La Cuestión Malvinas es el asunto de política exterior más antiguo e importante de la República Argentina. En los más de 190 años que lleva la disputa de soberanía, se ha avanzado en distintas opciones para solucionar la controversia, sin que ninguna haya dado –por ahora– resultados.
Argentina ha intentado desde el ofrecimiento del arbitraje internacional, una opción rechazada sistemáticamente por el Reino Unido, hasta encarar la negociación bilateral de conformidad a lo establecido por la Asamblea General de las Naciones Unidas, un camino que recorrió durante más de 50 años, aunque sólo durante 17 años pudo abordar, y sin éxito, el punto central de la disputa: la soberanía.
La relación con el Reino Unido atravesó varias etapas, a veces tan cambiantes y contradictorias como la vida política argentina misma. Así, los distintos gobiernos han endurecido o ablandado la posición nacional, pero nunca en estos casi dos siglos se ha consentido o aceptado la posición británica. Esto, sin dudas es un orgullo y una prueba de que cuando todos y todas los argentinos nos ponemos atrás de un objetivo en común, podemos sostenerlo en el tiempo. La tan famosa e inefable “grieta” no debe nunca tocar la Cuestión Malvinas.
Un claro ejemplo de esto se dio el 23 de julio de 2020 cuando, por primera vez en la historia, se estableció, por medio de una ley aprobada por unanimidad de todas las fuerzas políticas, la piedra basal para el establecimiento de una verdadera política de Estado en torno a la Cuestión Malvinas demostrando un claro ejemplo de la madurez y de la voluntad del pueblo argentino, y la dirigencia política nacional, para poder dar aquellos debates y consensuar las estrategias a corto, mediano y largo plazo, que nos permitirán avanzar de forma coherente y coordinada en la búsqueda de la solución de la disputa de soberanía, sin importar el color político de turno.
El pasado 18 de julio fuimos testigos de otro hito, producto de un constante, profesional y contundente trabajo diplomático (por diplomáticos de carrera y por “no diplomáticos”): por primera vez en la historia la Unión Europea suscribió una Declaración Conjunta con la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) en donde, en alusión a la “cuestión de la soberanía sobre las islas Malvinas” (sic) se destaca la importancia del diálogo y del respeto del derecho internacional para la solución pacífica de las controversias.
Igual de importante fueron los párrafos que anteceden y preceden al de Malvinas. Estos destacan los nuevos avances e integración en la cooperación europea y latinoamericana-caribeña al tiempo que señala a América Latina y el Caribe como Zona de Paz. Lo que incluye al Atlántico Sur como zona de paz y cooperación. Luego reafirma el compromiso fundamental con todos los propósitos y principios consagrados en la Carta de la ONU, tales como la igualdad soberana de los Estados y el respeto a la integridad territorial y la solución pacífica de las controversias conforme al Derecho Internacional. Estos últimos vienen siendo violados por el Reino Unido de forma sistemática desde el 3 de enero de 1833.
Para alcanzar la recuperación del ejercicio efectivo de soberanía hay elementos que dependen de los argentinos, y en ellos tenemos que trabajar apelando a todas las herramientas que las relaciones internacionales y el derecho internacional nos ofrecen. Pero también debemos aprovechar las oportunidades externas que se nos presentan: hoy, la reputación del Reino Unido es la de un Estado que viola sistemáticamente el derecho internacional e incumple sus obligaciones internacionales. Esta declaración es un ejemplo claro de ese aprovechamiento.
En un mundo atravesado por flagelos como la guerra y el colonialismo, donde se violan los principios más básicos del Derecho Internacional o se tergiversa su aplicación para favorecer interés económicos y políticos, esta Declaración adopta una importancia trascendental y es una esperanza para todos aquellos Estados que respetan el Derecho Internacional y buscan terminar con el uso sesgado de “excepciones” –que solo logran debilitar el sistema de seguridad colectiva– y una paz duradera sobre la base del respeto mutuo de las normas.
*Abogado y profesor en derecho internacional.
