unirse para anunciar un nuevo raid de protestas.
La CGT profundizará su plan de lucha con movilizaciones
Es una alianza que nace de la debilidad: tanto la CGT —cuya pérdida de peso quedó expuesta tras el confuso episodio con Facundo Moyano— como los movimientos populares atraviesan un marcado declive. Por separado, han perdido su histórico poder de presión y su capacidad de monopolizar la escena pública.
Lo desconcertante es el sustento de esa unión. ¿Qué conecta exactamente a la burocracia sindical de la CGT con los movimientos sociales y la izquierda radicalizada? En el fondo, nada. Convengamos en que la burocracia sindical argentina dista mucho de ser progresista o de izquierda; por el contrario, representa a un sector profundamente conservador. Estamos, en definitiva, ante una alianza estrictamente pragmática de sectores en retroceso que apuestan a la tensión en la calle como último recurso para no quedar invisibilizados.
Es el abrazo del ahogado: dos actores ideológicamente incompatibles que se juntan únicamente para sostener una relevancia callejera que, de a poco, se les empieza a escurrir.
MEG
