Tres años atrás, 120.000 personas con discapacidad recibieron cartas documento de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) donde se les comunicaba, a algunos, que su pensión no contributiva había sido dada de baja ya otros se los intimaba en un plazo perentorio,a que su médico de cabecera ingresara a la página de la AFIP cargando datos e informes de salud,que se encuentran amparados por el secreto profesional. Para realizar posteriormente un trámite personal en la ANSES para finalmente obtener un Certificado Medico Digital. Una misión imposible.
La política de ajuste fiscal había llegado hasta este colectivo. Se trataba de ahorrar, dando de baja a la mayor cantidad de pensiones posibles y frenar nuevas solicitudes. Con ese criterio de ahorro se dejaron de pagar los alquileres a 80 locales en las provincias de atención al público; y de paso se ahorraba el sueldo de 120 empleados que atendían a las personas con discapacidad y sus familias.
Lo grave del caso fue también la estigmatización que buscaron instalar los funcionarios de la gestión anterior: “pensiones truchas”, “clientelismo”, “acomodo” y otros epítetos que declararon a la prensa. Poniendo en estado de sospecha a toda persona con discapacidad.
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En lugar de controlar eficientemente el sistema de otorgamiento de pensiones no contributivas se organizó una Auditoria (cuasi policial) Médica que acumuló más de 100.000 expedientes en los sótanos de la ANDIS y mucha angustia en la población afectada.
Pero todo esto quedó atrás -aunque ahora haya que implementarlo- con la Resolución número 134/20 redactada por la doctora Paula Martínez, Directora Nacional de Apoyos y Asignaciones Económicas y Claudio Espósito Director Ejecutivo de la ANDIS.
Ya no será necesaria tanta burocracia para que las personas con discapacidad puedan acceder a pensiones no contributivas. El trámite será sencillo por la ventanilla única del ANSES.
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Otra resolución que cambia drásticamente los criterios anteriores de evaluación es la número 8/20 donde se establecen nuevos criterios para determinar el otorgamiento de las pensiones no contributivas. Se trata de contemplar la situación socio-económico y de vulnerabilidad de los solicitantes; y no solo el porcentaje de invalidez que se establecía hasta ahora, de tener una incapacidad física o intelectual total del 66% o más.
El acceso a la pensión no contributiva es un derecho y va mas allá de la incapacidad laborativa. La gestión anterior declamaba que las personas con discapacidad pueden trabajar, y en la mayoría de los casos es verdad. ¿Pero, el sistema les permite acceder a un empleo estable y digno? ¿No es acaso responsable es esta imposibilidad?
Por otra parte estaban al borde de la quiebra centenares de instituciones de y para personas con discapacidad dedicadas a la rehabilitación integral y al traslado, con deudas de seis a doce meses de atraso. Esta situación llevó a intervenir, al comienzo de su mandato, al propio presidente Alberto Fernández y al secretario general del la presidencia, Julio Vitobello, de quien depende el área de discapacidad. En esa oportunidad, recibieron en casa de gobierno a distintas organizaciones no gubernamentales que actúan en defensa de los derechos de las personas con discapacidad. Pareciera quedar en el pasado la visión filantrópica y asistencialista.
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Con dicho aval político, los funcionarios tienen la oportunidad de ponerse al día con sus obligaciones sociales. Y las personas con discapacidades podrán intentar perdonar al Estado Nacional, que tan mal trato y discriminación les dispensó.
