En el ámbito del derecho, para que un acto jurídico sea válido es necesario que quien lo realiza tenga voluntad, es decir, discernimiento, intención y libertad. El llamado “temor reverencial” es un elemento que distorsiona o condiciona la “libertad” como requisito necesario para realizar un acto jurídico válido, porque provoca miedo: miedo o temor a desagradar a quienes, en función de un cargo o de una jerarquía, se les debe respeto.
Siendo presidenta de la Nación, alguna vez Cristina Fernández dijo que había que tenerle un poquito de miedo. Conocemos la megalomanía de la señora, a la que le encanta que le teman reverencialmente, pero en la actualidad ese miedo o temor reverencial invertido es el que demuestra tenerle en forma constante Alberto Fernández, quien, cuando fue entronado por su actual vicepresidenta para que lo acompañe en la fórmula presidencial, debió haber sabido no solamente que, de ser elegido, no ocuparía un cargo para cuyo ejercicio no está preparado, sino además que “ella” lo condicionaría en su gestión cotidiana de gobierno.
Pues Cristina Fernández, vicepresidenta de la Nación y por lo tanto “suplente institucional” del Presidente, no solo lo condiciona sino que también lo humilla directa e indirectamente, amplificando la debilidad de quien lleva los atributos de mando y poniendo de relieve su inocultable incompetencia.
Cuando el constituyente creó la figura del vicepresidente, el rol que le asignó en forma principal es el de reemplazar al primer mandatario en caso de ausencia. Mientras ello no ocurre, la Ley Suprema le encomendó la conducción del Senado. En términos claros y concretos, la figura del vicepresidente es institucionalmente opaca. Es un suplente, y hasta podría decirse que es una figura prescindible, porque no hay obligación constitucional de reemplazarlo si no estuviera en forma temporal o definitiva.
Ello fue siempre así, hasta que la Argentina ingresó, en 2019, en el inexplicable reino del revés. María Elena Walsh decía que “en el reino del revés nadie baila con los pies; un ladrón es vigilante y otro es juez”. A la luz de lo que institucional y políticamente ocurre en la gestión de los Fernández, la notable compositora podría decir hoy que, en el reino argentino del revés, manda ella y no @alferdez.
En su catarsis populista y antirrepublicana que días atrás la presidenta del Senado hizo respecto de la Corte, y en un mar de inconsistencias e inexactitudes, pero con un histrionismo que envidiaría Norma Aleandro, quedó al descubierto el temor que tiene de ser condenada en algunas de las tantas causas que tiene abiertas en su contra. Pues cual dócil alumno y obediente soldado, Alberto Fernández salió a apoyar las inconsistencias espetadas por su mentora, avalando la absurda teoría según la cual los actuales integrantes del máximo tribunal son los responsables de los males que padecemos los argentinos.
El desorientado primer mandatario esbozó que es una Corte “deslegitimada”, pues en el derecho constitucional, la “legitimación” refiere al apoyo popular de un funcionario, o bien a aquello que está constituido conforme al ordenamiento jurídico. No se sabe qué quiso decir Alberto Fernández cuando consideró que la Corte actual no tiene legitimidad, pero queda claro que jamás podría un juez tener legitimidad democrática por cuanto no es elegido por el voto popular, y por otra parte, si lo que pretendió afirmar es que sus miembros no ocupan el cargo de un modo legal, tal vez sea necesario recordarle que los cuatro magistrados que hoy la conforman fueron designados por diversos presidentes con acuerdo del Senado.
En el caso de Rosatti y Rosenkrantz, también fueron designados por el entonces presidente Macri en diciembre del año 2015. Lo hizo por decreto, tal como lo hacen todos los presidentes cuando designan a un juez; pero como el Senado estaba en receso, utilizó la herramienta que le brinda el Art. 99, Inc 19 de la Ley Fundamental, apelando a la designación provisoria, o en comisión, hasta que el Senado volviera a funcionar y prestara su acuerdo.
La coyuntura en la Argentina nos brinda un espectáculo institucional desopilante, y nos muestra cómo, con el obstinado afán de congraciarse con quien efectivamente tiene el poder político real, el actual presidente –que en materia de “poder político” lleva los símbolos de mando y nada más– avala y apoya los delirios catárticos de su vicepresidenta, a quien le teme reverencialmente de un modo harto significativo, porque sabe que es la que tiene el poder real, y porque sabe que es su principal opositora.
*Abogado constitucionalista. Profesor de Derecho Constitucional UBA.
