El caso del ex-gerente de administración y finanzas de la empresa de televisión estatal, Facundo Capellini, que terminó siendo despedido luego de ser denunciado por su secretaria por acoso laboral, es de extrema gravedad, pero a su vez, constituye uno más de tantos escándalos que han sacudido a la gestión de Rosario Lufrano al frente del sistema de Medios Públicos.
La secretaria de Capellini denunció que el gerente ahora cesanteado, la recargaba con su propio trabajo, la sometía a una toma de decisiones impropia de una secretaria, solamente porque, claro, él mismo no hacía el trabajo que le correspondía.
No cumplir tareas para las que fueron designados los funcionarios políticos de la TV Pública es una práctica habitual de la actual administración.
En idéntica lógica se inscribe el caso de Roberto Gambuzza, el gerente de prensa y relaciones institucionales, que aparentemente no ha asistido a su lugar de trabajo jamás, desde que aceptó el cargo.
La necesaria reestructuración de la TV Pública
Resulta imposible sostener medios públicos con un funcionamiento adecuado y una rentabilidad razonable, si los funcionarios a cargo no cumplen los roles asignados. El abandono al que se ha sometido a tales empresas resulta inadmisible y se requiere una urgente reformulación de su estructura de funcionamiento. De hecho, y para empezar, es fundamental una gerencia dedicada a su adecuada operación.
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Solamente en circunstancias como las descriptas, se explica que los medios públicos pierdan más de 30 mil millones de pesos por año. Ocurre que, en realidad, como ya lo hemos explicado, la televisión pública no es para nada gratuita, mucho menos plural, diversa u objetiva.
Si bien los sectores audiovisuales privados siguen financiando a Radio y Televisión Argentina S.E., los recursos que recibe de modo directo del Poder Ejecutivo a través de transferencias del tesoro, constituyen su principal fuente de financiamiento. Es decir, a la Televisión Pública la financian los monotributistas, los sectores productivos que pagan retenciones, el agro, los profesionales independientes, los docentes y los trabajadores, activos y jubilados, que pagan IVA e impuesto a las ganancias.
Permítasenos la digresión: a los funcionarios que no trabajan en la Televisión Pública, les subsidian su abultado salario, los docentes, jubilados o personal de la salud.
No existe empresa privada, ni mucho menos empresa de medios, que resista semejante nivel de desmanejo y por ende, de pérdida financiera. Se entiende perfectamente que los fines de un medio privado y los de medios públicos son diferentes, pero eso no implica que no puedan desarrollarse productos de calidad, que generen ingresos, o que tengan que sostenerse gerencias y grupos de empleados improductivos y desinteresados, y además incumplidores de las mínimas condiciones éticas en sus ámbitos de trabajo.
Creemos que es una falsa premisa que los productos culturales o educativos no puedan ser rentables, generar ingresos que financien al menos una parte de los gastos. Todo aquel que haya conducido o administrado un medio privado, sabe que se pueden elaborar buenos productos que resulten, además, rentables. ¿Por qué esto no sería posible en los medios del Estado Nacional? Solo la desidia lo explica.
Es perfectamente posible. Se logrará a través de un cambio profundo que permita llevar a cabo el reordenamiento de dichos medios, eliminar gasto superfluo, y la maquinaria política montada de funcionarios y directivos militantes. Es necesario elaborar productos de primera calidad que generen ingresos para que, por sí mismos, sean capaces de sostener una estructura lógica, mínima y racional para generarlos, como sucede con todas las televisiones públicas del mundo que además de su rol cultural y social generan contenidos atractivos y competitivos para el mercado global audiovisual.
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No es posible tampoco, aceptar el atronador silencio de las organizaciones que velan por los derechos de las mujeres, cuando una de ellas es acosada dentro de una empresa estatal. Todo el escándalo Capellini tendió a ser ocultado, también se ocultó el caso del gremialista Ricardo Guilarte, quien parece desempeñarse en la Gerencia de Producción de la TV Pública. El abusador, encerró a una compañera de trabajo en un cuarto, y procedió a realizar todo tipo de tocamientos y vejaciones. Según la víctima le habría dicho mientras tanto: “Dale, que vos sos salteña, a vos te gusta, negrita”.
El directorio ocultó la situación todo lo que le fue posible, y cuando se vio obligado a actuar, suspendió al abusador en lugar de despedirlo, pese a la existencia de al menos, un testigo presencial del aberrante hecho.
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Lo principal para esta gestión parece ser proteger a los miembros de la militancia. Poco se sabe de las medidas que se tomaron para proteger los derechos de las empleadas acosadas. El mismo silencio imperdonable que mantiene el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género. Donde se asientan los colectivos de mujeres kirchneristas y cuando las violentadas, acosadas o asesinadas son víctimas de sus dirigentes, ya sean gerentes de la tv pública o dirigentes de la estructura gubernamental del Chaco, guardan silencio.
Por ende, es sustancial llevar a cabo una reforma integral de los medios públicos, gerenciarlos con eficiencia y dedicación, terminar con el caos de abusos producto de la falta de orden y el desinterés gerencial, y cambiar su perfil para que cumplan sus fines.
* Presidente de Fundación LED; Horacio Minotti es Miembro Fundación LED
