Desde el 23 de febrero de 2022, el mundo se volvió un lugar más peligroso e inseguro de lo que era ya para millones de personas. La invasión de Rusia sobre Ucrania transfiguró para siempre millones de vidas, segó un número aún indefinido, expulsó de su tierra de forma forzosa a otras tantas e impactó, con daño diverso, en todo el planeta por sus efectos colaterales sobre el precio de la energía y los alimentos. A doce meses que la primera bomba fue lanzada sobre Ucrania, los ecos de la explosión aún resuenan en nuestras mentes y corazones.
En todo este tiempo, las potencias globales se han comprometido con esfuerzos beligerantes más que soluciones dialogadas. Mientras tanto, el costo es la sangre de millones de víctimas directas e indirectas de este conflicto. Los gobiernos deben comprometerse a proporcionar la asistencia humanitaria y de desarrollo necesaria a largo plazo a Ucrania, para garantizar la protección efectiva de los derechos económicos y sociales, reconstruir la infraestructura esencial, revitalizar la economía y garantizar los derechos a un nivel de vida y salud adecuados.
Pero también se deben poner las necesidades de las víctimas en el centro de todas las respuestas. Comprometerse a una Justicia significativa y una compensación adecuada a través de una investigación efectiva y juicios justos de todas las personas sospechosas de haber cometido los más abominables crímenes de guerra y otros delitos de derecho internacional. El mundo debe garantizar así un compromiso a largo plazo con la Justicia internacional para Ucrania.
Desde que comenzó la invasión rusa en febrero de 2022, Amnistía Internacional ha documentado y denunciado de forma rigurosa los crímenes de guerra y las violaciones de derechos humanos cometidos en la nación europea, y ha hablado con cientos de víctimas y supervivientes cuyos relatos ilustran la brutal realidad de la guerra de agresión de Rusia. Nuestra prioridad en este y en cualquier conflicto es asegurar la protección de la población civil.
Así, hemos puesto el foco en el peligro detrás de la militarización de la central nuclear de Zaporiyia, exhortando a la ONU a tomar cartas en el asunto. Las acciones de Moscú en torno a una de las plantas más grandes de Europa solo se entienden como parte de una estrategia más amplia para amenazar a la población civil y poner en grave peligro a millones de personas.
Nuestra organización, además, ha dado cuenta de las numerosas violaciones de derechos humanos cometidas por el Ejército de ese país, como ataques indiscriminados sobre la población civil, uso de municiones de racimo prohibidas y minas dispersables y ejecuciones extrajudiciales. Obtener pruebas sobre esa conducta es crucial para avanzar con los juicios presentes y a futuro respetando las normas internacionales que permitan dilucidar responsabilidades y lograr condenas acordes.
Un ejemplo son las fosas comunes en el bosque de Izium, en la región de Járkov, una de las zonas más castigadas por los bombardeos rusos. Las autoridades ucranianas hallaron más de 440 enterramientos apresurados, tumbas colectivas y otras identificadas solo con cruces de madera, muchas de ellas sin nombre siquiera.
También el bombardeo incesante por meses de barrios residenciales de Járkov desde que comenzó la invasión o el ataque directo sobre el teatro de Mariúpol, centro de distribución de medicinas, agua y alimentos y punto designado para quienes esperaban ser evacuados a través de los corredores humanitarios. El edificio se encontraba claramente identificado por gigantescos caracteres cirílicos que escribían la palabra “Дети” –niños, en ruso– en sus explanadas, a los ojos de los satélites y los pilotos rusos. Pero las bombas impactaron igual.
Un año después, la fuerza expansiva de aquella primera bomba no se extinguió. Tampoco el reclamo de justicia
El desplazamiento involuntario de las personas civiles a Rusia –gran parte de ellas niños y niñas no acompañados, separados o huérfanos, así como civiles de la tercera edad– es cínico y cruel. Muchas quedan atrapadas luego por falta de información, recursos económicos y de movilidad. Y los ‘simulacros’ de juicio a prisioneros de guerra ucranianos en una farsa de ‘tribunal internacional’, nada menos que en la azotada Mariúpol, representan prácticas ilegales y abusivas, además de otro acto de crueldad contra esta ciudad.
Ni hablar de los periodistas y activistas enjuiciados en Rusia por intentar rasgar el velo de la propaganda. Un año después, la fuerza expansiva de aquella primera bomba no se extinguió. Tampoco el reclamo de justicia.
*Directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.
