*Desde Ginebra
“Una nueva ley rusa permitirá imponer amplias restricciones económicas, administrativas y civiles a ciudadanos rusos que viven fuera del país, incluidos críticos al gobierno de Vladimir Putin, y voces contrarias a la guerra”, denunció Mariana Katzarova, “relatora” especial del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, experta independiente sobre la situación de las libertades públicas y derechos individuales imperante en la Federación de Rusia.
La medida dispone que “congelar bienes, impedir la renovación de pasaportes o bloquear el acceso a servicios bancarios”, son algunas de las medidas que podrá aplicarse a ciudadanos rusos residentes en el extranjero, incluidos en una nueva lista oficial. Se trataría de “críticos del Gobierno o voces contrarias a la guerra”.
La relatora, de nacionalidad búlgara, advirtió “que la norma puede hacer prácticamente insostenible sus vidas fuera del país”.
Mariana Katzarova “señaló que la legislación representa una nueva herramienta de presión contra los rusos en el exilio y profundiza tanto la represión dentro del país como la que se ejerce más allá de sus fronteras”. El documento que recoge sus declaraciones describe las consecuencias de la medida como una forma de “muerte cívica” para las personas afectadas. El texto establece “medidas restrictivas temporales para las personas que se encuentran fuera de Rusia”.
Se trataría de ciudadanos rusos que “según las autoridades, estén eludiendo el cumplimiento de una sanción”. Al respecto “el Ministerio de Justicia mantendrá una lista pública de rusos en el extranjero con condenas penales pendientes de cumplimiento o sancionados por determinadas infracciones administrativas”. Estas personas incluidas en esa lista podrían quedar sometidas a 14 categorías de restricciones, que abarcan “numerosos aspectos de su vida cotidiana”.
Se definen “la congelación de fondos y propiedades, la suspensión de licencias y acreditaciones, la anulación de firmas electrónicas y la pérdida de acceso a los servicios digitales del Estado”, junto a “las medidas que afectan servicios consulares como la expedición y renovación de pasaportes y el registro de matrimonio y cambios de nombres, restricciones para conducir y registrar vehículos, realizar operaciones inmobiliarias y actos notariales, otorgar poderes, obtener créditos, trabajar por cuenta propia o acceder a servicios bancarios de forma remota”.
“Aunque las autoridades presentan la legislación como un mecanismo para garantizar “la inevitabilidad del castigo”“, la relatora “advirtió que su aplicación no se limita a condenas penales. También puede activarse por infracciones administrativas”, que la experta considera “políticamente motivadas”, incluidas las relacionadas con las normas sobre “agentes extranjeros, organizaciones indeseables y la censura vinculada con la guerra”, como las disposiciones contra la “desacreditación de las fuerzas armadas” y las denominadas “noticias falsas sobre el ejército”.
Inclusive, estas disposiciones abarcan “llamados a imponer sanciones o expresiones consideradas contrarias a la integridad territorial de Rusia”. Mariana Katzarova afirmó además que “los tribunales rusos han utilizado estas disposiciones desde el 2022 para para castigar a periodistas, abogados, defensores de derechos humanos, artistas y activistas contra la guerra”. Recordó paralelamente que “Vyacheslav Volodin, presidente de la Duma Estatal, se refirió a personas a las que se dirige la medida como “extremistas” y “traidores a la patria”.
En ese contexto, la relatora “expresó especial preocupación por la falta de garantías en el procedimiento: ningún tribunal decide quien es incluido en la lista y la persona afectada no es notificada ni escuchada. Además, pese a que las restricciones son calificadas como “temporales”, la legislación no establece un limite de tiempo para su aplicación”.
Al tiempo, Katzarova sostuvo que, en la práctica, la legislación supone un castigo dirigido de manera masiva contra críticos del gobierno y voces contrarias a la guerra, diseñado para hacer insostenible su vida fuera de Rusia. Según explicó, las personas afectadas conservarían las obligaciones derivadas de la ciudadanía, pero perderían buena parte de los derechos y servicios asociados a ella, quedando en una situación que describió como apátrida de facto.
La experta recordó a su vez que “Rusia continúa sujeta a sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos y pidió a las autoridades derogar la nueva legislación y anular condenas dictadas en ausencia de los acusados en casos políticamente motivados”. Instó paralelamente a no olvidar “que Rusia continua sujeta a sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos y pidió a las autoridades derogar la nueva legislación y anular condenas dictadas en ausencia de los acusados en casos políticamente motivados”.
Recomendó en consecuencia a otros Estados “considerar la ley como una severa forma de represión transnacional y pidió que los países que acogen a ciudadanos rusos en situación de riesgo garanticen que puedan obtener y renovar documentos de identidad y de viaje, regularizar su residencia y conservar el acceso al empleo y los servicios bancarios”.
Mariana Katzarova solicitó en consecuencia “que estas personas no sean devueltas por la fuerza a Rusia y que otros Estados no den efecto jurídico a las designaciones realizadas al amparo de la nueva legislación ”. Concluyó exhortando que ”la protección plena de los críticos del Gobierno, los defensores de derechos humanos y las voces contra la guerra en el exilio es fundamental para la supervivencia de la sociedad civil rusa”.
