El problema no son los piquetes, sino el derecho a la protesta

El 14 de diciembre el Gobierno nacional anunció el denominado “protocolo antipiquetes”. Desde ese momento viene desplegando una serie de cambios normativos, operativos policiales enormes, intimaciones económicas y amenazas públicas contra organizaciones y personas que se manifiestan en el espacio público. Con la excusa de las molestias que causan los cortes y piquetes a la circulación del tránsito, el gobierno pretende avanzar en la prohibición y limitación de todas las formas de protesta, manifestación o festejo en calles, plazas, parques o rutas. El problema entonces no parecen ser los problemas de orden público de lo que llaman genéricamente piquetes sino la protesta en sí y las formas colectivas de organización a las que ve desestabilizantes y problemáticas. 

Para la perspectiva del Gobierno nacional y de sus aliados, la protesta y las manifestaciones son obstáculos, problemas, desórdenes de la vida democrática que impiden el cambio de régimen que quieren materializar y que ya está derivando en un aumento muy sensible de la conflictividad social. 

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¿En qué se expresa esta política que pretende no reconocer el derecho a la protesta? En lo principal, el objetivo del gobierno es transformar en delitos flagrantes las distintas formas de manifestación social en el espacio público para lidiar con ellas a través del aparato policial y de la justicia penal, sacándolas de la esfera de las libertades individuales y colectivas y de la mediación política. 

Desde lo normativo, el protocolo del Ministerio de Seguridad establece que cualquier manifestación pública que se realice con cortes de calles o rutas y que disminuya la “circulación de vehículos, el ancho de las calles, rutas o avenidas” constituye la comisión de un delito en flagrancia, lo que habilitará la actuación de las fuerzas de seguridad para reprimir o desalojar o dispersar la protesta y para recabar información sobre sus participantes y organizaciones a los fines de perseguirlos penalmente. Al suprimir el derecho a elegir el modo y lugar de la protesta, anula el derecho a manifestarse. Además, contiene disposiciones para criminalizar, perseguir y estigmatizar a los líderes y participantes de manifestaciones públicas y a las organizaciones políticas, sociales y sindicales. Por último, elimina los criterios mínimos establecidos hace más de una década que orientaban y controlaban la actuación policial en las protestas. 

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La “Ley Ómnibus” en todas sus versiones recoge estas disposiciones restrictivas del protocolo ministerial con la intención de darles fuerza de ley, instalando así las bases legales de la persecución política y judicial a quienes organicen y participen en protestas en el espacio público. El proyecto con dictamen de mayoría incluye una reforma del art. 194 del Código Penal que pretende clausurar la interpretación del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y de la jurisprudencia local que indica que este artículo no debe aplicarse a situaciones de protesta social. Pero además propone endurecer los supuestos de criminalización de manifestantes que entorpezcan la circulación o el transporte y amplía esta figura penal para castigar a “autores, cómplices e instigadores” de las protestas con penas de tres a seis años de prisión. Además, extiende la criminalización a supuestas situaciones extorsivas contra quienes cobran planes sociales, con el objetivo de amedrentar o desalentar su participación en protestas. Así una figura penal que no estaba pensada para estos supuestos será utilizada por el gobierno y la policía para perseguir la organización social y podrá dejar detenidos manifestantes mientras dura el proceso. Estas restricciones al derecho de reunión y protesta se complementan con la pretensión del gobierno de reformar por decreto de necesidad y urgencia las leyes laborales y sindicales y, entre muchas otras cosas, debilitar y limitar la actividad sindical y el derecho a huelga.

En este intento de amedrentar, el Gobierno nacional encaró una campaña de comunicación muy dura contra referentes sociales y sindicales. El Ministerio de Seguridad los intimida a través del envío de “facturas” para cobrarles los gastos de los operativos policiales, una medida arbitraria, fuera de todo marco jurídico, contra la que no existe defensa ni posibilidad de apelación. Los ubica además en un registro de infractores cuyas características y fines se desconocen. También amenaza con descontar los días de huelga a empleados estatales. 

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Las últimas tres manifestaciones, incluyendo el multitudinario acto del 24E, se realizaron lidiando con el el bloqueo policial de los accesos a la Ciudad de Buenos Aires y con el hostigamiento permanente a través de requisas y demoras arbitrarias. Los desmedidos operativos de seguridad terminaron causando muchas más complicaciones para circular que las protestas. El problema no era el tránsito. 

Si estos cambios normativos prosperan y son convalidados política y judicialmente, el dispositivo de criminalización terminará capturando todas las formas de manifestación y reunión en el espacio público que el Gobierno decida no autorizar, desde una reunión momentánea, un acampe, una marcha o acto multitudinario. Pero más aún: quedarán seriamente en riesgo las posibilidades de organizarse social y políticamente. 

Entramos en la fase de discusión legislativa en particular de los artículos de la “Ley Ómnibus”. En esta etapa,  es indispensable que se articule una combinación de fuerzas políticas que asegure una mayoría democrática para frenar en el Congreso este avance represivo. 

SH CP