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OPINION

Reducción del sector público: ¿Anuncio político o cambio estratégico en marcha?

Los anuncios reiterados del electo presidente de la Argentina respecto de la reducción de dependencia del sector público, mostrando un enfoque proactivo hacia una gestión más eficiente de recursos y personal, ha sido uno de los temas más comentados del discurso inaugural de su mandato.

Javier Milei
Javier Milei | Agencia NA

En las organizaciones se habla de “downsizing” para referirse a aquella acción en la que una empresa u organización (de sector público o privado) reduce su tamaño y alcance operativo. Este proceso implica la eliminación planificada de funciones, unidades de negocio, optimización de recursos humanos, incluso, anulación de productos y servicios que se consideran no esenciales, poco esenciales o redundantes.

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Sin lugar a dudas, parte de la población interpretará este tipo de recortes como un tema meramente político, un golpe de timón para mostrar austeridad, entre otras visiones. No obstante, se trata de medidas que tienen justificaciones técnicas, más allá de interpretaciones políticas. La reorganización no debe realizarse de manera indiscriminada; requiere la aplicación de técnicas probadas de elevado nivel de complejidad.

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El downsizing, es necesario para buscar salvaguardar y , ojalá, mejorar el desempeño futuro. Implica la combinación de varios factores:

  • Reorganización de talentos: Comúnmente conocida como reducción de personal, puede implicar desvinculaciones , regímenes de retiros voluntarios o esquema de jubilaciones anticipadas.
  • Eliminación de puestos o posiciones vacantes. La supresión de posiciones que no generan impacto positivo.
  • Eliminación de funciones, y unidades no estratégicas: Cierre de actividades que no contribuyen a los objetivos organizativos.
  • Optimización de recursos: Reasignación de personas a roles más productivos y eliminación de actividades o posiciones redundantes. Muchas veces se arma un rompecabezas con grupos de actividades que realizan distintas personas, reagrupándolas para que resulte en la reducción de algunos “FTE” (siglas en inglés del equivalente a “personal a tiempo completo”).
  • Enfoque estratégico de tercerización: Delegar actividades en terceros para mejorar la eficiencia. Es lo que comúnmente se denomina “outsourcing”.
  • Consolidación de equipos: Trabajo con estructuras más ágiles para lograr mejores resultados, con mayor flexibilidad y poder de adaptación en entornos altamente cambiantes.

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Es crucial la reorganización con sensibilidad y cautela. Ahora bien, si de Sector Público hablamos, esto tiene ingredientes adicionales que requieren de un análisis más sofisticado y cuidadoso, por la sensibilidad del caso. A continuación, exponemos algunas premisas a considerar para llevar a cabo:

  1. Análisis exhaustivo y detallado de funciones y estructuras dentro de cada organismo alcanzado.
  2. Definir objetivos concretos que guíen el análisis y que justifiquen las decisiones consecuentes. Estos objetivos pueden ser bajar el gasto, reducirla nómina de sector público, entre otros tantos posibles.
  3. Comunicación transparente sobre la necesidad de ajustes. Como así también de las consecuencias de no realizarlos y de los beneficios que el proceso tendrá para el organismo, para el Estado y para la sociedad toda.
  4. Determinar la velocidad adecuada aplicar para el proceso. Armar un plan de trabajo para minimizar impactos negativos.
  5. Selección cuidadosa de talentos a retener. Este punto es realmente trascendental en el análisis y en ocasiones no suele tener la minuciosidad que merece.
  6. Involucramiento de las partes Interesadas. Coordinar reuniones periódicas, en particular con sindicatos y grupos comunitarios.
  7. Gestión del Cambio para asegurar sostenibilidad. Evaluar que la estructura resulte de funcione de manera adecuada y que el cambio sea sostenible en el tiempo.
  8. Monitoreo continuo del proceso (no es un “downsizing one time”).
  9. Auditorías Forenses para identificar irregularidades. A fin de determinar hechos irregulares o fraudulentos que tengan relación con los motivos de determinadas desvinculaciones, o bien, cierre de algunas actividades.

Resulta crucial que el proceso se lleve adelante de manera ética y justa, teniendo en consideración el impacto humano y social. Se pueden incluir facilitadoras tales como capacitación en nuevas habilidades, búsqueda de empleo y apoyo psicológico para quienes hayan sido afectados. “Vísteme despacio que estoy apurado”, es una frase para destacar la forma de abordar este tema tan necesario y a su vez, laberíntico. Sin duda existe apremio por racionalizar las estructuras de la función pública y puede que, para ganar este partido, sea necesario parar la pelota y estudiar bien el campo de juego y las posibles jugadas.

* Especialista en Consultoría de Procesos y GRC