En 2023 cumplimos cuarenta años de democracia ininterrumpida, lo cual implica un motivo para festejar. Sin embargo, este festejo nos encuentra en un momento muy particular que empaña el logro. La falta de acuerdos entre los sectores políticos que advertimos en los últimos años es tan pavorosa y genera tal retroceso que es posible pensar que hemos bajado un escalón en la calidad de nuestro sistema que tanto nos costó conseguir y conservar.
Empecemos por lo que sucede en el Congreso. El ejemplo de las sesiones extraordinarias es demasiado ilustrativo. El Gobierno las convocó para tratar una veintena de proyectos de ley, entre los que se encontraban prórrogas de sistemas previsionales, regímenes de promoción energéticos, sistemas impositivos especiales para quienes exportan servicios y otros proyectos. Como, a su vez, el oficialismo decidió avanzar también en extraordinarias con el juicio a la Corte Suprema, la oposición sostuvo el rechazo y se rehusó a tratar los otros temas. Nuestros representantes se ocuparon durante estos meses solo de ese asunto, que se sabe no prosperará, mientras que los temas urgentes quedaron en mesa de entradas. Esto va en línea con el declive que muestra la actividad legislativa en el último año. La cantidad de sesiones y leyes sancionadas durante 2022 fue de las más bajas de la historia legislativa.
A su vez, nuestros representantes ya han directamente dejado de lograr consensos que requieren mayorías de 2/3, lo cual bloquea el funcionamiento de numerosas instituciones relevantes para el sistema democrático. El primer llamado de atención data de hace catorce años, tiempo en el que la Defensoría del Pueblo está vacante. Como, en este lapso, a muy poca gente le ha importado esta situación, el problema pasó desapercibido. En cambio, ahora se manifiesta en instituciones que suelen despertar más interés.
Hace más de cuatro años no tenemos responsable titular en el Ministerio Público Fiscal (jefatura de las y los fiscales nacionales). El interino no quiere siquiera iniciar concursos para las vacantes que se acumulan alegando que su puesto no es permanente, mientras que ya tiene casi la mitad de los cargos vacantes. A este déficit se le agregó, hace casi dos años, una vacante en la Corte Suprema. El Poder Ejecutivo ni siquiera envió una propuesta pese a que hay un decreto que le otorga pocos meses para hacerlo.
Además, en línea con la batalla desatada sobre la Justicia, tampoco se alcanza en el Consejo de la Magistratura esa mayoría especial para nombrar jueces y juezas. Cada vez hay más tribunales vacíos, que se ocupan con suplentes, que de esta forma pasan a tener que ocuparse de dos tribunales a la vez. Cobran un 30% adicional por esa tarea y por eso se escuchan muchos menos reclamos de los que el tema amerita. En cambio, las personas damnificadas que dependen de la Justicia para defender sus derechos tienen una voz muy débil.
Es sorprendente que la gravedad del problema no lo haga más visible. El ejemplo de Rosario alcanza para comprenderla. Quienes viven allí habitan un infierno como nunca se ha visto en Argentina. Sin embargo, de los diez juzgados federales que deben ocuparse del narcotráfico, cuatro están vacantes desde hace mucho tiempo. También está vacante la mitad de los puestos de camaristas federales de Rosario. ¿Qué piensan quienes tienen la responsabilidad de designarlos y no lo hacen?
Desde el lado de la ciudadanía, no vemos representantes desesperados por la situación de impotencia que implica no poder hacer su labor, no hay diputados o consejeros de la magistratura realizando sentadas en sus bancas protestando porque no pueden cumplir sus funciones o renunciando al salario por falta de asignación de tareas. Solo se dedican a echar culpas al rival pero no presentan ni una actitud acuerdista ni demostrativa de la gravedad de la situación.
Por ende, la verdadera grieta parece estar entre sociedad civil y los representantes. Intentando una analogía al absurdo, somos las hijas e hijos de una familia en la cual las peleas entre los padres genera que no vayamos a la escuela. Ya no nos importa quién tiene razón, importa el daño que nos producen. Y en este cumpleaños cuarenta hay que difundir que si no se vuelven a producir acuerdos entre los sectores políticos, muchos aspectos muy relevantes de la democracia están en peligro.
*Abogado y cofundador de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ).
