Con la misma liviandad con que Cambiemos se presentaba en el 2015 prometiendo llevar la pobreza a cero, ahora los mismos en su condición de funcionarios nos quieren ofrecer soluciones a las consecuencias de los problemas que no resolvieron y, en contrario, agravaron, en estos casi cuatro años.
La objetiva situación de vulnerabilidad social que afecta especialmente a los jóvenes es el resultado de la falta de una política efectiva para combatir la inflación, asegurar el crecimiento y promover producción y empleo. Creer que la pobreza se resuelve solamente con aumento de planes sociales ha sido un error recurrente de sucesivos gobiernos. Se reproduce si no se invierte en infraestructura social, si no se mejora la capacidad del ingreso, si seguimos con economía y trabajo precario. Pero sobre todo, nos impide salir del circuito perverso de la transmisión de la exclusión como una condena entre generaciones, la falta de la Educación como prioridad en la agenda política.
Si algo más puede reprocharse a quienes toman decisiones es la postergación de esas necesidades para superponer las estrategias electorales con propuestas facilistas y demagógicas. Una vez más de la mano del discurso efectista de la seguridad. Y entonces ponen todos los ingredientes en una coctelera para sacar este servicio civil para meter a los chicos de 16 a 20 años para quienes no han creado ninguna condición que les permita progresar.
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Esos jóvenes necesitan escuelas, universidades, inversiones en la innovación y el desarrollo. No es en los cuarteles donde van a encontrar los valores para sentirse integrados en un proyecto de país. Solo se logrará marginarlos aún más.
La Gendarmería es una fuerza de seguridad de naturaleza militar, puesta al servicio de la defensa nacional, la seguridad interior y el apoyo a la política exterior. Sus institutos educativos están orientados a la formación de oficiales, suboficiales y gendarmes. Durante más de 80 años desde su creación, ha cumplido un rol destacado haciéndose cargo de la protección de nuestras fronteras y sitios estratégicos. Y también han sido convocados para atender a la tranquilidad pública frente a otros objetivos como puede ser el delito en diferentes formas y ámbitos.
Pero debería estar claro que no es una fuerza de seguridad militar la que debe asumir el cumplimiento de los fines de la Ley de protección de niños, niñas y adolescentes. A ello, y de manera particular a la formación de los jóvenes que se encuentran en situación de vulnerabilidad social, deben concurrir la educación, el desarrollo social y también las áreas gubernamentales de la producción y el trabajo. Fomentar una cultura de valores y una identidad emprendedora es tarea específica que se debe abordar desde programas multidisciplinarios que nada tienen que ver con la seguridad y la defensa nacional, áreas que, por supuesto, tampoco pueden ser descuidadas en la distracción de sus recursos hacia otras finalidades.
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Entre los múltiples inconvenientes prácticos que tiene la implementación del servicio cívico a cargo de la Gendarmería es el traslado de los jóvenes desde sus domicilios hasta los lugares donde se debería cumplir, con distancias de cientos de kilómetros que lo harán lisa y llanamente inviable. Ejemplo: un joven de Chumbicha en la Provincia de Catamarca tendrá no menos de seis horas de viaje con sus costos, para llegar a Santiago del Estero donde recibirá su formación. A todas luces es ilógico reemplazar el papel institucional y social de las escuelas de cada barrio en donde, con personas capacitadas para la tarea, se podría cumplimentar con una política más eficaz en la atención de las problemáticas juveniles. Eso, sin perjuicio de asegurar que se requieren propuestas y políticas de fondo, con estrategias de corto, mediano y largo plazo, menos electoralistas y más efectivas en cuanto a los objetivos que se promueven para la formación en valores y generación de oportunidades.
No es posible admitir la instalación de un servicio cívico de reclutamiento de jóvenes a cargo de una fuerza de seguridad ni es razonable quitar a ésta de los objetivos que debería atender. La Resolución 598 del Ministerio de Seguridad es un retroceso en la consolidación de los principios democráticos y es la renuncia a una visión humanista de la política y de la gestión del estado que se subordinan a estrategias electoralistas sin atender a las soluciones urgentes que la Nación está necesitando.
* Presidenta Partido GEN.