El 14 de mayo de 1989, mientras Jesús Rodríguez reemplaza a Juan Carlos Pugliese como ministro de Economía del gobierno de Raúl Alfonsín, Carlos Menem gana las elecciones presidenciales. En los comicios, previstos para octubre pero adelantados en función de la crisis socioeconómica imperante, el PJ obtiene 7.954.191 votos (47.49%). La cifra se traduce en 312 representantes en el colegio electoral sobre un total de 600. El peronismo, renovación mediante, vuelve al poder. Debe asumir el 10 de diciembre.
El veredicto de las urnas, sin embargo, no logra atenuar el caos social y la zozobra colectiva. Con la inflación en aumento desde febrero, a fines de mayo comienza una ola de asaltos a comercios en Rosario, Córdoba y el conurbano bonaerense. Para el 1 de junio ya se cuentan 330 actos de saqueo y vandalismo. También 22 atentados con explosivos. Los hechos dejan un saldo de 15 muertos y más de dos mil detenidos. En el mismo mes, la inflación llega a 114 puntos porcentuales y trepará a 196,6% en julio. Para peor, cabalgando sobre el fracaso del “Plan Primavera”, el anuncio del Presidente electo sobre un dólar alto a futuro genera una corrida cambiaria, propiciando la especulación financiera y la fuga de divisas.
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Mientras tanto, Domingo Cavallo hace su juego ante los acreedores externos, poniendo en duda la solvencia del Estado Nacional. Entonces es Dante Caputo quien sintetiza el sentir del gobierno: “Quieren humillarnos todo lo posible, sólo admiten que nos vayamos escupiendo sangre”. Las palabras del Canciller hacen referencia a la actitud asumida por algunos dirigentes políticos, no pocos empresarios y varios sindicalistas.
En este marco, se acuerda la transición necesaria. Los que se van son conscientes de su debilidad política para encarar y resolver la espiral inflacionaria. El elenco que llega sabe que las horas y el respaldo de la ciudadanía juegan a su favor. Menem quiere asumir el 17 de octubre. Alfonsín, en tanto, pretende una fecha más próxima. Son días frenéticos: reuniones, llamados, arreglo de condiciones parlamentarias, etc. Rodolfo Terragno, Eduardo Bauzá y Eduardo Menem hablan en representación de las partes.
Quizá buscando mayor certeza política, el 12 de junio Alfonsín graba un mensaje y usa la cadena nacional. Comunica así su decisión de “resignar” la presidencia a partir del día 30 del mismo mes. La fecha respeta lo ya pactado con el PJ. Lo acompaña en la retirada el vicepresidente Víctor Martínez.
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El 13 de junio, en Clarín, Armando Vidal sostiene que con la renuncia el Presidente “puso en la mesa su única y última carta”. En el mismo medio, Oscar Raúl Cardoso habla de “una caída libre en el vacío” para explicar los 25 días anteriores al anuncio de Alfonsín. Tal vez, ambos enfoques pintan la situación. Algo es seguro: no hay lugar para más dilaciones. Fijados los entendimientos y cumplidos los trámites legales, Menem asume el Poder Ejecutivo el 8 de julio.
El traspaso de mando es un ejemplo de convivencia cívica. En el Salón Blanco de la Casa de Gobierno no falta nadie. Pero hay algo más: a diferencia de lo que ocurrirá años después, quien deja el Sillón de Rivadavia no piensa que entregar la banda y el bastón presidencial a su sucesor y adversario político constituye un acto de rendición. Y quien asume anticipadamente reconoce en el mandatario saliente a un dirigente que cumple con su obligación constitucional.
El paso del tiempo permite mensurar determinadas situaciones; los años son ladrillos con los que se edifica el valor histórico de los acontecimientos. Hace tres décadas, primaron la convicción y la responsabilidad. Desde la íntima seguridad, Alfonsín advirtió que su ciclo y margen de acción habían terminado. Por eso, amparado en el deber, cedió el poder pagando el costo político del caso. Menem, por cierto, hizo su parte y no permitió que el sistema colapsara. En suma: desde la institucionalidad y el consenso, una vez más, la política estuvo al servicio de la democracia.
MC
