El presidente Milei ratificó cuál será la hoja de ruta del Gobierno después del abrumador revés de este jueves en el Senado: guerra contra todos. En un discurso de una hora y cuarto en la Bolsa de Comercio, planteó la siguiente secuencia: prometió vetar las leyes aprobadas por el Senado; judicializarlas en caso de que el veto presidencial fuera rechazado y, en el supuesto de que la justicia legitime las leyes, es decir, rechace su objeción, encajar el golpe, como dirían los españoles, o asumir su debilidad, aunque entendida como un mero hecho circunstancial. “El daño podría ser mínimo -dijo el Presidente-. En octubre la libertad arrasa y el 11 de diciembre se la vamos a revertir”.
El paquete de leyes votado por el Senado incluye iniciativas que tenían el impulso de la oposición parlamentaria, como la mejora en las jubilaciones, la imposición de la moratoria previsional y la emergencia en discapacidad, que consiguieron sanción, en un caso, con los dos tercios de los votos de la Cámara, y la unanimidad en los dos restantes.
La Cámara dio además media sanción, también con dos tercios de los votos, a otros dos proyectos, de reasignación de recursos, promovidos por un acuerdo sin precedentes por los 23 gobernadores y el jefe de Gobierno porteño: el de regulación de la distribución de los Aportes del Tesoro Nacional y del impuesto a los combustibles. Pasaron a Diputados. Esas dos iniciativas habían sido presentadas por los gobernadores al Gobierno en el marco de una ronda de encuentros en el Consejo Federal de Inversiones, que reúne en Buenos Aires a las provincias. Fueron rechazadas sin más.
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El Gobierno consiguió en las últimas semanas dos marcas inéditas. Logró primero que gobernadores de todas las provincias, pobres o ricas, de diferentes signos y pasado, aliados o no, algunos radicalmente opuestos como el mendocino Alfredo Cornejo y el bonaerense Axel Kicillof, consensuaran dos proyectos de ley y los enviaran para ser tratados directamente en el recinto del Senado, es decir, sin dictámenes y con mayoría calificada. A continuación, el Gobierno consiguió que, si bien no del todo opuestos, confluyeran en la misma Cámara los intereses de los gobernadores y los de la oposición parlamentaria.
Frente a un Gobierno para el que no cuentan los matices, un caso para observar en el Senado es el de Luis Juez. Un senador aliado del Gobierno, que ha logrado cercanía con Milei y que busca vencer al peronismo cordobés de Llaryora y Schiaretti en Córdoba, ahora con el concurso de La Libertad Avanza, acompañó el proyecto de recomposición previsional y de emergencia en discapacidad. Juez se quebró mientras exponía su posición: su hija Milagros sufre parálisis cerebral.
En el conglomerado de gobernadores se repiten, con menos dramatismo, casos como el de Juez. Muchos de los que han acompañado leyes fundamentales del gobierno de Milei ven que los fondos de sus provincias están pisados por Hacienda y piden una reglamentación del reparto de recursos que pertenecen a las provincias.
Como se ha dicho ya, desde el triunfo libertario en la Ciudad de Buenos Aires, La Libertad Avanza decidió dar por terminada la estrategia frentista como método de construcción política. Exige sumisión, como ha quedado de manifiesto en la presentación de la Alianza La Libertad Avanza, a la que asimiló al PRO en la Provincia de Buenos Aires, o abierta confrontación, un diseño que privilegia la competencia en todo el país con candidatos propios, libertarios “puros” que desafían el poder territorial en las provincias. Junto al retaceo de fondos públicos, representa una doble pinza sobre los gobernadores, muchos de los cuales comparten electorado en sus provincias con Milei.
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Los gobernadores se mantuvieron ayer en silencio. Las dos iniciativas que les interesan tienen bajo impacto fiscal -0,2% del PBI, estiman- y todo indica que serán convertidas en ley en Diputados. Ellos podrían serán la llave ya no para convalidar ATN y combustibles, sino para rechazar el eventual veto presidencial a la recomposición y la moratoria en jubilaciones, impulsada por el peronismo, con un costo fiscal significativamente mayor, según el Gobierno, de 2% del PBI, (el Congreso lo estima en la mitad).
En las provincias se observa al Gobierno con preocupación. Después de las elecciones deberán seguir intentando entenderse y negociar con un Milei con acaso mayores pretensiones reformistas, aunque igualmente en minoría parlamentaria. Circula la idea de que al Presidente nadie le explica debidamente sobre estas cuestiones fiscales que conciernen a las provincias. Que sus funcionarios no se le animan. Y que se informa por Twitter. El infeliz metamensaje del 9 de Julio que enredó al ministro de Economía Luis Caputo y al conductor Alejandro Fantino reveló amateurismo político. O peor que eso, puso oscuridad en un momento de incertidumbre en la economía, en el umbral de las elecciones. ¿Las leyes podrían conducir a la economía al caos o el “daño podría ser mínimo”? ¿Dónde está la verdad?
