El desarrollo, el racional aprovechamiento del potencial productivo, necesita – para que el sector privado lo lleve a cabo – de un sistema de ‘zanahorias’ de largo plazo atractivas, respecto de otras que se ofrezcan en los mismos espacios geoeconómicos; y que además sean compensadores de las deficiencias relativas de productividad sistémica del país.
Las inversiones privadas, necesarias para el desarrollo, son siempre decisiones “comparativas” dentro del mismo espacio geoeconómico.
Las ‘zanahorias’ son los recursos que el Estado pone a disposición de los empresarios para incrementar la tasa de retorno respecto de la que surgiría si rigieran, en todo, los precios de mercado. Las ‘zanahorias’ reducen el costo de la inversión e insumos; o premian los precios de los bienes finales: se trata de generar más utilidad para atraer capitales.
Desde el “industricidio”(1976), nuestro país suprimió todo sistema de incentivos a la inversión, mientras, por ejemplo, nuestro principal socio regional (Brasil) continuaba la promoción del desarrollo e incrementaba dramáticamente el apoyo estatal, en todos los niveles, a las inversiones, acompañando con gigantescas obras de infraestructura y apoyo financiero.
En 1975 el valor agregado por la industria argentina era superior al de Brasil. Medio siglo después el de Brasil claramente nos supera. Obvias conclusiones de dos caminos de sentido contrario.
Necesitamos desesperadamente un sistema de ‘zanahorias’ para el desarrollo (minería, pesca, zonas rurales, energía convencional y no convencional, infraestructura, etc.) y para ampliar y modernizar, el capital ya instalado.
Para que ese sistema de promoción sea eficaz, debe aglutinar una opinión abrumadoramente mayoritaria. Sin el trabajado consenso de, por los menos, el 80% de los legisladores y de la convicción de empresarios, sindicalistas, academia y partidos, ningún sistema movilizará una cadena de inversiones suficientemente larga, en el espacio y en el tiempo, como para ser verdaderamente transformadora.
El Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI) conforma zanahorias garantizadas por 30 años, reguladas por tribunales extranjeros y - por ahora - sin un consenso (dentro y fuera del Parlamento) que asegure su vigencia y continuidad, por un mínimo de tiempo, como para ser un proyecto movilizador.
El RIGI propuesto por el Gobierno puso en alerta a sectores de la economía argentina
La suerte de la ley en el actual Parlamento no cambia el hecho de que será una norma sin consenso y por tanto provisoria. Aunque sea poca, la vigencia puede ocasionar daños irreparables. No es una ley para el desarrollo.
El RIGI se propone aplicable a todas las actividades sin límite de sector, localización o destino. Minería, agro o industria; el proyecto RIGI puede ser competitivo con actividades existentes, exportadoras o no: sin prioridades sectoriales, regionales o de destino, es un “Ven y haz lo que quieras”.
Los extraordinarios beneficios serán por 30 años. Cualquier actividad ya instalada (y esto significa su potencial desaparición) sea agropecuaria (soja, carne) o industrial (automotriz), o inclusive los que explotan minerales o energía, deberá competir con un proyecto RIGI.
En el impuesto a las ganancias, un proyecto RIGI, por ejemplo, de autopartes pagará el 25% y el empresario que ya invirtió pagará 35%; el RIGI 0% de IVA y el instalado 21%. La empresa RIGI no pagará ingresos brutos y las demás, en promedio, 6%. Un proyecto RIGI no pagará Tasa Estadística, los demás 3%. Un RIGI no pagará Impuesto País, los demás 17,5%. El RIGI no pagará derechos de exportación después de 3 años, y obviamente todos los demás seguirán pagando. Un RIGI no pagará percepción de IVA y Ganancias, impuesto a los débitos y créditos y todos los demás sí. Un RIGI disfrutará de amortización acelerada y los demás no. Un RIGI no pagará impuesto a los dividendos después de 3 años, los demás 13%. Un RIGI podrá importar equipos usados y – por cierto – la totalidad de insumos y repuestos; los demás no.
Los proyectos RIGI no están condicionados a empleo, desarrollo de proveedores locales, transferencias de tecnología. Pero podrán disponer en 3 años del 100% de su facturación de exportación fuera del país, etc.
En estas condiciones, y otras que sería largo listar, ningún argentino de bien, ni ebrio ni dormido, debería votar favorablemente este RIGI. Ni Alberdi, ni Roca, ni Pellegrini lo tolerarían. Lamentablemente si el RIGI prosperara se confirmaría que “este” es el nivel de nuestra “clase dirigente”.
*Economista que fue parte del equipo de José Bel Gelbard durante la última presidencia de Juan Domingo Perón
