La desaparición de Luciana, la adolescente de 15 años de Colonia Caroya que esta semana mantuvo en vilo a Córdoba, terminó de la mejor manera posible: fue hallada sana y salva en menos de 24 horas. Pero el caso dejó planteada una pregunta que se repite cada vez que alguien no vuelve a su casa: si las compañías telefónicas saben por dónde estuvo un celular, ¿por qué esa información no se activa de inmediato? La respuesta incomoda, porque el problema no es técnico. Los datos existen. Lo que falla es el circuito que los pone a disposición de quienes buscan.
Las operadoras de telefonía móvil registran, por obligación legal y por el propio funcionamiento de sus redes, información valiosísima en una búsqueda: a qué antenas se conectó un teléfono, cuándo realizó o recibió llamadas y mensajes, y en qué momento dejó de tener actividad.
Con esos registros, un perito puede reconstruir un recorrido aproximado: no la posición exacta de la persona, pero sí las zonas por las que pasó. En las primeras horas de una desaparición, esa información puede ser la diferencia entre encontrar a alguien con vida o llegar tarde.
El problema es que nada de eso se entrega automáticamente. Esos datos están protegidos —y está bien que así sea— por el secreto de las comunicaciones y la Ley de Protección de Datos Personales. Para acceder a ellos hace falta una orden judicial. Y ahí empieza la carrera contra el reloj: la denuncia debe tomarse, una fiscalía debe intervenir, un juez debe librar el oficio, el oficio debe llegar a la operadora y la operadora debe responder. Cada eslabón suma horas. Mientras tanto, la ventana crítica se cierra.
Así se activa el protocolo de búsqueda: “Nosotras no buscamos muertas, buscamos vivas”
El caso cordobés lo ilustra incluso habiendo terminado bien: la búsqueda movilizó más de noventa efectivos, veinte vehículos y un helicóptero, pero la Alerta Sofía —el protocolo nacional para menores desaparecidos— recién se activó al día siguiente de la denuncia, porque su disparo depende de decisiones de la fiscalía y del Sistema Federal de Búsqueda de Personas (Sifebu).
El despliegue físico fue inmediato; la maquinaria de datos, no.
Como perito informático forense trabajo con este tipo de evidencia y veo el contraste todo el tiempo: la información estuvo siempre ahí, intacta, esperando. Lo que llega tarde es el permiso para usarla.
La pregunta de fondo no es por qué las telefónicas “no dicen lo que saben”, sino por qué no existe un protocolo de activación inmediata. Hay antecedentes: para los secuestros, la Justicia argentina ya cuenta con circuitos de urgencia que permiten intervenir comunicaciones en horas; en Estados Unidos, la alerta AMBER dispara automáticamente una batería de medidas apenas se formaliza la denuncia por un menor.
Acá, el acceso urgente a los registros sigue dependiendo de la diligencia de cada juzgado y de la carga de trabajo de cada operadora.
Un protocolo de emergencia bien diseñado no requiere sacrificar garantías: un canal judicial de guardia las 24 horas exclusivo para desapariciones, plazos máximos de respuesta obligatorios para las operadoras —medidos en horas, no en días—, formularios estandarizados que eviten oficios mal confeccionados, y la preservación inmediata de los registros desde la denuncia, aunque su entrega espere la orden del juez.
Nada de eso vulnera la privacidad: la decisión sigue en manos de la Justicia. Lo que cambia es la velocidad.
También hay que decir lo que estos datos no pueden hacer. Los registros de antenas ofrecen zonas, no coordenadas; un teléfono apagado o fuera de cobertura deja de aportar información; y la última conexión indica dónde estuvo el aparato, no necesariamente dónde está la persona. La evidencia digital es una pieza poderosa, no una solución mágica.
Esta vez hubo final feliz. Pero cada caso reabre la misma discusión y, cuando sale de la agenda, se cierra sin cambios. Que la próxima denuncia de desaparición encienda, de manera automática y con control judicial, toda la maquinaria de datos que hoy existe pero duerme a la espera de un oficio.
