El gobierno nacional sigue dominando la escena pública de manera excluyente. La imagen de gestión de la pandemia supera el 70% de aprobación en tanto el presidente Alberto Fernández sostiene niveles de aceptación solo comparables con los niveles que alcanzara Alfonsín durante el juicio a las juntas en los albores de la recuperación democrática.
Una segunda fortaleza de la gestión nacional es la negociación de la deuda que nos saque del default técnico declarado por Macri cuando mandó a “reperfilar” la deuda –metáfora de hacer un paga Dios–, incumpliendo compromisos adquiridos.
La oposición, en cambio, permanece sin rumbo y con un liderazgo opaco, más allá de las declaraciones desencajadas provenientes de Patricia Bullrich y Miguel Pichetto. El dúo dinámico ha reducido el campo de enunciación del discurso opositor a “cuarentena sí, cuarentena no”, señalando la debilidad en que se encuentra el núcleo duro del PRO en esta coyuntura.
En medio del marasmo opositor carente de propuestas, es desde el propio oficialismo donde emergen planteos innovadores y originales para la etapa pospandemia.
La de mayor densidad, y por tanto la que mayor ruido de medios opositores causó, fue la propuesta de capitalización de grandes empresas de Fernanda Vallejos, que como su nombre lo indica no incluye a ninguna pyme, por la sencilla razón de que casi ninguna cotiza en Bolsa.
Se han dicho muchas falsedades respecto a la propuesta de Vallejos. No es cierto que apunte a expropiar porque en este contexto de caída a pique de la cotización, la compra de acciones de grandes empresas lo único que hará es impedir que los fondos buitre las compren a precio de remate y pasen a manos de capitales especulativos. En cambio, si el Estado hace un salvataje continuarán siendo argentinas.
Las críticas a la propuesta parecieran desconocer que cuando el Estado usa recursos suyos, míos y de todos los argentinos para salvataje empresario, debe garantizar que los empresarios asistidos devuelvan la asistencia. Es muy lógico tomar acciones a cambio de darles el dinero.
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Es un reaseguro de pago porque el Estado puede ayudar a las grandes empresas a salir de la crisis, pero no debe regalarles el dinero. Como señalara el Presidente, “el Estado bobo se acabó”. Por otra parte, ya hay varios países de Europa, y también Estados Unidos, que adoptaron en crisis anteriores –y en esta repetirán– el sistema de capitalizar a sus empresas.
El ministro de Finanzas alemán, Olaf Scholz, ya adelantó que el gobierno tomará participación en las empresas para compensar el impacto del coronavirus. Francia también va a comprar acciones para defender a sus empresas.
El Estado argentino también lo hizo y de hecho ya tiene acciones de muchas empresas grandes a través del Fondo de Garantía de la Anses, lo mismo que Alemania es accionista de Volkswagen, Francia de Renault y Air France, y Estados Unidos de Chrysler y General Motors.
No parece entonces inadecuado plantear la capitalización de empresas y la toma de acciones por parte del Estado a las empresas asistidas en medio de la crisis más importante desde, al menos, la Segunda Guerra Mundial.
¿O es que los empresarios suponían no devolver la plata de la asistencia estatal, reiterando un comportamiento corporativo tradicional, que consiste en desplazar a la comunidad los costos de asumir deudas privadas y que comenzó con la estatización de las deudas contraídas en épocas de la última dictadura militar?
El 17 de noviembre de 1982 se estatizó la deuda de los grandes grupos empresarios privados. En las postrimerías de la última dictadura, en la presidencia de facto de Bignone, se escribía una de las páginas más oscuras y controvertidas de la historia económica reciente. Se estatizó la deuda privada por un monto aproximado de US$ 15 mil millones. El presidente del directorio del Banco Central de la República Argentina era por entonces Domingo Felipe Cavallo.
En fin, ¿es que acaso los caballeros piensan hacerlo de nuevo, estimados lectores de PERFIL?
*Director de consultora Equis.
