El envase parece bueno: solucionar el problema ambiental y contribuir a la inserción social. Adentro del paquete hay otra cosa: más presión tributaria, más inflación, pocos controles y una nueva caja política.
El 28 de octubre el Gobierno presentó al Congreso un proyecto de ley para tratar de reducir los residuos generados por los envases de productos de consumo. Sin embargo, el proyecto que fue tratado esta semana por dos comisiones de la Cámara de Diputados es más parecido a un impuesto adicional sobre el consumo que una ley que sirva para reducir la generación de residuos o mejorar la inclusión social. Si llegara a aplicarse este nuevo impuesto, sería como agregar un nuevo tributo a los ingresos brutos a los consumidores y por lo tanto provocaría un aumento de precios.
En Argentina casi un tercio de todo lo que se consume (incluyendo servicios) está envasado. Eso significa que cerca de $ 10 billones están en condiciones de ser afectados por esta norma. El 70% está integrado por alimentos y bebidas; el resto son electrodomésticos, productos de limpieza, farmacéuticos, productos de tocador, etc. Todo viene en un envase.
Muchos de estos productos pueden ser afectados varias veces por esta “tasa” que quiere cobrar el Gobierno a través de este proyecto de envases: es un impuesto en cascada que comienza a cobrarse a nivel mayorista. Eso significa que cuando un productor compra insumos en el mercado mayorista que estén envasados lo va a tener que pagar y luego su producto final nuevamente va a tener que pagar dicha tasa si tiene un envase. Obviamente, esto puede repetirse si el producto final a su vez también es adquirido como insumo. El impacto de esta medida desde el punto de vista recaudatorio sería de 100 a 120 mil millones de pesos por cada punto aplicable sobre el valor mayorista del producto. Para ponerlo en perspectiva, se podría recaudar con este impuesto unos 300.000 millones de pesos que equivale a todo lo que ha gastado el Gobierno en obra pública durante los últimos 12 meses.
Es cierto que el proyecto de ley no determina una tasa sobre el valor mayorista sino que el tributo que plantea se va a hacer una fórmula sobre los kilogramos que tiene un producto, ajustado por una serie de factores. Sin embargo, los factores que se aplicarían según la norma son completamente discrecionales y no tienen ningún asidero en otro tipo de mediciones.
Por otra parte, esta medida podría generar un salto en el IPC general de entre 1,5% y 2%, dado la fuerte participación que tienen los productos con algún tipo de envase. Más fuerte aún, será el impacto sobre los precios de los bienes realmente afectados, pero eso dependería de la fórmula aplicable y de la “cascada” de impuestos que los afecte.
La idea del Gobierno es que los fondos recaudados vayan a grupos de recicladores urbanos. pero la ley no aclara quiénes serían esos grupos, cómo se conformarían, qué características tienen o quiénes son si quiera. Tampoco qué tareas deberán hacer o cuáles serán los incentivos para recuperar el material. Lo que deja un espacio muy grande para qué esto se transforme en una caja política adicional en la que se terminen distribuyendo fondos a grupos políticos “disfrazados” de recicladores, sin que se resuelva el problema de la basura.
Daño económico sin beneficio social ni ambiental. Un envase engañoso.
