Una de las principales mineras del país, La Alumbrera, en la provincia de Catamarca, es otra vez blanco de denuncias. Luego de que el caso Paradise Papers expusiera la red de sociedades offshore de Glencore, una de las multinacionales que explotan las reservas de oro y cobre en la Argentina, el fiscal general de Tucumán, Antonio Gustavo Gómez, solicitó ante la Cámara Federal de esa provincia la detención de Juan Alberto Cerisola –ex rector de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) entre 2006 y 2009-; Olga Cudmani –directora general de Construcciones Universitarias-; Osvaldo Venturino –director de Inversiones y Contrataciones- y Luis Fernando Sacca –subsecretario de Políticas Administrativas y Gestión- en el marco de una investigación penal por presunto lavado de activos de fondos que percibía dicha Alta Casa de Estudios y provenían de “Yacimientos Mineros de Aguas de Dionisio” (YMAD), empresa explotada comercialmente por Minera La Alumbrera Ltda.
El recurso del fiscal se presentó luego de que la Cámara Federal de Apelaciones confirmara los procesamientos dictados por el juez federal Fernando Poviña, que resolvió procesar sin prisión preventiva a Cerisola, Sacca, Cudmani y Venturino por los delitos de administración fraudulenta contra la Administración Pública e incumplimiento de deberes de funcionario público. Además, les trabó embargos de entre 3 y 50 millones de pesos. Cerisola fue sobreseído por otros delitos.
Ante las revelaciones de Paradise Papers, la fiscalía consideró que “estos aportes son contundentes al momento de considerar el origen, ingreso y manejo del flujo del dinero por los funcionarios de la Universidad Nacional de Tucumán. Por lo que no es ininteligible el recorte que se observa en el despliegue de la investigación (…). La ingeniería financiera desplegada hacia fuera y hacia dentro de la Universidad Nacional de Tucumán indican la envergadura de la investigación de marras y que no está siendo atendida por las premisas investigativas en la instancia de grado”.
La Alumbrera fue blanco de la investigación Paradise Papers, que integra Perfil. Los documentos obtenidos por el diario alemán Süddeutsche Zeitung y compartida por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) muestran que la firma Glencore operaría la extracción de minerales a través de la firma Minera La Alumbrera Ltda., “con los consecuentes reproches por evasión fiscal y deficiencias en la olítica ambiental, que le pudiera corresponder y por los que la firma local –que aporta dinero al YMAD- es investigada”, dijeron fuentes de la causa en Tucumán.
En este contexto, el representante del Ministerio Público Fiscal consideró que Cerisola, Sacca, Cudmani y Venturino debían ser detenidos. Ello porque, si bien, muchos de ellos dejaron de prestar funciones, lo cierto es que, a la fecha, aún hay funcionarios designados por los mismos, lo que les permitiría “alterar de alguna manera la producción de prueba o entorpecer el correcto devenir procesal”.
El fiscal general Gómez criticó lo que llamó una “investigación parcializada” que no contempló “la presunta maniobra ilícita pergeñada desde la cúspide de la estructura jerárquica de la Universidad Nacional de Tucumán con la finalidad de hacerse de aquellos recursos económicos que ingresaron al patrimonio público”.
Los negocios de Glencore en el mundo y también en el país van desde la minería y energía hasta la producción agropecuaria. Es la cuarta empresa minera más grande del mundo y la primera comercializadora de materias primas a nivel global. En América Latina, opera en Argentina, Bolivia, Chile, Colombia y Perú.
Los documentos encontrados revelan que tiene una red oculta de firmas en Bermudas y Caimán, paraísos fiscales. Con ella compra y vende paquetes accionarios, contrae deudas y realiza maniobras para eludir el pago de impuestos. Documentos encontrados en la base de datos de Paradise Papers ponen luz sobre estas operaciones.
Los proyectos de esta multinacional en Argentina incluyen a las mineras Alumbrera (Catamarca) y El Pachón (San Juan). Estas reservas de oro y cobre generan ganancias multimillonarias para sociedades radicadas en paraísos fiscales. En el país, mientras tanto, poseen beneficios impositivos que van de regalías por apenas 3% de las ganancias y descuentos y reintegros de todo tipo de impuestos nacionales, provinciales y municipales. Son los protagonistas de la ruta minera de Paradise Papers.
A través de al menos seis firmas offshore, Glencore extrae de la Argentina millones de dólares anuales por sus negocios mineros, mientras disfruta de exenciones impositivas y amplias ventajas de mercado.
Se trata de: Glencore El Pachon Limited, Pachon Project Limited, Glencore Grain Hamilton, Glencore Finance Limited, Glencore SA Holdings Limited y Glencore South America Limited. Todas fueron radicadas en Bermuda, excepto esta última que fue creada en Caymán.
El equipo argentino de Paradise Papers envió una carta al gerente de Glencore Argentina, en la que se pidieron mayores detalles sobre las operaciones de la compañía en el país para conocer la versión de la compañía. Al cierre de esta edición, no obtuvo respuesta.
El caso judicial. La pesquisa se centra en supuestas maniobras del entonces rector Cerisola y presuntos cómplices. Se le imputó haber incurrido en fraude a la Universidad Nacional de Tucumán al haber reconocido a una empresa contratista mayores costos por el alquiler de un inmueble, en el marco de una obra desarrollada por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de esa casa de estudios, al tiempo que también se le endilga haber defraudado a la Administración Pública al disponer imposiciones financieras de los fondos recibidos de “Yacimientos Mineros de Aguas de Dionisio” (YMAD) –explotado por Minera La Alumbrera Ltda.-, depositados en entidades bancarias de alto riesgo sin aval del Tesoro Nacional, lo que causó un perjuicio de $60.000.000.
Por otra parte, también se investiga a Cerisola por fraude a la Administración Pública, al haber aceptado la reducción de utilidades provenientes del yacimiento, cuando no se habían cumplido las condiciones que permitían realizar tal disminución; y haber sustraído fondos del cheque recibido por la UNT –de parte de la YMAD- por $20.296.000, informaron fuentes de la causa.
