OPINIóN
Análisis

La violencia de la dirigencia política no puede quedar impune

La sexualización de las mujeres como forma de impugnar nuestras opiniones no es novedad en nuestro país. Este mecanismo busca excluirnos de la participación pública y negar nuestras voces.

Fernando Iglesias 20210712
Fernando Iglesias | NA

Mientras los parlamentos aprueban leyes y los gobiernos firman compromisos internacionales contra la violencia de género, se incrementaron los femicidios y la violencia contra las mujeres durante la pandemia.

La situación de confinamiento reforzó el aislamiento de las mujeres que tienen compañeros violentos, separándolas de las personas y los recursos que mejor podrían ayudarlas. Fue la situación perfecta para ejercer un comportamiento controlador y violento en el hogar.

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De forma paralela, al tiempo que los sistemas sanitarios se esfuerzan al límite, los refugios para la violencia doméstica alcanzan también su máxima capacidad, agravándose el déficit de servicio al readaptar dichos centros a fin de ofrecer una respuesta adicional al COVID. Pero no hay que descuidar entre tanto las redes sociales y los medios de comunicación que continúan con sus diatribas sexistas sin que los organismos que deberían defendernos, ejemplo Defensorías del Pueblo, INADI, entre otros, parecieran lograr alguna eficacia. Estos espacios hoy son uno de los espacios privilegiados para la naturalización de las violencias de género y su reproducción infinita.

Pero, además, cuando los que los usan son los encargados de hacer las leyes y de hacerlas cumplir haciendo gala de su misoginia y violencia contra las mujeres, la situación se vuelve doblemente grave. Por la investidura que la honorable función conlleva y el impacto social y de gran alcance mediático que su predicamento genera. Además estos personajes se sienten impunes.

A lo largo de mi militancia feminista social y política de más de treinta años me han tocado vivir en carne propia y ser testigo de cientos de circunstancias de esta índole por parte de varones de la política.

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Es revelador ver en todo el mundo los alarmantes datos de las encuestas a las mujeres políticas sobre las violencias recibidas de parte de los colegas o con motivo de sus funciones. Esta violencia es mucho más que un problema criminal, puesto que pone retos muy grandes a la democracia, los derechos humanos y la igualdad de género. Por ello, las soluciones no deberían ser sólo propuestas por el Estado, sino involucrar a un sinnúmero de actores distintos. Aunque los debates continúan, las académicas, políticas y activistas no debemos abandonar el concepto de violencia contra las mujeres en política, sino por el contrario, debemos trabajar juntas para llamar la atención sobre este problema y asegurarnos de que tanto varones como mujeres podamos participar en política sin temor a la violencia.

La sexualización de las mujeres como forma de impugnar nuestras opiniones no es novedad en nuestro país. Este mecanismo busca excluirnos de la participación pública y negar nuestras voces. Estamos convencidas de que en la construcción democrática no debe haber lugar para la violencia de género. Esta cultura nos sigue tratando como objetos, como servidoras sexuales o esclavas domesticas. En esa operación silencia nuestras voces como seres humanos y sujetos políticos, como mujeres capaces de expresar y de poder decir lo que sentimos y de poder llevar adelante acciones, como es la de reunirse con un Presidente.

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No soy amiga de Florencia Peña. No tengo la menor idea de cuándo ni para que fue a ver al Presidente. Ella expresa razones de índole gremial y nadie debería dudar de su palabra. Parte de la violencia es siempre suponer que las mujeres mienten. Pero además quiero ampliar que la violencia verbal machista no se evalúa por la veracidad o no de lo que hizo o dejó de hacer Florencia Peña y /o con Alberto Fernández. Reivindicamos también el derecho de las personas a decidir libremente sobre sus relaciones privadas o públicas y no por ese motivo ser estigmatizadas.

Las mujeres estamos hartas. Si agreden a una nos agreden a todas. Por eso abrazamos inmediatamente a Florencia después de su valiente actitud de expresar el hostigamiento que estaba recibiendo y muchas mujeres compartimos la preocupación y expresamos nuestra solidaridad desde distintas disciplinas y banderas partidarias, cosa que celebramos. Hacemos extensiva también nuestra solidaridad a Fabiola Yañez -porque sistemáticamente es objeto de violencia de género y en este caso también resultaba obviamente implicada- y a las otras mujeres que han sido agraviadas.

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Exigimos a la Cámara de Diputados la adopción de severas sanciones, incluida la remoción de quienes han incurrido en estas prácticas sexistas, como escarmiento, para garantizar que no haya más impunidad y que no se vuelva a repetir. Hay actitudes que son inaceptables en este momento histórico de la humanidad y menos aun viniendo de mandatarios públicos. De la decisión ejemplificadora que tome la Cámara también dependerá la credibilidad de las mujeres en el compromiso de la política con la causa de erradicar la violencia de género y la pauta orientadora para otros cientos de casos de violencia de género en otros ámbitos.