Una de las principales noticias en estos días es el aumento que el gobierno le concedió a la medicina prepaga. Como en casi todos los sectores de servicios, la crisis está arrinconando a las empresas, con inflación, altos costos, devaluación y pérdida de asociados.
Se debe entender que la crisis del sector privado no sólo afecta a un grupo de empresas; tiene impacto directo en las obras sociales y el sector público, que deben dar cobertura a la población obligada a migrar de sistema.
Es que en definitiva, el sector privado también es parte de las políticas sanitarias. Es un componente más del sistema. Contribuye a un mecanismo de tres subsectores de cobertura de salud que desde hace décadas funcionan en un delicado equilibrio para dar atención: el Estado, la Seguridad Social y la medicina privada (prepagas y mutuales).
Los recientes aumentos no resuelven la situación cada vez más apremiante del sector; en realidad hacen aún más difícil el acceso a las cuotas. Es necesario buscar alternativas que permitan hacer sustentables a las empresas; bajar los costos sin perder puestos de trabajo ni relegar calidad.
La salud privada, en terapia intensiva
Rever el IVA a la salud podría ser uno de los factores de estabilización. Debemos tener en cuenta que quienes voluntariamente pagan una cobertura privada, están sosteniendo igualmente con sus impuestos a la salud pública y en muchos casos, además, también a la Seguridad Social.
La salud, a pesar de ser un derecho básico, está gravada con el IVA en muchos de sus componentes. Las prestaciones médicas, los servicios, las clínicas y sanatorios, los insumos, la aparatología, los medicamentos a la salida del laboratorio y la cobertura médica privada deben tributar este impuesto. Eso hace que los asociados a sistemas prepagos paguen y vuelvan a pagar varias veces por su salud.
Otro factor de desequilibrio que desde hace ya varios años viene esmerilando el sistema sanitario en su totalidad son los tratamientos de alto costo. Un medicamento para un solo paciente puede costar más de dos millones de dólares, como el Zolgensma para niños con atrofia muscular espinal. Estos tratamientos insumen hasta el 19% del costo prestacional total y el 58% del gasto en medicamentos en general.
Las empresas de salud aseguran que tampoco podrán pagar el bono
La discusión no es bioética: el paciente debe recibir su medicación. Pero, ¿quién tiene la capacidad económica para sostener esos tratamientos y además brindar al resto de los millones de usuarios una salud de calidad?
A esto se suman leyes que agregan cobertura obligatoria, incluso por fuera de la atención de salud específicamente, como los gastos de transporte y educación a personas con discapacidad.
Para hacer sostenible el sistema de salud, para restituir el equilibrio, es necesario reconfigurarlo, teniendo en cuenta que van a continuar llegando nuevos tratamientos cada vez más caros. La salud en el mundo tiene una inflación del 4% en dólares por los nuevos tratamientos.
Para lograr hacer eficientes las prestaciones se debe centralizar la cobertura médica de los pacientes especiales en una sola entidad que reciba fondos tanto públicos como privados y de la Seguridad Social. Esto permitiría reordenar la atención, prevenir gastos y mejorar los recursos, incorporando herramientas de gestión como las licitaciones.
Las circunstancias de crisis requieren consensos de todos los sectores: Estado, empresas, obras sociales, industria farmacéutica, prestadores, porque el desfinanciamiento y el deterioro del sistema no se resuelven con la concesión de aumento de cuotas a un pequeño sector. Es momento de analizar en conjunto todo el sistema sanitario y corregir sus distorsiones.
Farmacéutico y Bioquímico. Postgrado en Administración Sanitaria. Presidente de la Cámara de Entidades de Medicina Privada de la República Argentina -CEMPRA
