Por qué es un “idiota” quien evade la justicia social

¿Todos somos iguales? Si, somos iguales en dignidad, derechos y respeto (no podemos aquí enumerar derechos, ni clasificarlos, pero surgen de la dignidad de cada persona). ¿Todos somos distintos? Si, todos somos únicos, irrepetibles, con historia (legados, experiencias y decisiones libres), con una identidad.

En el juego social eso implica lograr ese reconocimiento, y actuar en consecuencia, respetando la dignidad e identidad del otro, así como queremos se respete la propia. Y esto, no sólo por conveniencia, no sólo por convención, o porque seremos más aceptados por los demás, sino por una exigencia a partir del valor y la dignidad de cada persona. Esto implica actuar con justicia, que alguno definió como "dar a cada uno lo que le corresponde". 

Desde el punto de vista político y económico, cada uno busca reconocimiento por sus acciones, pero debiera actuar con reciprocidad. Se puede tener o alcanzar mayor poder en la comunidad, o mayor riqueza. Se supone que el primero viene del reconocimiento por el servicio cumplido a los ciudadanos. La segunda, debiera surgir del servicio a los ciudadanos en tanto consumidores, con necesidades económicas. Es sencillo ver, sin embargo, que los seres humanos no siempre actuamos de acuerdo con estos principios. 

Los puntos del DNU que invalidó la Justicia: limitación al derecho a huelga, asamblea e indemnizaciones

En el campo privado, cuando una persona vulnera el derecho de otro, debe ser juzgado y tratado de acuerdo con la ley particular. Pero hay acciones y decisiones de mayor envergadura que afectan significativamente al conjunto de la comunidad. Esto es propio de los políticos y funcionarios principales en un gobierno, y de decisiones y acciones de grandes corporaciones o intereses sociales y económicos de alcance significativo. 

Para reglarlos existe como marco general la Constitución Nacional, pero también entra en juego su interpretación, y un sentido de justicia que abarca las grandes relaciones de una comunidad. 

El gobierno, tanto político, como de la economía, debe buscar y lograr una proporción de derechos y responsabilidades, así como juzgar los derechos y obligaciones generales –tanto como su vulneración–para lograr esa delicada proporcionalidad que llamamos “justicia social”. 

El problema no son los piquetes, sino el derecho a la protesta

Sostener que “la justicia social no existe” –por más que entendamos que haya habido excesos y malos usos de la palabra en el pasado– no es un camino acertado hacia un buen gobierno, puesto que niega el núcleo de su razón de ser, reduciendo la interacción social a la ley de la selva. El león se comerá al ratón, y es mentira que todos podemos ser leones… Además, la sociedad o comunidad humana difiere sustancialmente del ecosistema biológico, así como las personas diferimos de los animales (por la inteligencia, la voluntad, la libertad, el lenguaje, etc.), lo que nos hace capaces de obrar bien o mal, con justicia o injusticia, y por tanto de hacernos responsables de nuestras acciones y decisiones.

Pensar que la sociedad puede no tener gobierno, o reducirlo a las relaciones entre privados, es una quimera, o el deseo del que quiere sacarse de encima la ley y las responsabilidades de la justicia social, que como vimos, conllevan el poder y la riqueza. Esa postura constituye al que la sustenta, según la etimología griega, en un "idiota" (de idion: estar solo, aislado). 

La tradición política de Occidente carga de sentido peyorativo a ese epíteto porque, por el contrario, se basa en la necesidad natural de la comunidad de alcanzar una vida humana plena.

Intentar lograr un buen gobierno por el camino de la idiotez, solo puede conducir al fracaso o un logro parcial y de poco tiempo, de acuerdo con el capricho de la fortuna. Ninguno de esos es un camino adecuado para sacar a un país de una crisis, como tampoco lo es para la maduración del sentido cívico de una comunidad política.

*Profesor e investigador de la Facultad de Ciencias Económicas de la UCA