OPINIóN

La lucha antidrogas en Argentina, por Martín Balza

En los países que emplearon a las Fuerzas Armadas en la lucha contra el narcotráfico los resultados han sido negativos y afectaron seriamente su esencia y profesionalidad.

Narcotráfico
Quema de marihuana y cocaína. | Gendarmería Nacional.

El tráfico ilícito de drogas en el mundo y en la región creó una reciente preocupación que se extiende también a otros delitos transnacionales como el tráfico ilegal de armas, la trata de personas, el lavado de activos y el tráfico de migrantes. Estos flagelos globalizados, dinámicos y poderosos avanzan exponencialmente en el uso de posibilidades tecnológicas y rutas a emplear. Expertos en el tema aseguran que la lucha contra el narcotráfico en el mundo se va perdiendo y que tiene un ingreso ilegal del orden de los 500 mil millones de dólares. Los recursos que varios Estados asignan para abordarlo, entre ellos nuestro país, han sido poco equilibrados; se privilegia combatir la oferta y el menudeo por sobre la prevención, atención y rehabilitación. Al respecto, el investigador y docente Juan Gabriel Tokatlian asegura que la Argentina “…destina el 95 % de su presupuesto a la lucha antidrogas, especialmente a la oferta, y un 5 % a la educación y prevención sobre el flagelo, pero carece de un diagnóstico integral y veraz sobre el narcotráfico y se empeña en persistir en políticas que ya han demostrado su rotundo fracaso en otros países”.

Los resultados y capturas se concentran en los eslabones más débiles, mientras que los más fuertes trascienden fronteras que generan un “efecto globo”. La invención y producción de nuevas sustancias psicoactivas se han incrementado en la región, favorecidas por el uso desviado de medicamentos legales. Los mayores productores del mundo de clorhidrato de cocaína son Colombia, Bolivia y Perú, y Paraguay lo es de marihuana. El mayor centro de consumo y de adictos es Estados Unidos que, a pesar de tener con México una frontera de 3.200 km, amurallada y controlada, recibe anualmente más de 700 toneladas métricas de cocaína y recibe también un 60 % de la heroína que produce Afganistán. El dato curioso es que antes de la intervención militar estadounidense, solo recibía el 6 %. En nuestro país no ha aumentado —significativamente el consumo de cocaína y marihuana, pero sí el del paco. Llamado también crack o basuco, el paco es la droga de los pobres, porque tiene bajo costo, es elaborada con el residuo de la pasta base de la cocaína, genera rápida dependencia y es altamente destructiva.

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La Argentina siempre estuvo lejos de avanzar a lo que algunos —con grave intencionalidad política y total irresponsabilidad— denominan con dos neologismos impropios: “colombianización” y “mexicanización”. En este último país, la década de la lucha contra el narcotráfico ha dejado más de 100 mil muertos, cerca de 30 mil desaparecidos y 35.000 desplazados, sin réditos contra el fin propuesto. Al respecto, son elocuentes las palabras del Secretario de Defensa mexicano, general Salvador Cienfuegos: “Esto no se resuelve a balazos (…) “Soy el primero en alzar la mano para regresar a nuestras tareas institucionales”. (…) Las fuerzas armadas no están capacitadas para cumplir funciones de seguridad pública y carecen de respaldo legal para hacerlo (…) El poder judicial ha creado una puerta giratoria que permite a los delincuentes salir de prisión por fallas al debido proceso o porque argumentan violaciones a sus derechos humanos”.

La situación en Colombia no es muy diferente. El conflicto con la guerrilla —hasta hoy— ha dejado millones de víctimas: más de 6 millones de desplazamientos forzados (segundo en el mundo después de Sudán), 170 mil desapariciones forzadas y 260 mil homicidios (Fuente Unidad de Víctimas). En el 2018 la producción de cocaína alcanzó alrededor de 900/1000 toneladas métricas y las hectáreas sembradas se incrementaron a más de 170 mil (Fuente Naciones Unidas). El narcotraficante colombiano de hoy se esconde bajo la fachada de empresario y el traslado de la droga se realiza con el de los productos de consumo masivo. El accionar de los narcotraficantes colombianos se ve favorecido por la presencia de varios miles de hombres pertenecientes a las FARC que no se incorporaron al acuerdo de paz, por el Ejército de Liberación Nacional y por las Bandas Criminales (BACRIM). La presencia de ellos en varias regiones tiene un fin específico: mantener el control del narcotráfico. México y Colombia tienen una calificación de riesgo extremo a nivel mundial. Latinoamérica es la región más insegura mundo, pero los menores índices de inseguridad cada 100 mil habitantes los tienen Chile con 3, Uruguay con 5,8 y Argentina con 5,9 (datos de 2015).

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Desde hace más de un lustro, buscando quizás un rédito político, algunos no vacilaron en manifestar que la Argentina se encaminaba, en el caso del narcotráfico, a parecerse a México y a Colombia. Otros no vacilaron en asegurar que también a Venezuela y a Cuba, Para completar el dislate, no faltó una funcionaria que relacionara parte de una derrota electoral reciente a la influencia del narcotráfico. Lo expresado evidencia desconocer que el contexto político, psicosocial, económico, cultural, judicial y militar de nuestro país es totalmente diferente al de los países citados.

En los países que emplearon a las Fuerzas Armadas en la lucha contra el narcotráfico los resultados han sido negativos, letales, desmoralizadores y afectaron seriamente la esencia y la profesionalidad de las mismas. Es una miopía inconducente afectarlas contra un flagelo controlable con nuestras Fuerzas de Seguridad y Fuerzas Policiales. La diferencia entre Defensa Nacional y Seguridad Interior, con claridad meridiana, lo contempla el Preámbulo de la Constitución Nacional: “…Proveer a la defensa común” (Defensa) y “…Consolidar la paz interior” (Seguridad).

La lucha contra los delitos enumerados debe ampliarse a otras áreas como la educación, la salud pública, la política migratoria, la cooperación internacional y, fundamentalmente, con un Servicio de Inteligencia integrado que priorice —mutatis mutandis— la dirección del esfuerzo de reunión de información sobre esa delincuencia, y no hacia una espiocracia vernácula para espiar a los otros. Los ejemplos sobran y son bien conocidos. Ello impone contar con personal que margine aspectos ideológicos y partidarios, y con una justicia comprometida con el combate efectivo de éstos delitos. En síntesis, caracterizados menos por lo que dicen y más por lo que hacen.