La violencia armada es un grave problema en América Latina y en muchos otros lugares del Mundo. Según la Organización Mundial de la Salud, la probabilidad de que un joven latinoamericano muera por un arma de fuego es 84 veces mayor que la de un europeo. En el mismo sentido, Latinoamérica concentra el 42% de los homicidios que se producen en el mundo con el 14% de la población global.
Políticos y especialistas buscan atacar sus múltiples causas: reducir los robos, la violencia basada en género e intrafamiliar y las pujas por territorios para defender o ganar posiciones en los mercados ilícitos (drogas, armas o mercadería robada), etc. Sin embargo, se pone menos énfasis en reducir la fuente de armas con la que se ejerce violencia.
Las armas nacen legales (en una amplia mayoría) y se tornan ilegales en manos de los portadores sin autorización ni registro, o bien por el fin ilícito de su uso. La circulación de armas ilegales facilita la violencia armada. Los grandes arsenales, tanto como los pequeños, son una atractiva fuente de material para el mundo delictivo. Su deficiente control facilita el desvío de armas. Un mayor control de estos arsenales es clave para limitar la circulación y la transformación de las armas ‘legales’ en ‘ilegales’.
Existen diferentes iniciativas a nivel internacional para limitar estos desvíos. Por ejemplo, la ONU, con la participación de 24 entidades y más de 300 especialistas, redactó el ‘Modular Small Armas Control Implementation Compendium’ (Mosaic), en dónde se resumen las mejores prácticas para la gestión de arsenales. En su introducción, afirma: “una de las principales fuentes de armas ilícitas es el incorrecto manejo y control de arsenales, desde donde las armas legales ‘gotean’, ya sea por pérdida, o por robo”.
En el Tratado sobre el Comercio de Armas se establecen normas internacionales comunes, lo más estrictas posibles, para regular el comercio internacional de armas convencionales a los fines de prevenir el desvío y tráfico ilícito de armas convencionales. El propósito de dicho Tratado es contribuir a la paz, la seguridad y la estabilidad en el ámbito regional e internacional por medio del cumplimiento de dichas normas.
Dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU, tres de las principales metas del Objetivo 16 ‘Paz, Justicia e Instituciones sólidas’ establecen: reducir significativamente todas las formas de violencia y las correspondientes tasas de mortalidad en todo el mundo; recortar hasta 2030 las corrientes financieras y de armas ilícitas, fortalecer la recuperación y devolución de los activos robados y luchar contra todas las formas de delincuencia organizada; y crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas.
A pesar de estas loables iniciativas, el control de armas tiene muchas deficiencias. Los arsenales mayormente no cuentan con sistemas informatizados ni tecnologías de detección (en la Argentina, sólo la Prefectura Naval Argentina cuenta con un sistema de este tipo).
Estos sistemas permiten conocer en tiempo real el número de armas almacenadas, su ubicación física precisa, condición de uso y asignación. La visibilidad que brindan permite realizar rápidas auditorías registrables y una mayor eficiencia en la gestión de los stocks, desafío importante considerando la cantidad de personal de las fuerzas de seguridad.
El riesgo es alto en tanto las armas están distribuidas en cientos de arsenales y miles de salas a lo largo de todo el territorio nacional. De este modo, es imperioso avanzar en la incorporación de sistemas automatizados de gestión de arsenales.
El mayor control tendrá un efecto disuasorio, reduciendo riesgos de desvíos y, por ello, tornando más difícil el tráfico ilegal de armas. El resultado global será ponerle límites a la violencia armada en sus diferentes formas, en beneficio de la sociedad toda.
*Miembro del Centro Interdisciplinario de Estudios Avanzados de Untref y docente de Unsam en Innovación.
Producción: Silvina Márquez
