Buscan aplicar el protocolo antipiquetes de Bullrich en Córdoba

En medio del receso en la Unicameral, el legislador de La Libertad Avanza (LLA), Agustín Spaccesi, sorprendió con su pedido al gobierno de Córdoba para que adhiera al protocolo antipiquetes del Ministerio de Seguridad de la Nación, que comanda Patricia Bullrich, la aliada amarilla del presidente Javier Milei.

A esa iniciativa que en la práctica busca endurecer el control de la calle, el parlamentario libertario sumó otra propuesta que implica una modificación del Código de Convivencia para que la Policía pueda actuar “más eficientemente” en la prevención y represión del delito. Este proyecto apunta a la contravención por merodeo.

De esta manera, el parlamentario de LLA busca retomar el debate que quedó trunco con la vieja composición legislativa en torno a la regulación de las protestas callejeras, aunque el escenario actual proyecta una alta conflictividad social por las medidas de ajuste de la administración Milei. Algunas voces opositoras ven la propuesta de Spaccesi en clara sintonía con el proyecto que impulsó el exlegislador oficialista Juan Manuel Cid, con el objetivo de sancionar los excesos en las protestas en la vía pública.

En una crítica velada a sus pares que se tomaron vacaciones, siendo que la integración actual inició el 10 de diciembre, el parlamentario libertario expresó que viene trabajando varios proyectos para presentar al inicio del período ordinario de sesiones que arrancará el 1 de febrero con el discurso del gobernador Martín Llaryora.

En una clara señal política, Spaccesi planteó la necesidad de que Córdoba adhiera al protocolo antipiquetes de la Nación. “Es fundamental contar con un marco regulatorio claro y concreto para evitar el corte de calles”, afirmó el libertario en un mensaje dirigido al máximo nivel de la administración provincial.

De hecho, el opositor que se mostró aliado al PJ en leyes polémicas que impulsó Llaryora en el tramo final del año pasado, le anticipó a PERFIL CÓRDOBA que le pedirá audiencia al ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, para abordar su planteo a favor de la aplicación del protocolo bullrichista en territorio cordobés.

De todos modos, pese a la buena sintonía entre Llaryora y Bullrich para articular políticas en materia de seguridad, este medio pudo confirmar que en la reunión que protagonizó la funcionaria nacional junto a Quinteros, hace menos de dos semanas, no se habló puntualmente de este tema.

Dicho protocolo es ante hechos concretos en el escenario de la vía pública: “no es un pacto fiscal” al que Córdoba deba adherir, graficó una voz patricista con despacho en Nación. Sin embargo, el planteo de Spaccesi se materializará ni bien arranquen las sesiones ordinarias. Se trata de una demanda del libertario que deberá cosechar adeptos en el seno de la Unicameral. Por ahora, en el oficialismo hay silencio, mientras un sector de la oposición podría traccionar la discusión en el recinto.

Otras voces opositoras fijan su rechazo ante la “mano dura” sobre el control de la calle al advertir de un escenario de conflictividad social en aumento por el factor “ajuste” de Milei y de Llaryora. Ya se están viendo medidas de protestas de diferentes actores sindicales y políticos, aunque de baja intensidad por el receso de verano. El termómetro del descontento social se verá con el paro general de la CGT y la marcha del 24 de enero que se replicará en Córdoba.

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Defensa
En defensa de su iniciativa, el parlamentario de LLA advirtió que de marzo a diciembre “tenemos una o dos manifestaciones” por semana en el centro de la capital cordobesa. En ese marco, Spaccesi dijo que resulta “válido” el poder protestar y peticionar, pero advirtió que el mecanismo de la manifestación derivó en “una cuestión extorsiva” que “interrumpe la vida normal de los comerciantes, los laburantes, de la gente que necesita acceder a turnos médicos y de los chicos que tienen que ir a los colegios”.

Ante esta “herramienta de presión política” al gobierno provincial o nacional, que afecta al ciudadano de a pie, el legislador cuestionó su “ilegalidad” y su uso “extorsivo” en la práctica diaria.

Al redoblar la apuesta, el libertario expresó que no basta con liberar media calzada para la circulación del tránsito. Con lo cual, insistió en la aplicación del protocolo antipiquetes de Nación en Córdoba. “Son medidas mucho más efectivas que redundan en beneficios para los ciudadanos de a pie de la ciudad, pero es en estricto apego a la ley”, enfatizó. “Hay que hacer cumplir la ley”, retrucó Spacessi ante la consulta de si el protocolo podrá aplicarse ante el incremento del ritmo de las protestas en un contexto de conflictividad social.

Desde la bancada UCR, Alejandra Ferrero calificó de “positivo” en general el protocolo antipiquetes de Nación, “dado que los cordobeses hemos vivido en carne propia la parálisis que sufre la ciudad cuando determinadas organizaciones, para expresarse nos toman de rehenes a todos los ciudadanos”. “En algunos puntos habrá que interpretar con mesura y cautela, viendo de qué manera enriquecerlos y achicar la discrecionalidad. El fin debe ser ordenar y articular”, destacó la radical a título personal.

“La idea no es reprimir, sino que se pueda compatibilizar la libre y pacífica protesta, propia de un régimen democrático, pero que exista autoridad para limitar los excesos y abusos”, completó la opositora.

En contra
En su rechazo, el radical Dante Rossi (Construyendo Córdoba) aseguró que “con la profundización de la crisis hace falta más diálogo” y “no el látigo”. “Nada tiene que ver con la propuesta legislativa que hicimos para Córdoba, donde buscábamos sentar a todos los actores en la misma mesa a través del llamado al Consejo de Partidos Políticos, fijando una zona de prohibición en el micro centro de Córdoba, pero no limitando las marchas y protestas a través de sanciones, multas y amenazas de retiro de planes”, aseveró.

Desde la izquierda, Luciana Echevarría, expresó que el protocolo de Bullrich tiene como objetivo “bloquear el derecho a la protesta, en un contexto en donde están implementando un ajuste del que no se salva nadie”. La parlamentaria del FIT-Unidad también apuntó contra el gobierno de Llaryora al reafirmar la denuncia de “represión” en el cacerolazo de Pario Olmos.

“Que Córdoba adhiera de manera formal a un instrumento profundamente inconstitucional sería aún más grave, no sólo por los derechos consagrados que ataca, sino porque su autora se arroga facultades que no tiene. Estos intentos de criminalizar la protesta son claros retrocesos en un Estado que se dice democrático”, remarcó.

La iniciativa de Spaccesi ya activó el debate que se trasladará al recinto cuando se retomen las sesiones. En El Panal le bajan el precio, aunque hay una “muy buena sintonía” de Llaryora con Bullrich en cuanto al manejo de la seguridad. De todas maneras, en la cúpula de gobierno advierten que Córdoba tiene “un protocolo judicial” al cual la autoridad política y policial “está sometida”.