Aún hoy, a pesar de todo lo que hemos avanzando en materia de equiparación de derechos, todavía existen inequidades de género persistentes: la brecha salarial en la Ciudad es de un 23% en perjuicio de las mujeres; el 76% del trabajo no remunerado es realizado por mujeres; en Argentina sólo un 16% de las provincias está gobernada por una mujer; hay un femicidio cada 30 horas… y podríamos seguir.
Las cifras son el reflejo de que aún hoy el género representa una barrera social. Esta realidad nos exige trabajar dando respuestas directas e inmediatas para contener las amenazas inminentes, en especial aquellas que ponen en riesgo la autonomía física de las mujeres, pero también la de encarar los problemas estructurales que las sostienen de modo invisible y omnipresente, porque no hay dudas de que sin igualdad no es posible un verdadero desarrollo social.
En 2015, los 193 Estados miembros de las Naciones Unidas aprobaron la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible compuesta por 17 objetivos. Entre ellos establece inequívocamente que el desarrollo solo puede ser sostenible si los beneficios favorecen por igual a mujeres y hombres. Una de las acciones necesarias para que ello ocurra es que los países y ciudades avancen en la aprobación y el fortalecimiento de políticas y leyes para promover la igualdad y el empoderamiento de todas las mujeres y las niñas a todos los niveles.
Las mujeres ganan un 51% menos que los hombres en 15 años
En esta línea, la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, en 2017 aprobó una Ley que incorporación del enfoque de género en todas las instancias de producción estadística de la Ciudad. Ese mismo año, aprobó la llamada “Ley Brisa” de reparación económica para hijos de víctimas de femicidios. En 2018 avanzó con un nuevo régimen de licencias familiares para promover la coparentalidad y favorecer una mayor participación de los varones en las tareas de cuidado. En 2018, con la modificación del Código Contravencional al que no sólo se le incorporó una perspectiva de género, sino también la figura de acoso callejero. El mismo año, el nuevo Código Electoral sancionado incorporó los principios de paridad de género en las listas candidatos a legisladores y comuneros.
Sin embargo, a pesar de todos estos importantes avances, uno de esos desafíos estructurales pendientes era el de lograr mejorar el impacto de los programas y partidas presupuestarias destinadas a políticas de igualdad. Asa Regnér, ex-Ministra de Igualdad de Género de Suecia y actual Subdirectora Ejecutiva de ONU Mujeres, suele decir que el argumento de género no puede estar escindido del argumento económico y que para cambiar las cosas de verdad hay que asignar recursos a las políticas. Resulta claro: el presupuesto es el instrumento de planificación gubernamental por excelencia.
Pero no siempre se trata de asignar más presupuesto, sino de hacer un uso más eficiente de los recursos disponibles. Generalmente el presupuesto es considerado un instrumento neutro al género, ya que se presenta en términos de agregados financieros sin existir una mención expresa ni a las mujeres ni a los hombres. Sin embargo, esta apariencia de neutralidad no es real. Sería más adecuado definir el presupuesto como ciego al género, ya que se están ignorando los diferentes roles -responsabilidades determinadas socialmente- que de hecho se asignan a las mujeres y a los hombres, así como los diferentes efectos de las políticas sobre estos colectivos.
El debate que se viene versará sobre la brecha salarial entre géneros
Por ese motivo, días atrás se aprobó en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires una Ley que incorpora la perspectiva de género en el presupuesto de la Ciudad. Esta herramienta nos permitirá etiquetar cada partida para saber con mayor exactitud cuánto, dónde y cómo se invierte el dinero destinado a disminuir las brechas. Hasta el momento, esa información era complicada de relevar ya que todas las jurisdicciones del Poder Ejecutivo implementan programas que tienen impacto en estas problemáticas, y se torna casi imposible analizar cada uno de ellos para conocer realmente cuántos recursos dedica la Ciudad a esta cuestión.
Pero la identificación no sólo permitirá cuantificar y proteger la norma, también nos permitirá analizar si esa asignación contribuye realmente a la problemática que busca combatir. Al evaluar las distintas acciones de gastos e ingresos podremos discernir en qué medida contribuyen a disminuir brechas o fortalecer las autonomías de la mujer: económica, de toma de decisiones y física.
La perspectiva de género en el presupuesto no sólo es una herramienta de visibilización y cuantificación de partidas, es, sobre todo, un comienzo para saldar una deuda pendiente sobre la invisibilidad de los derechos de la mujer en el proceso presupuestario, y así construir una sociedad más equitativa.
* Legisladora porteña Confianza Pública, Vamos Juntos.
