La discusión por la libertad se ha vuelto permanente en la Argentina. Es cierto que siempre el conflicto entre derechos que tienen una jerarquía similar es susceptible de ser discutido, y en este último tiempo las libertades individuales hicieron tensión con la pandemia y las necesidades sanitarias. Se ha hablado mucho de eso, pero, en honor a la verdad, ese no es el único plano en el cual la libertad está en riesgo.
La reforma al Ministerio Público Fiscal también es un problema de libertad, porque pretender que en un país no haya fiscales independientes, como se desprende del proyecto del Gobierno, sólo puede tener como consecuencia la pérdida de la liberad de pensar y actuar distinto al poder de turno. De allí a la persecución ideológica y política hay un paso: vamos camino, parafraseando a Erich Fromm, a que la libertad dé miedo.
Un proyecto así enciende las alarmas de todos los que creemos en los equilibrios republicanos: ¿Por qué el Gobierno presenta un proyecto extemporáneo, fuera de toda agenda social, casi a espaldas a lo que hoy les sucede a los argentinos? Quizá no haya una sola respuesta, pero sin dudas, que una de ellas es para poder manejar aún más a la Justicia, para tener la salida segura hacia cualquier impunidad.
Además de implicancias políticas, que las tiene y que no deben soslayarse, el proyecto del gobierno tiene gravedad jurídica, porque en sus postulados básicos amplía la injerencia de la política partidaria en la actuación de los fiscales, lo que viola a la Constitución Nacional, que protege a la institución con autonomía funcional.
Daniel Rafecas bajará su postulación a procurador general si avanza la reforma
Desde hace tiempo, quienes estamos atentos a los movimientos políticos sobre la Justicia, venimos advirtiendo que la reforma al Código Procesal y la migración al sistema acusatorio, ubica a los fiscales como una pieza clave: como un sector al cual se debe someter si se busca cooptar políticamente al Poder Judicial. Esta reforma viene a ratificar ese intento y, si bien no es el único gesto en ese sentido, quizá sea el definitivo.
Conviene revisar algunos de esos embistes a la independencia de la Procuración: el proyecto baja la mayoría en el Senado para el Acuerdo de designación del Procurador general; la reduce de una mayoría agravada (dos tercios) al equivalente a la mitad más uno. En la actual conformación del Senado, el oficialismo puede obtener la mayoría absoluta sin necesidad de consensuar con las otras fuerzas políticas. Una modificación hecha a medida.
El mecanismo de remoción de los fiscales es otro problema: el proyecto disminuye la representación de sectores ligados a la Justicia por afuera de la política partidaria, como el caso de la Abogacía, por ejemplo, a la cual directamente le eliminaron su participación en el Tribunal de Enjuiciamiento. Pero se suma una Comisión Bicameral del Congreso, con tres miembros, que están inevitablemente ligados a la política partidaria. De esta forma, la balanza podrá inclinarse en términos de amigo/enemigo, oficialismo y oposición.
Todo dilema nos obliga a un razonamiento sobre los valores que están en juego en cada decisión. Si un gobierno es capaz de avasallar instituciones para salvarse hoy, lo más probable es que destruya el mañana. Cada aspecto de esta reforma está hilvanado por un denominador común: la pérdida de independencia. Y sólo por eso, más allá de sus inconsistencias técnico-jurídicas, es escandaloso.
* Marina Sánchez Herrero. Abogada. Directora del Observatorio Jurídico de la Facultad de Derecho, Universidad Nacional de Mar del Plata. Ex Miembro del Consejo de la Magistratura.
