El dicho popular dice “lo que importa es la salud, la plata va y viene”.
Por ello coincidimos y adherimos al cuidado sanitario impuesto por el Gobierno Nacional para preservar la salud de toda la población.
Desde el punto de vista del funcionamiento de una empresa, como de todo un país, también es aplicable que “lo urgente para decidir en una crisis no debe dejar de lado lo importante para asegurar el futuro”.
En los momentos actuales, los Gobiernos Nacionales, Provinciales y Municipales, han concentrado su accionar en la lucha sanitaria y decretado las medidas más urgentes para solucionar los problemas inmediatos de los sectores más vulnerables de la sociedad.
Asimismo se ha considerado la situación de los inquilinos, de los adquirientes de la vivienda propia, el apoyo a las empresas que no operan para facilitarles el pago de los salarios, etc.
El coronavirus y la oportunidad de hacernos la pregunta justa
Siguiendo lo indicado anteriormente, merece el reconocimiento lo actuado para luchar contra la pandemia, pero nos estamos olvidando de un plan integral para la economía del “día después”.
Si bien el campo no se paraliza por un decreto, el ganado se alimenta y las siembras anteriores darán oportunamente sus frutos, un país no puede funcionar sin unidades productivas y de servicios sanas y en plena actividad que puedan abastecer las necesidades de los consumidores.
Es público y notorio que, previo al coronavirus, la economía nacional ya estaba en crisis desde hacía muchos meses. Un gran número de empresas trabajaba a “media máquina”, con un alto endeudamiento financiero (a tasas de interés exorbitantes) y con los organismos fiscales, que ante sus incumplimientos les embargaban las cuentas bancarias, impidiéndoles operar normalmente cuando se ha bancarizado toda la economía.
Frente a esta situación, desde diciembre pasado, el nuevo Gobierno incrementó los impuestos y las retenciones al agro para sanear su “propia CAJA” y financiar los nuevos planes de asistencia para los más necesitados.
Contagio y consumo en tiempos de coronavirus
En beneficio de las PyMES contribuyentes, se dictaron medidas para acceder a moratorias con beneficios y amplias facilidades de pago, las cuales se verán imposibilitadas de cumplir, si se tienen en cuenta sus limitaciones financieras.
Al mismo tiempo, se desconoce un plan macroeconómico para el futuro, no existe un presupuesto nacional para este año (la “ley de leyes” para la administración del Estado) que fije los objetivos que intenta lograr el Gobierno Nacional y cómo se logrará financiar a los mismos.
La “gigantesca” deuda externa existente y la imposibilidad de honrar, en tiempo y forma, los múltiples compromisos asumidos, tanto con inversores locales como externos (entre los cuales existen los llamados “fondos buitre”), absorbe el mayor tiempo y los desvelos de las máximas autoridades de la economía.
El agravamiento actual de las crisis empresarias es consecuencia de decisiones del propio Gobierno que, priorizando la salud de la población, ha “prohibido” operar a muchas empresas.
En primer lugar, si no trabajan una gran cantidad de PyMES, las mismas no podrán entregar sus productos en el mercado, provocando una crisis de la oferta, al mismo tiempo que con los subsidios y el pago de los salarios que se intenta preservar, crecerá la demanda.
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En segundo término, si una PyME “no factura” sus ventas, no tendrá ingresos para cubrir diariamente los múltiples cheques diferidos que ha entregado a sus proveedores,menos aún podrá adquirir los materiales y las materias primas y le resultará imposible atender los restantes costos y gastos (excepto los salarios y eventualmente otros rubros, para los cuales se le otorgaría un préstamo que incrementará su endeudamiento).
Se debe lograr que se cumpla nuevamente el “ciclo mágico de la microeconomía”, en el cual la empresa opera normalmente y genera los recursos que le permiten cumplir los compromisos que debe asumir, sin necesidad de aportes ni subsidios del Estado.
En síntesis: un número significativo de PyMES no podrán reabrir sus puertas, crecerá el desempleo, se reducirá la oferta y, producto de la globalización, la quiebra de una unidad operativa tendrá consecuencias negativas múltiples en todo el sistema económico (proveedores y prestadores de servicios, impuestos y otras múltiples contribuciones, obras sociales, etc. etc.).
Un grupo especial de empresas que requieren urgentemente “una mano” del Estado son aquellas que, para superar la crisis y su estado de insolvencia, deben ingresar en la “arena concursal” ó ya lo han hecho, solicitando el amparo de la Justicia en los términos de la ley 24.522, en las distintas etapas que determina esta norma.
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Cabe preguntarse ¿cómo podrán cumplir normalmentelas empresas concursadas, los compromisos que asumen día a día y los planes de pago acordados con los acreedores, con los menguados o inexistentes recursos que generan por la discontinuidad de los negocios que están intentando recuperar las actividades anteriores que ahora se les prohíbe realizar?
Las PyMES (al pie de la “tumba”, en este caso de la “quiebra”) también deben conformar un “grupo de riesgo” cuya “salud” económica-financiera debe preservarse para asegurar el desarrollo de la economía a partir del “día después”.
En algunos casos podrán ser “enfermos terminales” y en muchos otros se deberán extremar los auxilios para que subsistan aquellas que resulte factible reactivar. También será necesario intentar “aplanar” la curva de las posibles quiebras, a fin de evitar un inmediato y masivo desempleo.
Ello será posible con aportes, préstamos y subsidios que les permita a los empresarios de las PyMES, con su ingenio y creatividad, poder recuperar integralmente el “capital de trabajo” y “reabrir las puertas”. Si bien es positivo un préstamo para el pago de los salarios, ello es insuficiente. Sólo si la empresa opera normalmente podrá producir y vender para generar recursos que le permitan pagar los nuevos salarios.
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El “grupo en riesgo” incluirá actividades económicas tradicionalmente en crisis (como las “textiles” frente a las importaciones) y se sumarán empresas “saludables”, en pleno desarrollo y crecimiento, que generaban ganancias (las dedicadas al: turismo, transporte de pasajeros, deportes, espectáculos públicos, gastronomía y muchas otras).
Se debería evitar que el “día después” presente un panorama desolador en la microeconomía, con un “tendal” de unidades productivas y de servicios que dejen de operar, multiplicando por vía del “CONTAGIO”, como ya se ha citado, sus efectos negativos al funcionamiento de toda la economía.
Como conclusión y propuesta planteamos que la situación actual, es grave y debe merecer una atención especial por parte del Gobierno Nacional con planes integrales de “terapia intensiva” para las PyMES.
Para ello debería dictarse una “emergencia económica” y, como ha decidido el Presidente de la Nación para la “pandemia”, correspondería que dicte las resoluciones necesarias, requiriendo el asesoramiento de las personas que mejor conozcan este tema, con un “COMITÉ DE CRISIS EMPRESARIAS” que podría ser coordinado y conducido por el Ministro de Desarrollo Productivo, con una activa participación de los Ministerios de Trabajo, de Justicia y de Economía.
* Contador Público. Lic. en Administración. Posgrado Sindicatura Concursal. Especialista en Empresas en crisis. Síndico Concursal desde el año 1981. Profesor Universitario en carreras de posgrado en la especialidad, en varias Universidades.
