WASHINGTON DC - Los reyes gobiernan por nacimiento y bendición. También gobiernan mediante el miedo. Cuando millones de manifestantes salieron este mes a decir “No a los reyes”, Donald Trump publicó un video generado con inteligencia artificial en el que era coronado, para luego insistir en que no es un rey. ¿Cuál es la verdad? El podcaster Brilyn Hollyhand toma la cuestión de forma literal y recuerda que en Estados Unidos no hay monarquías. Sin embargo, el interrogante central es si el expresidente busca adquirir poderes monárquicos.
Trump ordenó ataques en el Pacífico: EE.UU. hundió cuatro embarcaciones y dejó 14 muertos
Tras el fallo de la Corte Suprema en Trump v. United States, los presidentes tienen inmunidad absoluta para actos constitucionales esenciales e inmunidad presunta para otros actos oficiales, lo que dificulta los desafíos al poder ejecutivo concentrado. Críticos sostienen que Trump ya gobierna como un rey: controla instituciones independientes, reemplaza funcionarios por leales, aplica castigos económicos como aranceles, y fomenta un clima de temor.
Para sus partidarios, estas acciones representan liderazgo decisivo de un presidente que alcanzó una mayoría electoral. Lo ven como un CEO que elimina obstáculos para cumplir resultados. Aunque no sea rey sobre el papel, la estrategia de Trump recuerda a Enrique VII, el monarca Tudor que consolidó autoridad debilitando nobles rivales, centralizando el tesoro y reformando el aparato estatal. Como Enrique, Trump ha buscado recursos discrecionales, por ejemplo al congelar ayuda exterior destinada a expirar, ejerciendo un poder sobre el presupuesto que corresponde al Congreso. La Corte Suprema permitió que gran parte de ese congelamiento continúe hasta fin del año fiscal.
Los defensores afirman que tales rescisiones presupuestarias son legales y evitan gastos ineficientes. El Congreso mantiene la capacidad de rechazar cualquier medida, lo que impediría un poder sin control. Sin embargo, la administración reclasificó cargos, recortó protecciones laborales y trasladó autoridad desde expertos de carrera hacia asesores leales. Abogados de agencias reescriben directrices, científicos moderan informes de riesgos y funcionarios de ética ajustan dictámenes hasta obtener aval político.
El sistema de mérito profesional procura evitar que el gobierno funcione como una corte real, donde la lealtad pesa más que la competencia técnica. Vacantes prolongadas, funcionarios interinos, reducción de procesos de supervisión y menos transparencia erosionan la participación pública. Vacancias en inspectores generales ralentizan investigaciones y debilitadas leyes de acceso a la información recuerdan la estrategia Tudor de conservar las formas, vaciando el contenido institucional.
La ley pretende limitar el poder. Aunque protestar sea legal, esa protección depende de una aplicación imparcial. Si aliados reciben un trato más indulgente que los críticos, derechos civiles dejan de ser iguales y distintos actores cambiarán su conducta para evitar represalias. En Estados Unidos aún existen contrapesos democráticos: tribunales, estados, prensa, movilización ciudadana y un Congreso con facultades constitucionales. Estas defensas pueden erosionarse si no se ejercen. En la Inglaterra de Enrique VII, instituciones con nombres respetados fueron vaciadas desde adentro. Fallos recientes amplían el poder presidencial, pero no coronan a Trump. Un presidente no puede gobernar sin elecciones, gastar sin aprobación legislativa, disolver tribunales ni eliminar a gobiernos locales.
El debate continuará entre quienes ven tácticas legítimas para romper cuellos de botella y cumplir promesas y quienes denuncian un plan para eliminar transparencia y control democrático. La pregunta ya no es sobre coronas, sino sobre si la presidencia se convierte en el único centro de decisiones nacionales. Lo que importa será cómo reaccionen el Congreso, los tribunales, el sector privado y el electorado.
*Carla Norrlöf es profesora de Ciencia Política en la Universidad de Toronto
Proyect Syndicate
