A partir de la muerte anunciada de Úrsula Bahillo formulé algunos interrogantes relacionados a las políticas de género y a la utilización que el Ministerio de la mujer comandado por Elisabeth Gómez Alcorta hace del dinero asignado por el Gobierno.
No es la primera vez que lo hago (en este mismo medio señalé como incoherente que se haya estipulado un porcentaje mayor del PBI a Género que a Educación para 2021) pero es probable que el tono haya sido menos apacible que en otras ocasiones. No es para menos: muchas mujeres y minorías sexuales cifraron sus esperanzas en la creación de un organismo destinado a mejorar su calidad de vida, pero en más de un año, lejos de mejorar, las cosas empeoraron.
Muchas mujeres y minorías sexuales cifraron sus esperanzas en la creación de un organismo destinado a mejorar su calidad de vida, pero en más de un año, lejos de mejorar, las cosas empeoraron
El artículo también daba cuenta de cuestiones que ya se conocen a nivel masivo como el mal funcionamiento de la línea 144 y las comisarías de la mujer, la facilidad que los agresores tienen para sortear medidas perimetrales y la falta de vocación del movimiento de género institucional para que gays y lesbianas tengan un trato igualitario cuando hacen denuncias por violencia doméstica. Tuve la delicadeza de no ironizar sobre otras cuestiones que ya son memes, como los gastos que el Ministerio efectúa en eventos y el reparto de cargos entre personas que no están formadas para ejercerlos.
Pretendí publicar el artículo en una revista digital profusa en firmas ilustres del oficialismo porque advertí –o más bien quise creer- que se permitían allí ciertas críticas tendientes a reclamar cambios urgentes a quienes tienen los recursos y la declamada voluntad política de llevarlos adelante. También cavilé, al no tener esta revista digital casi ninguna mujer firmante, que lo mío sería aceptado de buen grado (cosa que por otra parte el editor me hizo creer antes de leer el material).
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Una vez leído, recibí una negativa que incluía esta oración: “La nota tiene las tintas cargadas sobre Gómez Alcorta y el femicidio queda en un muy segundo plano”. No debería haberme sorprendido que continúe el abroquelamiento de los medios oficialistas -incluidos los insignificantes en cuanto a la cantidad de lectores- frente a cualquier opinión que pretenda interpelar el discurso que baja desde el poder. Pero hay algo más inquietante en esto del “femicidio en segundo plano” en tanto exigencia por destacar los detalles de una muerte en detrimento del intento de visibilizar las complicaciones estructurales que le dieron lugar. Y ese problema no es exclusivo de un medio, ni de un opinador. Es algo extendido y, por extendido peligroso, ya que obtura las posibilidades de revisar, pulir y afianzar las estructuras destinadas a atender estas situaciones.
Desde el gobierno, las repuestas al reclamo popular por la muerte de Úrsula Bahillo pasan, por ahora, por crear un nuevo Consejo de femicidios y promover una reforma judicial feminista. ¿Estaremos de cara a una mejora real de la situación o sólo sumaremos más oficinas y funcionarios que ni siquiera podremos interpelar en el futuro?