El sistema que debería perseguir el ciberdelito llega siempre tarde.
En El traje nuevo del emperador, cuento de Hans Christian Andersen, dos sastres le venden al rey un traje invisible. Pero hay una trampa en el engaño: le dicen que la tela es tan especial que solo las personas dignas e inteligentes pueden verla. Los que no la ven, simplemente no merecen verla.
El emperador no ve nada. Pero no lo admite. Sus ministros tampoco. Los nobles, los ciudadanos, todos callan. Porque reconocer que no ven el traje implicaría reconocer su propia indignidad. Entonces el rey desfila desnudo. Y todos aplauden.
Esta es la tercera nota de una serie sobre estafas digitales. La primera habló de cómo prevenirlas. La segunda, de qué hacer en las primeras horas después de caer. Esta habla de algo más incómodo: por qué el sistema que debería perseguir a los responsables llega siempre tarde. Y por qué todos lo saben pero nadie lo dice.
Estafas informáticas
Existe una ley. El artículo 173 inciso 16 del Código Penal que tipifica la estafa informática desde 2008. Existe la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia. Existen los juzgados y todo el andamiaje institucional que, en teoría, debería perseguir a quienes roban digitalmente. Lo que no tiene es velocidad.
El ciberdelito opera en milisegundos. Una transferencia fraudulenta puede recorrer cuatro billeteras virtuales en menos de diez minutos antes de retirarse en efectivo. El rastro digital existe, pero acceder a él legalmente lleva semanas. Para obtener los registros de una transacción sospechosa, el fiscal libra un oficio, la entidad tiene plazos para responder y si los fondos pasaron por una billetera de una empresa radicada en otro país, el trámite debe ir por cooperación judicial internacional. Los plazos se multiplican, el rastro se enfría y el estafador ya inició otra campaña.
No es una falla puntual. Es una falla estructural que todos conocen y muy pocos nombran.
En enero de 2026, el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal publicó una encuesta con un resultado que debería generar debate: el 75% de los abogados porteños considera "lento" o "muy lento" el plazo de tramitación de las causas judiciales, y atribuyen esa demora a la falta de eficiencia del personal y a fallas organizativas dentro de los juzgados.
Si el sistema en general ya es lento, el ciberdelito, que requiere una velocidad técnica de respuesta que la mayoría de los juzgados no tiene, queda en una situación todavía más desfavorable.
Y hay algo que como profesional del sector no puedo dejar de mencionar: en 2021, un ataque de ransomware contra el Ministerio Público Fiscal dejó sin internet a todas las fiscalías federales del país durante horas. El sistema que investiga los delitos informáticos fue víctima de un delito informático.
Si eso no es el rey desfilando desnudo, no sé qué lo es.
Los bancos tienen acceso en tiempo real a todas las transacciones que circulan por sus plataformas y saben cuándo una operación es inusual. Sin embargo, el 43% de los argentinos fue víctima de fraude digital en 2025 y principios de 2026, un número que no bajó sino que creció casi cinco veces en cuatro años.
El Estado sabe que existe un proyecto de ley para crear un registro nacional de cuentas utilizadas en estafas, que permitiría bloqueos en tiempo real como ya ocurre en Brasil. Ese proyecto duerme en comisión.
Y las víctimas saben que denunciar muchas veces no sirve para recuperar nada.
Pero nadie lo dice en voz alta. Porque admitirlo obligaría a cambiar algo.
El traje nuevo del emperador
En el cuento de Andersen, quien finalmente dice la verdad es un niño. No tiene nada que perder ni posición que proteger, y no forma parte del sistema que falló.
En el caso del ciberdelito argentino, ese rol lo ocupan las víctimas que se animan a denunciar sabiendo que probablemente no van a recuperar nada. Cada denuncia es un niño señalando al rey. Sin esas denuncias, el sistema no tiene datos reales sobre la magnitud del problema. Sin datos reales, no hay política pública posible. Y sin política pública, el 43% se convierte en 50%, y después en 60%.
Esta conversación termina cuando alguien con poder de decisión mire al rey y diga lo que todos saben: que el traje no existe, que el sistema necesita cambiar y que el ciberdelito no es un problema de tecnología sino de voluntad política para resolverlo.
Hasta que eso pase, el rey sigue desfilando. Y nosotros seguimos mirando.
