En 1994 entró en vigor la Ley del Mar o CONVEMAR (Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar), una herramienta jurídica que marcó un hito en la historia de la humanidad y que ha servido para ordenar el uso del océano, las jurisdicciones de las naciones, el transporte y sentar normas comunes globales.
Sin embargo, la CONVEMAR no ha sido suficiente para hacer cumplir normas que procuren la conservación y el uso sostenible de las aguas internacionales, zonas fuera de la jurisdicción nacional que ocupan casi la mitad de la superficie de nuestro planeta y que se encuentra aún con escasas o ninguna normativa para proteger la vida marina, patrimonio de toda la humanidad.
El océano está siendo afectado por diferentes impactos producidos por la actividad humana: el aumento de su temperatura y la acidificación; la disminución y los cambios de patrones de distribución de especies causados por el cambio climático; la sobreexplotación y la pérdida de hábitat de los ecosistemas marinos; la contaminación, etc.
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Por otra parte, la investigación científica y el conocimiento respecto de las especies y ecosistemas marinos ha visto un desarrollo completamente desequilibrado, siendo aprovechado por una minoría de países y corporaciones con los recursos necesarios para obtener los beneficios de esa carrera por patentar los descubrimientos.
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Luego de casi 20 años de negociaciones y procesos consultivos, en 2023 se aprobó el acuerdo para la conservación y uso sostenible de las zonas fuera de jurisdicción nacional, también llamado BBNJ, por sus siglas en inglés, o Tratado de Alta Mar.
En 18 de junio de 2024 la Argentina firmó el Tratado de Alta Mar junto a un centenar de países"
El Tratado de Alta Mar está subordinado a la Convemar y la complementa en cuatro aspectos principales consensuados por todos los estados partes:
- El aprovechamiento equitativo de los beneficios obtenidos por los descubrimientos relativos a los recursos genéticos marinos, esto es, que los descubrimientos científicos en este campo, no pertenecerán solamente a una corporación o estado que los obtenga, sinó que sus beneficios serán compartidos entre todos los países, la humanidad.
- Crea el mecanismo necesario para la creación de áreas marinas protegidas en alta mar, su evaluación y revisión regular.
- Instaura las herramientas para la realización de estudios de impacto ambiental previo a actividades de explotación.
- Implementa un mecanismo de colaboración y transferencia de capacidad, recursos y tecnología a los países menos desarrollados.
Durante el proceso de negociaciones y en la redacción del Tratado de Alta Mar, la Argentina fue uno de los países protagonistas, interviniendo en todos los debates y aportando conocimiento sobre los contenidos y realizando propuestas sobre el texto final. Más allá de las diferentes administraciones a cargo del Poder Ejecutivo Nacional, siempre existió una política de Estado clara en favor del Acuerdo.
En 18 de junio de 2024 la Argentina firmó el Tratado de Alta Mar junto a un centenar de países, ese fue el paso previo a la ratificación individual, necesaria para que éste entre en vigor.
Pero para que nuestro país cumpla con la ratificación, es necesario que el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto envíe un proyecto de ley al Congreso de la Nación para que sea tratado y aprobado por ambas cámaras así, una vez finalizado el procedimiento interno, el Poder Ejecutivo podrá depositar el 'instrumento de adhesión' ante la ONU.
La conservación del mar y un uso más responsable dependen de la celeridad con la que los estados ratifiquen el Tratado. Ya son 21 las partes ratificantes, de las 60 necesarias para que entre en vigor.
En los últimos años, la Argentina ha relegado su participación en las decisiones globales sobre el medio marino, es necesario retomar el protagonismo y avanzar en la pronta ratificación del Acuerdo de Alta Mar, o seguiremos dando la espalda al océano.
